El 3 de diciembre se publicaba el borrador del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Servicios Digitales, impuesto conocido por sus siglas ISD. Borrador sometido, hasta el 16 del presente mes a audiencia pública.

Autor: Pedro Muñoz, abogado y Consejero Delegado de LABE Abogados.

En este borrador se recoge la regulación de ciertas obligaciones formales contempladas por la Ley 4/2020, del Impuesto sobre determinados Servicios Digitales (publicada en el BOE el 16 de octubre y con entrada en vigor el 16 de enero), concretamente en su artículo 13.

Entre estas obligaciones, cuyos requisitos, límites y condiciones se deberían desarrollar mediante el borrador objeto de estudio, nos encontramos las siguientes:

  1. Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen la sujeción al ISD.
  2. Solicitar de la Administración el número de identificación fiscal y acreditarlo en los supuestos que se establezcan.
  3. Llevar los registros que se establezcan a través de desarrollo reglamentario.
  4. Presentar información relativa a los servicios digitales, periódicamente o cuando la Administración lo requiera.
  5. Nombrar un representante a efecto del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada Ley cuando el contribuyente no esté establecido en la Unión Europea.
  6. Obligaciones de conservación de documentos, especialmente en lo que se refiere a la identificación del lugar de prestación del servicio digital.
  7. Obligación de traducción a un idioma oficial la documentación cuando la Administración lo requiera.
  8. Establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto.

De las obligaciones contempladas en el citado artículo de la Ley que regula el ISD, sólo una puede suponer una infracción tributaria calificada como grave. Es el caso de la obligación de establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto, sanción contemplada en el artículo 15 de la Ley 4/2020, del Impuesto sobre determinados Servicios Digitales (publicada en el BOE el 16 de octubre y con entrada en vigor el 16 de enero). El incumplimiento de esta obligación formal puede dar lugar a una sanción que puede ascender a 400.000 euros por cada año natural en que se haya producido el incumplimiento (con un mínimo de 15.000 euros).

En cuanto a la obligación contemplada en la letra c) del artículo 13 de la Ley en cuestión, relativa a la llevanza de los registros, se habrá de realizar una liquidación trimestral. Por su parte, es en el artículo 2 del borrador en cuestión en donde se hace referencia nuevamente a esta obligación. No obstante, no se aclara si los registros se deberán acompañar automáticamente con cada liquidación trimestral que el obligado tributario realice, o bien si se entregarán únicamente a petición de la Administración.

También se recoge, en cuanto a obligaciones formales, una muy novedosa: la puesta a disposición de la Administración Tributaria de una memoria descriptiva. Esta memoria descriptiva deberá contener los procesos, métodos, algoritmos y tecnologías empleados para analizar la sujeción y no sujeción al impuesto, localizar la prestación de cada tipo de servicio y su atribución al territorio de aplicación, calcular los ingresos e identificar los ficheros, programas y aplicaciones empleados para cada periodo de liquidación. Respecto a esta novedosa obligación formal, tal y como sucede con la obligación contemplada en la letra c) del artículo 13 de la Ley, no se aclara en el borrador en cuestión si tal memoria se deberá entregar automáticamente con la liquidación trimestral, o bien se entregará a petición de la Administración.

Se tratan de algunas novedades importantes contenidas en el borrador; aunque estamos hablando de un documento que dista mucho de esclarecer todas las cuestiones precisas, existiendo, aún, una amplia lista de temas que el borrador ha dejado de lado y que se deberán solucionar para proporcionar una mayor claridad en la aplicación del Impuesto sobre determinados Servicios Digitales.


Autor: Pedro Muñoz

Abogado y Consejero Delegado de LABE Abogados.

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