Con rostros serios y afligidos, los ministros de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y del Interior, Jorge Fernández, han expresado su malestar y el «lamento» del Gobierno por la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que tumba la denominada doctrina Parot. Eso sí, ambos, han dejado claro que el fallo “sólo afecta a un caso concreto», la etarra Inés del Río Prada, por lo que no va a suponer la inmediata excarcelación de otros etarras condenados en los años 80 por delitos graves de sangre como en principio muchos han interpretado. Será la Audiencia Nacional quien estudie, junto a la Fiscalía General del Estado, caso por caso, qué hacer.
Gallardón y Fernández han expresado reiteradamente su pesar y máximo respeto a las víctimas de terrorismo, en especial a las familias de los 12 guardias civiles que murieron en la plaza de la República Dominicana de Madrid, atentado por el que fue condenada Del Río Prada y que, ahora, será puesta en libertad, tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que obliga a excarcelar, inmediatamente, a la etarra, condenada a más de 3.000 años de prisión. “Hemos usado todos los recursos para que la doctrina fuera mantenida por justicia material; no puede tener el mismo reproche penal aquel que ha matado a 20 personas que aquel que ha cometido un solo asesinato”, ha señalado el titular de Justicia, que ha añadido que «será la Audiencia Nacional la que tendrá que aplicar, caso por caso, si la doctrina Parot es aplicable. No hay una doctrina generalizada, hay que resolver cada uno de los casos. Esa es una tarea que corresponde a los tribunales de justicia», ha precisado.
“Serán los tribunales de justicia los que determinarán cómo se aplica la sentencia. Hemos trabajado para defender una doctrina que es justa con las víctimas y extraordinariamente útil en la lucha contra el terrorismo y contra los crímenes más abyectos”, ha recordado Fernández Díaz.
En cualquier caso, los ministros de Interior y Justicia han dejado claro que Gobierno no pagará los 30.000 euros de indemnización que Estrasburgo establecido como forma de compensación para Del Río por permanecer en prisión nueve años más de lo que fijaba el código penal de 1973, por el que fue condenada. «El pago de la indemnización a la etarra es obligatorio para el Gobierno de España. Pero ella fue condenada a un pago que no hizo porque se declaró insolvente. El Estado adelantó ese pago, de manera que pasó a contraer una deuda con el Estado. No se ha producido la prescripción del derecho del Estado a cobrar ese dinero”, explicó Gallardón, quien añadió que «la sentencia no ha entrado en ningún terreno de interpretación fáctica. Sólo hace una interpretación jurídica. Esta sentencia no va a cambiar la respuesta antiterrorista. No va a cambiar un punto su defensa de los derechos de los ciudadanos españoles», afirmó contundente el ministro de Justicia.
«Si el Gobierno no hubiera recurrido la primera sentencia de Estrasburgo, Inés del Río ya estaría en libertad», precisó el ministro Jorge Fernández.
Sin embargo, aunque Gallardón y Fernández reiteran que la sentencia afecta a sólo el cado de la etarra Del Río todo indica previsiblemente habrá más excarcelaciones para las que el Ejecutivo ya ha comenzado a prepararse: «El Gobierno velará por el cumplimiento de la Ley, eso significa que no se produzcan ni enaltecimiento del terrorismo ni humillación de las víctimas con las eventuales libertades. No habrá impunidad para violar la Ley”, señaló Jorge Ferández.
Los dos ministros se reunirán además a las 18.30 en la sede de Interior con Pedraza y la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco -hermana del concejal de Ermua asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco-, para intercambiar impresiones sobre el pronunciamiento del tribunal de Estrasburgo.
