Durante su primera rendición de cuentas ante el Congreso, el mandatario anunció la creación del “registro de vándalos e incivilidades”
Se trata de un proyecto de ley el cual busca castigar a las personas que dañen o destruyan la infraestructura pública del país austral.
“Este registro permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos”, afirmó Kast ante el Congreso en Valparaíso.
Asimismo, agregó que las personas en esta lista “perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal o el subsidio de arriendo”.
“No basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también, proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”, recalcó.
“Nadie que queme un bus, nadie que destruya lo público merece tener gratuidad en la educación. Nadie que destruya lo público merece tener una Pensión Garantizada Universal. Tiene que hacerse cargo de los destrozos que haga en nuestra patria y por eso digo que la mano va a cambiar”, sintetizó.
Este proyecto viene de la mano de las promesas de campaña de Antonio Kast quien se comprometió a luchar contra el desorden, la violencia urbana que se expresa en turbazos, saqueos, rayados, tomas ilegales y agresiones a Carabineros.
Por otro lado, Kast señaló la diferencia con la legislación penal que tiene este proyecto, para ello manifestó “hay conductas que no son constitutivas de delito, pero las tipificaremos como incivilidades, tales como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, o la destrucción de equipamiento comunitario”.
Por otro lado, anunció la salida de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini. Trinidad Steinert, fue criticada por distintos sectores políticos por no contar con un plan de seguridad concreto para Chile.
“No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de Gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene nuestro país y la necesidad de responder a lo que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste”, manifestó Kast. El Ministerio de Seguridad Pública queda en manos de Martín Arrau, quien hasta ahora se desempeñaba como ministro de Obras Públicas, mientras que la vocería de gobierno estará a cargo de Claudio Alvarado Andrade, quien mantiene su cargo como ministro del Interior.
Martín Arrau, ingeniero civil industrial, asumió como Ministro de Seguridad Pública de Chile el 19 de mayo de 2026, quien ya solicitó la renuncia de altos cargos, encabezó masivos allanamientos carcelarios para incautar elementos prohibidos y frenar la violencia dentro de los centros de detención penal.
