Carlos LasarteEn los procedimientos concursales, uno de los puntos de mayor importancia radica en las posibles consecuencias de las acciones de reintegración de la masa activa de las entidades concursadas.

Por ello es frecuente que en los encuentros de los Jueces mercantiles, en las reuniones académicas especializadas o en las plataformas internas de los grandes despachos, el tema haya sido objeto de debate, sobre todo centrado en las denominadas “garantías por deudas del grupo” o “garantías intragrupo”, respecto de las que los criterios jurisprudenciales propios del Tribunal Supremo brillaban por su ausencia hasta la publicación de la sentencia de la Sala 1ª 100/2014, de 30 de abril (Pon. Sr. Sarazá), relativa a un supuesto en el que una SL, SCP en siglas, concierta préstamo hipotecario por valor de más de 100.000 euros con una entidad bancaria garantizado con hipoteca recayente sobre la nave de otra SL, identificada como TP, en cuanto ambas  estaban integradas en un grupo de sociedades.

La constitución de la hipoteca se instrumenta en abril de 2009 y, poco después, TP fue declarada en concurso el 2 de agosto de 2010, de manera tal que, casi de inmediato, el Administrador concursal ejercitó la acción de reintegración de actos perjudiciales para la masa activa de la deudora, reclamando la inmediata cancelación registral de la garantía real constituida.

La sociedad beneficiaria SCP se declaró en rebeldía, TP se allanó de inmediato y la entidad bancaria, en cambio, solicitó que la demanda fuera desestimada, con expresa imposición de costas a la adversa, resultado que en absoluto obtuvo porque la sentencia de 1ª instancia (16 de junio 2011) y la de la AP de Jaén (13 enero 2012) fueron radicalmente contrarias a sus intereses y, además, declararon la expresa imposición de las costas procesales a la parte apelante, al Banco; respecto del cual, dejó sentado la sentencia de instancia que “… prestó dinero a una sociedad que llevaba años sin depositar las cuentas en el Registro Mercantil y el último año en que lo hizo estaba incursa en causa de disolución, consiguiendo la garantía de otra sociedad que en nada se beneficiaba de tal operación, que perjudicaba a sus acreedores que, en el concurso, veían como uno de los principales activos servían para satisfacer el crédito a un acreedor ajeno a la concursada”, en palabras textuales.

La entidad bancaria interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación contra la sentencia de apelación.

Ambos fueron admitidos ab initio, resaltando el TS que el primero resultaba procedente por ser la cuestión planteada, el carácter perjudicial de las garantías contextuales constituidas entre sociedades integradas en un mismo grupo, de interés casacional, aunque posteriormente lo desestimase ya que la sentencia de apelación estableció y acreditó el perjuicio, pues  TP “había gravado con hipoteca el principal bien del patrimonio de la concursada, la nave industrial donde desarrollaba su actividad, para garantizar una deuda ajena, de una sociedad [SFP] que se encontraba en una pésima situación financiera, sin haber recibido contraprestación alguna”.

La misma suerte adversa merece el recurso de casación, que la entidad bancaria pretende fundar básicamente en la argumentación  de que la existencia de un grupo de sociedades excluye el perjuicio patrimonial en las garantías intragrupo, pues la sociedad garante se beneficia de las sumas prestadas a otra sociedad del grupo.

Pero la sentencia lo niega radicalmente, rechazando de entrada la invocación en abstracto de un sedicente interés grupal; recordando, de añadidura ,que el grupo de sociedades carece de personalidad propia; y finalmente, subrayando que, en el caso, la sociedad hipotecante no ha recibido contraprestación alguna a su favor, sino que el acto dispositivo oneroso ha causado un concreto perjuicio patrimonial a la deudora declarada en concurso y, por tanto, es susceptible de rescisión.

Por ello, frente a la impugnación de la cancelación de la hipoteca a consecuencia de la acción rescisoria, la Sala es terminante, estableciendo que el art. 73.1 LC “… al fijar los efectos de la rescisión concursal, toma la parte por el todo pues prevé con carácter general una eficacia restitutoria que solo puede ser predicada de las obligaciones recíprocas. De ahí que cuando el acto rescindido es un acto dispositivo a título gratuito o una garantía constituida en perjuicio de la masa, la sentencia que acuerda la rescisión no provoca tales efectos restitutorios recíprocos, sino tan solo la ineficacia del acto rescindido y la devolución a la masa del concurso de lo que salió del patrimonio del deudor en virtud del acto gratuito rescindido o, tratándose de una garantía, su extinción”.

Esto es, que el préstamo concedido por la entidad bancaria a SCP sigue siendo válido y eficaz, pese a la necesaria cancelación de la garantía hipotecaria, con lo que podemos concluir que, realmente, el banco ha hecho un pan como unas hostias.

Carlos Lasarte [1] es catedrático de derecho civil de la UNED y director de Estudio Legal Gran Vía

[1] Observaciones, críticas o sugerencias: [email protected]

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