CuatrecasasPor Nuria Nicolau y Daniel Cuyás, abogados de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Bajo la forma jurídica de norma interna de la Administración, la Instrucción 6/2013, de 9 de diciembre de 2013, del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria, provocará durante estas fechas más de un disgusto a los contribuyentes. En efecto, muchas empresas verán cómo las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas por retenciones o ingresos a cuenta son inadmitidas, lo que les situará automáticamente en el período ejecutivo, con el consiguiente recargo de apremio (del 5%, del 10% o del 20%).

Tradicionalmente la regla general siempre ha sido que las retenciones no son deudas tributarias aplazables, salvo que se acredite que la ejecución del patrimonio del contribuyente podría afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y el nivel de empleo de la actividad económica, o bien cuando dicha ejecución pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública. Esta excepcionalidad tiene cierto sentido, por cuanto las retenciones son cantidades que se pagan por cuenta de terceros, es decir si bien las ingresa el empresario o pagador de rentas, no son más que un anticipo de la deuda final por IRPF o por IS que acabará pagando otro contribuyente.

Esta norma plasmada en la Ley General Tributaria, fue desarrollada por la Instrucción 1/2009, de 7 de enero de 2009 sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago. Conforme a esta Instrucción, las solicitudes de aplazamiento referidas a deudas por retenciones o ingresos a cuenta debían tramitarse por los órganos de recaudación como el resto de solicitudes. Ello comportaba que, de no concurrir ninguna de las citadas excepciones, la petición de aplazamiento de la deuda de retenciones se denegaba, con lo que se producía la apertura de un nuevo período voluntario de pago, consecuencia claramente menos perjudicial para la difícil economía de muchas empresas.

En octubre de 2012 se modificó la Ley General Tributaria y junto con un nuevo supuesto de deudas tributarias inaplazables —las de empresas en concurso que tengan la consideración de créditos contra la masa—, se introdujo una coletilla que implicaba que la solicitud de aplazamiento respecto de alguna de las deudas contempladas en el artículo, debía ser objeto de inadmisión.

Esta previsión pasó bastante inadvertida. Tanto es así que la práctica administrativa no cambió, ya que los órganos de recaudación seguían lo previsto en la Instrucción 1/2009, que recordemos, preveía que si finalmente se consideraba que no concurría ninguna excepción que aconsejara la concesión del aplazamiento, se denegaba la solicitud y se concedía un nuevo periodo voluntario de pago.

Ahora bien, la Instrucción 6/2013 ha venido a cambiar el panorama y ha adaptado la normativa interna de la Administración tributaria a la modificación de la Ley General Tributaria producida a finales de 2012. Las directrices internas son claras: si no concurre ninguna de las causas excepcionales que permitan conceder un aplazamiento de deudas de retenciones, las solicitudes deben ser inadmitidas.

Se trata de una previsión que, en nuestra opinión, vulnera gravemente el principio de seguridad jurídica. No olvidemos que la concurrencia aquí de alguno de los requisitos que permitirían la concesión del aplazamiento es una cuestión que el funcionario que está conociendo del expediente tendrá que valorar, con un amplio margen de discrecionalidad, quedando por tanto a su arbitrio decidir si se producen tales circunstancias: es decir, si la no concesión del aplazamiento de las retenciones puede afectar a su capacidad productiva o puede impedir el mantenimiento de su plantilla. No parece acorde con la seguridad jurídica que un acto con consecuencias tan gravosas como la inadmisión de una solicitud de aplazamiento dependa de una apreciación subjetiva y de valoración de la Administración. Máxime si tenemos en cuenta que cualquier reparación que pueda venir por la vía del recurso contra tal inadmisión llegará, probablemente, tarde.

La Instrucción señala que “se está dando una cierta utilización de forma fraudulenta de la figura del aplazamiento de las deudas tributarias”. En los momentos en los que estamos, presumir un ánimo fraudulento y castigar a todos los contribuyentes con tal contundencia, por la utilización de los instrumentos que les confiere la normativa tributaria, es cuanto menos de difícil justificación.

En una época tan difícil y cruda como la que atravesamos, Hacienda debería tratar de confraternizar con los contribuyentes, en vez de asediarlos, como acaba de suceder en relación a los aplazamientos de las deudas de retenciones. Máxime cuando la Administración se resarce en estas ocasiones con unos altos intereses claramente fuera de mercado.

Afortunadamente, el mecanismo del aplazamiento podrá seguir siendo utilizado por empresas con dificultades de tesorería para el resto de obligaciones tributarias. No hay que olvidar por otro lado, que existen otros recursos tributarios para paliar tales tensiones, como la compensación de deudas o el menos utilizado pero muy interesante sistema de cuente corriente tributaria.

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