Hoy será un dia de notable trabajo en el Congreso de los Diputados. Nuestras señorías lejos de secundar el paro generalizado convocado por las centrales sindicales tienen tras de si la convalidación de diversos reales decretos. Esto hará que las ausencias de los diputados por este conflicto laboral sean mínimas.

A  partir de las 9,00 horas, se debatirá la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles; el Real Decreto-Ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio; el Real Decreto-Ley de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital; el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; y el Real Decreto-Ley por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.

Como puede verse estamos hablando de normativas importantes. Que el PP disponga de una mayoría holgada hace suponer que esta tramitación será mínima en el caso de la mediacion de asuntos civiles y mercantiles. De todas formas expertos consultados por DIARIOJURIDICO esperan que antes del verano se tenga el Reglamento correspondiente  de esta normativa. Reglamento que podrá ayudar a desarrollar todo aquello que el RD 5/2012 ha dejado en el aire sobre la figura del mediador, su formación específica y requisitos y sobre el papel de las instituciones mediadoras. En este sentido parece que es ya muy criticado por diversos operadores de la mediación y entidades arbitrales el articulo 5.3 de la nueva Ley de Mediacion donde deja claro que los poderes públicos podran velar por que la actividad de mediacion se haga correctamente. En este sentido este texto se interpreta como muy intervencionista porque deja abierta la puerta a que la administracion establezca controles o inspecciones a las citadas entidades mediadoras.

Donde si se espera debate y profundo es el Real Decreto 6/2012 de Medidas Urgentes para deudores sin recursos donde se establece  un marco abierto a la adhesión de las entidades financieras, denominado Código de Buenas Prácticas (CBP), consistente en el compromiso por el banco de adoptar tres tipos de medidas: la reestructuración de la deuda, la quita de parte de la hipoteca y, como último recurso, la dación en pago.  Ya la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría señaló  que los destinatarios de la medida son aquellas familias que cuentan con una única vivienda, tienen a todos sus miembros en el paro y no tienen ingresos. La cuota hipotecaria no puede exceder el 60% de sus ingresos. Será muy interesante comprobar cómo queda este Código de Buenas Prácticas, su contenido y si realmente tendrá el carácter voluntario para las entidades financieras a la hora de adherirse.

Otro asunto que también ha levantado gran interés en los últimos dias tiene que ver con el pago por parte de los ayuntamientos a sus proveedores. Como se recordará, se aprobó recientemente en Consejo de Ministros el mecanismo de pago , que les permitirá empezar a cobrar las deudas pendientes en el mes de mayo. Además de saldar las deudas comerciales de las corporaciones locales, supondrá una importante inyección de liquidez a la economía productiva.

Esta herramienta se podrá aplicar también a los pagos pendientes de las comunidades autónomas, en línea con los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 6 de marzo, y permitirá, además, propiciar una reestructuración ordenada de la deuda comercial de comunidades y ayuntamientos.

Los pagos se instrumentarán a través de un crédito sindicado bancario, con un volumen en torno a 35.000 millones de euros (incluidas comunidades autónomas), la mayor operación de refinanciación realizada en España. Este crédito sindicado estará avalado por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de los ayuntamientos.

Para realizar esta operación, el Ministerio de Economía y Competitividad creará el Fondo para la Financiación de las Administraciones Territoriales (FFAT), que será el encargado de canalizar el préstamo sindicado hacia los ayuntamientos. El préstamo tendrá una duración de cinco años con dos de carencia, durante los cuales las entidades locales solo pagan los intereses. Sin embargo, el plazo de que disponen los ayuntamientos para devolverlo será de diez años, con dos de carencia, mediante un mecanismo de refinanciación que realizará el FFAT.

 

El Pleno del jueves concluirá con el debate de totalidad sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que tras su paso por el Consejo de Estado incorpora varias modificaciones como  una mayor precisión para poder recurrir al Tribunal Constitucional las disposiciones contrarias a los principios de estabilidad presupuestaria. También se ha incorporado un trámite de audiencia a la Administración responsable que será previo a la formulación de una advertencia oficial por riesgo de incumplimiento de la Ley. El Consejo de Estado concluye que la Ley aborda de forma adecuada el desarrollo del principio de estabilidad presupuestaria establecido en el artículo 135 de la Constitución y justifica que el Estado acuerde una medida con fuerza normativa susceptible de incidir en las competencias autonómicas en materia financiera siempre que aquella tenga una relación directa para la corrección de desviaciones.

La norma aprobada por el Consejo de Ministros recoge el primer objetivo de la política económica del Gobierno que es el control del déficit, ya que la estabilidad y la sostenibilidad presupuestarias son claves para el crecimiento económico y la creación de empleo. La Ley Orgánica va a constituir la base jurídica y económica de la política presupuestaria del Gobierno. El texto del Proyecto, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia, cuenta con el compromiso hacia su contenido de todas las Administraciones Públicas. Las Comunidades Autónomas lo respaldaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y las Entidades Locales, en la Comisión Nacional de Administración Local.

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