juezEl ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quiere introducir un examen de «aptitud psicológica» y pruebas de excelencia para ingresar y ascender en la Carrera Judicial y apuesta por dotar de una mayor protección a los jueces frente a las presiones que reciban del exterior. Son algunas de las propuestas recogidas en uno de los últimos borradores de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo anteproyecto se presentará en breve en el Consejo de Ministros con varias aportaciones que trasladó hace un año la comisión de expertos designada al efecto.

Justicia plantea someter a los jueces a un «examen de aptitud psicológica» para evitar que personas «inidóneas» con «trastornos de personalidad o conducta» ingresen en la judicatura. Además, sugiere introducir las debidas precauciones para que esa prueba no pueda ser «subrepticiamente» utilizada para controlar sus creencias o ideologías.

Por otro lado, para lograr que el amparo del Consejo General del Poder Judicial sea «algo más que una mera declaración», se propone que este órgano pueda emitir una orden de cesación de la conducta «perturbadora» y, en caso de no ser atendido, castigar la desobediencia como un delito contra la Administración de Justicia.

El texto, además, aboga por introducir «pruebas de excelencia y especialización» que darán preferencia a la hora de ocupar plaza en Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, así como por  suprimir la categoría de magistrado y limitar su tratamiento a efectos «honoríficos». «A partir de ahora solo habrá jueces», se señala en el texto.

Por otro lado, amplía el papel del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo para que pueda resolver controversias con el Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. «En los últimos años no han faltado algunos ejemplos de colisiones entre tribunales y Asambleas autonómicas», expone. Entre otras cuestiones, el borrador introduce una Sala de lo Civil en la Audiencia Nacional, mantiene el artículo que obliga a las autoridades a «abstenerse» de intimar y citar a los jueces y acuerda que las asociaciones judiciales se financien «únicamente» mediante las cuotas de sus asociados.

El borrador, susceptible de recibir cambios hasta su aprobación en el Consejo de Ministros, considera delito la persistencia en presionar a los jueces y les da la posibilidad de solicitar que un asunto sea enjuiciado por un tribunal colegiado. «Siempre es más difícil condicionar a un colegio», se apunta en el texto.

 

 

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