El parón judicial producido por la pandemia durante el primer estado de alarma ha desembocado en un atasco judicial que ya se preveía, especialmente en los juzgados de lo social, que se encuentran cada vez más desbordados también por causas laborales provocadas por la situación sanitaria. Teniendo en cuenta que ya se partía de una situación de atasco endémico en muchas jurisdicciones, las dificultades añadidas están llevando a que muchos juicios empiecen a señalarse con fechas que hacen valer la frase “la justicia tardía no es justicia” y cada vez son más los Colegios de Abogados que denuncian que la falta de medios, especialmente en estos momentos, no hace más que agravar la ya precaria situación de la Justicia en España.

El último en hacerlo ha sido el Colegio de Abogados de Granada, donde los señalamientos ya se están fijando para el año 2023. El Colegio ha calificado esta situación  de “intolerable” ya que viene a empeorar la ya crítica operatividad de la Jurisdicción Social y, por ende, a perjudicar el trabajo de los letrados y cercenar el derecho de los ciudadanos a acceder a una tutela judicial efectiva y no sufrir indefensión.  Se trata, principalmente, de juicios sobre reclamaciones salariales, declarativos de derechos y relativos a prestaciones de Seguridad Social que, con la excusa de la pandemia, se están dilatando excesivamente.

El caso de Granada no es único. En ésta misma línea, la vicedecana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco, intervino en el pleno del Ayuntamiento de la ciudad para defender la necesidad de incrementar la planta judicial, dado que la sobrecarga de trabajo que arrastran desde hace años los juzgados de la capital se ha visto agravada por la pandemia, y advirtió que se están presentando fechas de celebración de juicios “a todas luces inaceptables” en ámbitos tan delicados como el laboral, del que dependen muchas familias y empresas, en cuestiones como despidos o reclamaciones de cantidad, donde se están fijando señalamientos a más de un año vista. Y los juzgados de lo mercantil están también en una situación similar, algo que ya había denunciado también previamente el decano, Salvador González.

Sin salir de Andalucía, hace unos meses fue muy comentada la denuncia del letrado sevillano Luis Ocaña, al que le llegó una citación para un juicio laboral con fecha de 2025,  lo que hacía que el juicio careciera de sentido, ya que se trataba de una reclamación sobre una duración de contrato que es menor que el plazo dado para celebrar el juicio.  En una entrevista publicada en la página web del Consejo de la Abogacía, aseguraba que una justicia que no conocerá de un asunto laboral hasta más allá de cuatro años es un disparate, y a pesar de lo llamativo de la fecha, aseguraba que en Sevilla se había convertido en algo normal recibir citaciones hasta para 2024.

Córdoba ofrece un panorama similar, y el Colegio de Abogados calificó recientemente como inadmisible que se estén produciendo situaciones de demora en señalamientos de juicios por despido a más de cuatro años vista o demandas por reclamación de cantidad presentadas en 2020, que aún están pendientes de señalamiento e incluso de que el juzgado las admita a trámite, algo que resulta especialmente perjudicial para los trabajadores y empresarios que no pueden ver atendidas sus demandas en un plazo razonable.

En A Coruña la llegada de la pandemia no ha hecho más que empeorar aún más las agendas de los juzgados. Antes de la llegada del Covid-19 y la paralización de la actividad judicial, algunos juicios de lo social ya se estaban señalando principios de 2024, tal y como denunció el Colegio de Abogados en febrero del año pasado. Ahora algunos señalamientos ya están llegando a finales de ese año y todo hace prever que en breve superarán ese plazo. En Elche y en Murcia también se están empezando a agendar asuntos para 2023 y 2024.

Fuente: Abogacía.es

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