La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, declara nulo un procedimiento derivado de un expediente sancionador por importe de 600.958,51 euros que tiene su origen en un procedimiento de inspección iniciado por parte de la Agencia Tributaria. 

Imagen: Paloma Moya, asesora fiscal en LABE Abogados

Los hechos se remontan al ejercicio 2011 momento en que los órganos de gestión tributaria notificaron al contribuyente un requerimiento, iniciando con ello un procedimiento de comprobación limitada, en relación al Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2009.  

Meses más tarde se le notificó al contribuyente acuerdo, en el que se ponía de manifiesto “que no procedía practicar regularización alguna”, respecto del procedimiento de comprobación limitada. Dos años más tarde, la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Valencia, inició actuaciones de comprobación e investigación de la situación tributaria de la entidad, iniciando con ello un procedimiento de inspección en relación a los mismos hechos que ya fueron objeto de comprobación. 

De la mencionada inspección derivó una sanción a ingresar por importe de 600.957,51 euros por entenderse cometidas en el ejercicio 2009 las infracciones tipificadas en los artículos 191.1 y 195.1 de la Ley General Tributaria. 

El contribuyente consideraba que no se daban los requisitos necesarios para iniciar expediente sancionador por ser hechos ya comprobados en un procedimiento anterior y que a su vez fueron concluidos por parte de la Agencia Tributaria sin aplicar regularización alguna. 

Es por ello que, el contribuyente fue interponiendo las reclamaciones pertinentes en cada momento procesal hasta obtener Sentencia estimatoria en relación a sus pretensiones por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

El motivo fundamental alegado por parte de la entidad fue que en ningún caso se justificó por parte de la Administración que se hubiera descubierto un nuevo hecho o una nueva circunstancia, y, por tanto, no procedía practicar una nueva regularización mediante el procedimiento de inspección. Este es el único motivo regulado en la Ley General Tributaria que permite que reabrir una comprobación que ya fue cerrada, artículo 140 de la LGT.

La Agencia Tributaria se opuso a este motivo de impugnación afirmando, que no es correcto sostener que el procedimiento de inspección versara sobre los mismos hechos y no añadía novedades. Para la Administración la comprobación de la contabilidad, expresamente excluida del procedimiento de comprobación, era un requisito indispensable y que únicamente podía analizar iniciando procedimiento de inspección.

La Sala argumenta que la Agencia Tributaria, no justificó suficientemente que en el momento de iniciar procedimiento de comprobación limitada no pudiera verificar su corrección en ese mismo acto y tuviera que iniciar un procedimiento de inspección. 

Con otras palabras, que la Agencia Tributaria contaba con medios e información suficiente, en el procedimiento de comprobación limitada, para haber podido prescindir discrecionalmente de la opción de iniciar un procedimiento inspector.

En otros términos, la Agencia Tributaria no puede concluir un procedimiento de comprobación limitada para posteriormente solicitar a la compañía más información en un procedimiento diferente, como es el de inspección, puesto que se está produciendo una segunda revisión de algo que ya fue revisado y concluido en su día sin practicar regularización alguna.

La votación no ha sido unánime, el Ilmo. Sr. Magistrado D. Javier Eugenio López Candela emitió voto particular no compartiendo el sentido de la decisión aprobada por la mayoría de los Magistrados. En su opinión hay nuevos datos acreditados en el procedimiento de inspección que eran de imposible averiguación en el procedimiento de comprobación limitada, como es el examen de la contabilidad y es por ello por lo que la Administración concluyo procedimiento de comprobación limitada e inició procedimiento de Inspección. 

En definitiva, a la Agencia Tributaria “no le quedaba otra opción que realizar lo que expresamente hizo: concluir sin regularizar el procedimiento de comprobación por parte de los órganos de gestión y proceder a la apertura del procedimiento de inspección en el que el examen de la contabilidad que no se pudo realizar en el primero fue determinante de la regularización”.

Con esta Sentencia interpuesta por el Ilmo. Sr. Presidente D. Manuel Fernández-Lomana García se declara la nulidad de la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo que desestimó el Recurso de Alzada formulado contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional, fallando en favor de la entidad recurrente. 


Autora: Paloma Moya, asesora fiscal en LABE Abogados

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