JpD elaborado por el Gobierno que, por fin, aborda una reforma estructural del proceso penal con la pretensión de dar solución a una situación insostenible, caracterizada por una fase de investigación que se ha demostrado ineficaz y altamente disfuncional y la existencia de un intolerable déficit regulativo en materia de admisión, formación, validez y condiciones de eficacia de los diferentes medios de prueba. La vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 ha sido objeto de diversas reformas parciales a modo de “parches” desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 que no han afrontado rigurosamente las exigencias que impone una materia altamente sensible por su conexión con los derechos fundamentales de la ciudadanía. Dicho déficit regulativo ha intentado ser suplido por la jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Supremo
de tal envergadura que puede hablarse, sin ninguna duda, de la existencia de un verdadero ordenamiento jurídico oculto, conocerse el estado actual en materia probatoria. Ello genera, problemas insalvables de incerteza, inseguridad, dispersión e incongruencia merced a las oscilaciones de la inestable doctrina de los tribunales.

La de garantías procesales, regulando con detalle los medios de investigación, las medidas cautelares que pueden adoptarse, y el estatuto de la defensa, reconociendo el papel central que las personas investigadas y acusadas tienen en el proceso, que dejan de ser concebidas como meros objetos de prueba para convertirse en verdaderos sujetos del proceso. Introduce, igualmente, las figuras del Juez de Garantías y del Juez de la Audiencia Preliminar, en términos similares a otros ordenamientos de nuestro entorno, atribuyendo la investigación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Ministerio Fiscal, bajo la salvaguarda del Juez de Garantías.

Lamentablemente, todo apunta a que, por falta de apoyos parlamentarios, la reforma, indispensable, no saldrá adelante, si bien, desde JpD queremos hacer una llamada a la responsabilidad para que, al menos, aquéllas partes del texto que tienen por objeto la regulación de las fuentes y medios de prueba y sus condiciones de admisibilidad, validez y eficacia den lugar a una tramitación parlamentaria urgente para su aprobación inmediata, pues no debieran ser problemáticas en un Estado que se dice Constitucional.

Por último, sólo cabe cuestionar que no se haya aprovechado el texto para retocar, presenta la Ley del Jurado.

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