En el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el pasado 30 de septiembre en el BOE (núm. 234, de 30 de septiembre) se publicaron dos disposiciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública de gran importancia. Nos estamos refiriendo a:

  • la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
  • la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Aunque seguramente hubiese sido deseable dotar a ambas órdenes de un mayor rango normativo a la vista de su objeto y alcance, su contenido les dota de gran transcendencia en la ejecución del PRTR, resultando ambas órdenes de aplicación a todo el Sector Público tanto estatal, autonómico, como local.

Hasta la fecha los elementos que más se han comentado con relación al PRTR y sus instrumentos de ejecución han sido todos aquellos relativos a las cuestiones como, por ejemplo, los mecanismos mediante los cuales se encauzarán y formalizarán los recursos económicos (fondos) destinados a inversiones y reformas, así como su ajuste a un estricto calendario y a un ordenamiento jurídico administrativo que parece que no está concebido para un reto de esta naturaleza y envergadura. Como se pone de relieve en la exposición de motivos de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre; “…..no se puede obviar que se trata de un desafío que requiere la actuación coordinada de diversos órganos de la Administración General del Estado, de las Administraciones Autonómicas y de las Entidades Locales, así como entidades privadas en la medida que se concrete la colaboración público-privada para la consecución de determinados objetivos”.

Dicho lo anterior, las dos órdenes ministeriales ponen su foco en otro aspecto que, no por menos debatido, no es en absoluto menos relevante, todo lo contrario. Dichas disposiciones establecen el sistema de gestión y de suministro de información de las inversiones y reformas al amparo del PRTR. Es decir, establecen las bases del buen fin y control de los fondos.

En lo referente al sistema de gestión (Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre), y sin ánimo exhaustivo se destaca lo siguiente:

  • Se establecen unos principios de gestión específicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, complementarios a los principios generales de aplicación a la gestión pública.
  • Se definen conceptos como “Etiquetado verde y etiquetado digital” o el de “hito y objetivo” y sus criterios para su seguimiento y acreditación del resultado. Y en Anexo I un completo e imprescindible glosario de términos.
  • Se hace especial mención al análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos de las medidas de ejecución de las reformas e inversiones incluidas en el PRTR. En el anexo II.B.4 de la Orden se incluye un test específico de autoevaluación en relación con el cumplimiento de los requerimientos básicos al respecto, mientras que en el anexo III.B se proporcionan referencias de gestión a fin de evitar impactos medioambientales no deseables.
  • Uno de los puntos clave de la orden es el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Para ello, entre otras medidas, se establece que “toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.” En el Anexo II se recoge el llamado “Test de autoevaluación y riesgo”
  • Se establece también que la ejecución del PRTR debe respetar los límites establecidos en relación con las ayudas de Estado y la prevención de la doble financiación.
  • Finalmente, se destacan una serie de medidas relativas a la información y la transparencia por parte de las autoridades; Identificación del perceptor final de fondos: beneficiarios de las ayudas, contratistas y subcontratistas, un sistema de información de gestión y seguimiento, la previsión de la elaboración de informes de gestión, así como las denominadas declaraciones de gestión.

En relación con la segunda de las órdenes, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, relativa al procedimiento y formato de la información a proporcionar por todas las Entidades del Sector Público, la exposición de motivos establece que “Las obligaciones de información periódica derivan de la configuración del propio PRTR, en la medida que vertebra un ambicioso conjunto de medidas, estructuradas en Componentes, que serán llevadas a cabo por las Administraciones Públicas y que estarán sujetas a valoración por los Servicios de la Comisión Europea. Para dar respuesta a este desafío, se diseña un sistema de información de gestión y seguimiento, en el que los órganos de las administraciones estatal, autonómica y local, con responsabilidades de ejecución, tendrán una herramienta para el seguimiento de las medidas y proyectos que tienen encomendados y para la elaboración de los Informes de gestión que, semestralmente, constituirán la referencia necesaria para el ejercicio de la función de control y, en última instancia, acreditar el grado de ejecución de los componentes”.

En relación con el contenido de esta norma se destaca:

  • Fija las directrices para el seguimiento de proyectos, subproyectos o líneas de acción.
  • Se determina el contenido de la información de ejecución contable, su procedimiento y formato de envío, así como las fechas de referencia para el envío de la información de ejecución contable. Y en Anexo I se establece un formato orientativo de la información de ejecución contable a remitir.
  • En relación con otras obligaciones de información se establecen en relación al seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos, su incorporación al sistema de información de gestión y seguimiento, e Informe de Gestión.
  • En materia presupuestaria se establece que “dada la configuración plurianual del PRTR y con la finalidad de permitir el adecuado seguimiento presupuestario y contable del mismo, las entidades decisoras y ejecutoras deberán suministrar la programación de recursos, conforme a la distribución temporal de cumplimiento de hitos y objetivos del PRTR, así como la previsión presupuestaria para todo el período temporal de dicho Plan necesaria para la ejecución de las medidas en que participen. A estos efectos, el sistema habilitará los campos para recoger tales previsiones desde 2020 hasta 2026”.
  • Finalmente, y sobre los perceptores finales de fondos (beneficiarios de las ayudas, de contratistas y subcontratistas) se establece que “Todas las entidades de la Administración Estatal, Autonómica y Local, en su condición de entidades ejecutoras del PRTR, según proceda, deberán aportar la información sobre la identificación del perceptor de los fondos: nombre del destinatario de los fondos, en su caso fecha de nacimiento, en concepto de ayudas o por la condición de contratista y subcontratista” en los términos establecidos en la normativa UE.

Para concluir esta breve descripción de estas importantes órdenes ministeriales, se destaca la exigencia y determinación de una buena gestión pública en todas las acciones derivadas de la ejecución del PRTR y de los Fondos que lo financien. Pretensión exigible con carácter general en toda gestión pública, pero que en este caso son las propias instituciones de la Unión Europea las que obligan a ello. El tiempo dirá si se cumplirán o no estos requerimientos, que también forman parte del reto que supone el PRTR para las autoridades y gestores públicos de este país.


Sobre el autor

Gabriel Capilla Vidal

  • Director del área de Derecho administrativo y del Sector Público en DS Durán- Sindreu.
  • www.duransindreu.com

 

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