Con la campaña del Impuesto de Sociedades en marcha, surgen dudas sobre la deducibilidad fiscal de las retribuciones a los Administradores. Las ultimas noticias son que Hacienda, viene inspeccionando y negando tal deducción amparándose en las últimas resoluciones del TEAC (RG 5548/2019 y RG 3156/2019), en conjunción con una deficiente redacción de los Estatutos sociales y de los acuerdos adoptados en Junta General.

Manuel Cubiles Pérez, asesor fiscal en LABE Abogados

No es infrecuente que ante la desidia de los Administradores, la Inspección tributaria encuentre la vía perfecta para regularizar el Impuesto de Sociedades de pequeñas y medianas empresas.

1.- ¿Qué dice la Ley del Impuesto de Sociedades al respecto?

No está permitida la deducibilidad fiscal del gasto cuando el mismo es calificado como “liberalidad”, ex artículo 14.1.e) del TRLIS (para ejercicios anteriores al 2015) o como gasto contrario al ordenamiento jurídico, ex art. 15.f) de la actual LIS cuando el ejercicio comprobado es posterior.

Sin embargo, el TEAC ha concluido en su resolución del 17 de julio de 2020 (RG 3156/2019), que la deducibilidad depende en todo caso del efectivo cumplimiento de la norma mercantil lo que en la práctica viene a mantener la postura del Tribunal Supremo concluyendo que, cuando no se cumple escrupulosamente la normativa mercantil, estamos ante una liberalidad y, por tanto, ante un gasto no deducible.

2.- ¿Qué se considera “liberalidad”?

Liberalidad se contrapone a necesidad, de tal manera que todos aquellos gastos que no se consideren necesarios y oportunos para la obtención de ingresos deben considerarse como liberalidad. Se trata pues de un concepto más fáctico que jurídico. En palabras del Tribunal Supremo: “el concepto de gastos necesarios para la obtención de ingresos solo cabe considerar como tales los materialmente necesarios que además sean legalmente posibles, pues lo contrario sería tanto como afirmar que para obtener un rendimiento lícito sería posible valerse de medios ilícitos (Sentencia de 11 de febrero de 2010)”.

2.- ¿Qué se entiende como gastos contrarios al ordenamiento jurídico?

Son aquellos que contravienen los Estatutos sociales o bien los que no cumplen con la normativa mercantil en materia de remuneraciones. Por ello, es de suma importancia que el sistema remuneratorio venga debidamente previsto en los Estatutos, siendo además necesario que la cuantía máxima anual a pagar a todos los administradores sea aprobada por la Junta General.

3.- ¿Cuál es la postura del Tribunal Supremo al respecto?

La trascendente sentencia del Tribunal Supremo de 2008 (caso Mahou) consideraba necesario que la cuantía de la retribución del Administrador pueda determinarse con certeza a partir de los dispuesto en los Estatutos sociales. sin embargo, es aceptada la deducibilidad de la retribución que aprueba cada año la Junta general.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2021, ha venido a clarificar el concepto de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, “…han de evitarse interpretaciones extensivas de la idea que está detrás de la expresión actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico…”.

Con todo, es frecuente que Hacienda mediante el procedimiento inspector nieguen la deducibilidad de las retribuciones de los Administradores, por ello desde LABE abogados creemos que lo más adecuado es contar con un buen asesoramiento en materia mercantil lo que nos evitará comprobaciones y sustos con Hacienda.


Autor: Manuel Cubiles Pérez, asesor fiscal en LABE Abogados

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