El Presidente de honor de la Unión Internacional de Abogados, Juan Antonio Cremades, confirmó, en una conferencia celebrada ayer en la sede del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), que España fue el segundo país usuario de la Corte Internacional de Arbitraje de París. Con el 11% de los casos, según las estadísticas de 2011, nuestra posición sólo fue superada por Estados Unidos, con 11 partes más.
El arbitraje, como fórmula extrajudicial de resolución de conflictos para empresas y ciudadanos, tanto en el ámbito nacional como internacional, tiene numerosas ventajas, tales como una mayor especialización del árbitro en la materia, el importante ahorro de costes económicos y de tiempo, así como la garantía de confidencialidad en todo el procedimiento. Así lo explicó el árbitro Juan Antonio Cremades, quién dijo: “El arbitraje está de moda, pero la causa no es el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, ya que antes los litigantes no consideraban que la justicia funcionase bien, sino por un desarrollo del arbitraje a nivel mundial debido al crecimiento considerable de la contratación internacional, donde el arbitraje surge de manera natural y espontánea”. En opinión del ponente, “cuando la justicia funciona mal, hay que proporcionarle los medios para que pueda hacerlo bien y no privatizarla para ahorrarse sueldos de funcionarios públicos, cargando a las partes la remuneración de los que deban juzgar sus diferencias”.
El presidente de honor de la UIA puso el ejemplo de una empresa francesa y otra española que, cuando negocian un contrato, siempre se plantean al final de la redacción cuál será la jurisdicción competente para resolver las diferencias que puedan originarse. “El negociador español querrá sus propios tribunales y lo mismo hará el francés con los suyos, ya que una misma formación en idéntica tradición jurídica facilita la transmisión del mensaje y su recepción por el juez. Para que ambas partes estén en condición de igualdad, la práctica suele decir: ni un juez ni otro, sino un árbitro de un tercer país que coloque a todos en pareja situación”.
Durante su intervención, el abogado reconoció que atraer arbitrajes puede representar mucho dinero para una ciudad. “Cuando las partes de un arbitraje internacional convienen que se desarrolle en Valencia, sacan un gran provecho los hoteleros que alojan a partes, árbitros y testigos; los restauradores, los intérpretes, los taxistas, las agencias de viaje, etc.”.
Juan Antonio Cremades explicó también que se ha suprimido recientemente la condición de abogado para ser árbitro en arbitrajes internos que no sean de equidad, refiriéndose tan sólo que en ellos uno de los miembros del colegio arbitral sea jurista. “Sí que es aconsejable empero que los árbitros sean abogados porque saben dirigir un procedimiento y porque lo esencial radica en elegir bien los árbitros, que deben tener imparcialidad, capacidad y sentido de la justicia”.
Tribunal Arbitral del ICAV (TAV)
En 2010 el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia crea un Tribunal Arbitral propio, el TAV, sede de la Corte Europea de Arbitraje y Mediación (CEA) para los Asuntos del Mediterráneo y Oriente Próximo y única sede de CEA en España. El TAV es una institución dedicada a la administración del arbitraje, así como a su difusión y utilización por los operadores jurídicos. Desde su creación, se han suscrito acuerdos de colaboración con diversas instituciones, tales como la Corte Europea de Arbitraje, la Federación de Colegios de Abogados de Europa y la Generalitat Valenciana.
Juan Antonio Cremades
Juan Antonio Cremades es Doctor en Derecho por las Universidades de París y Zaragoza y abogado del Ilustre Colegio de Abogados de esta última ciudad desde 1961. Tiene despachos abiertos tanto en Madrid como en París y, desde finales de los años 60, ha participado como abogado o como árbitro en numerosos arbitrajes internos e internacionales, con reconocida experiencia en Derecho de los Negocios.
Entre sus méritos destaca ser Presidente de honor de la Unión Internacional de Abogados, cuya presidencia asumió de 1990 a 1991; miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de París de 1992 a 1995, (fue el primer abogado español colegiado en París a raíz del ingreso de España en la CE); miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, desde 2008 a 2012; Miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional desde 1969 hasta 2002 y presidente de honor de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia, cuya presidencia asumió de 1977 a 1980.