Los datos son espeluznantes. Según varias fuentes consultadas por DIARIOJURIDICO este año habrá medio millón de personas susceptibles de perder su vivienda. Solo durante el pasado año se realizaron 110.000 lanzamientos hipotecarios lo que genera un problema social importante. Si el pasado jueves se aprobaba en el Congreso el RD 6/2012 sobre Medidas Urgentes para Deudores Hipotecarios, medidas que no han satisfecho a casi nadie, al limitar en exceso la aplicabilidad de esta moratoria, un dia después el CGAE organizaba una jornada a través de su Fundación para dar conocer una iniciativa del mundo de la abogacía para ayudar a personas con problemas de solvencia. La Oficina de Intermediacion de Terrasa con tres meses de vida será el germen de otras que en los próximos meses se pondrán en funcionamiento
Esta presentación de esta iniciativa que fomenta el aspecto social de los abogados tuvo como padrinos al presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y la defensora del Pueblo, Mª Luisa Cava de Llano, que inauguraron esta Jornada del ciclo Crisis y Derechos Humanos. El encuentro que ha sido seguido via online por más de 600 inscritos ha servido para arrojar luz sobre este tema tan de actualidad por la propia crisis económica
El derecho a la vivienda y las alternativas a los deshaucios reunieron a diferentes expertos moderados por por el decano del Colegio de Abogados de Girona, Carles MacCragh, y en la que participaron el decano de Terrassa, Miquel Sàmper, la concejal de Vivienda del Ayuntamiento de esta ciudad, Lluisa Melgares, y el vicesecretario de la Asociación Española de Banca, José Luis Rodríguez Pellitero, se ha dado a conocer la experiencia de la Oficina de Asesoramiento e Intermediación Hipotecaria que está funcionando desde enero en el colegio de Abogados de Terrassa, gracias a un convenio con el Ayuntamiento.
La intervención de Lluis Melgares sirvió para conocer la génesis de la iniciativa en una ciudad como Terrasa con el 24 por cien de paro y hasta 5.000 pisos vacios. “Nuestro acuerdo con el colegio de Abogados de la ciudad ayuda a desarrollar un método de intermediación que permite ayudar a la persona con problemas económicos y también ayudar a las familias que lo han perdido todo en exclusión social”.Junto con ello otras de las iniciativas que esta corporación local ha puesto sobre la mesa es impulsar el alquiler social sabiendo lo nocivo que es para la banca tener pisos vaciós.”Queremos poner en marcha esta idea y que una entidad como Cáritas lo gestione”añadió
Por su parte, Miquel Samper, decano del Colegio de Terrasa, explicó a los asistentes cómo funciona estas Oficina de Intermediación tras tres meses después de su puesta en marcha.” La intermediación facilita la comunicación entre la parte deudora y la entidad financiera para encontrar una solución antes de una demanda de ejecución hipotecaria o durante el proceso de ésta.”Hay que darse cuenta que el coste de un lanzamiento, aparte del emocional supone para la administración de justicia y bancos un coste de unos 6.000 euros por deshaucio. En el otro lado, los procedimientos de intermediación por su flexibilidad tienen un coste de 166 euros”
Con este tipo de iniciativas, en las que los colegios de abogados no reciben ninguna retribución directa “, los pocos ingresos que llegan son para los abogados que controlan estos procesos”, indica Samper se pretende plantear medidas correctoras que permitan mantener el pago de las cuotas y eviten los procesos de ejecución hipotecaria. A su vez, negociar medidas alternativas a las dificultades derivadas del impago que faciliten que las personas afectadas puedan conservar la vivienda. Y como objetivo último, evitar, siempre que sea posible, los lanzamientos derivados de la falta de pago de los créditos hipotecarios.
Una iniciativa que se expande
Samper que fue muy crítico con los poderes público por no ocuparse de forma directa de este problema, “un problema social de grandes magnitudes para muchas familias”, dejó claro que la viabilidad del proyecto depende de la implicación de las corporaciones locales, ahora muy condicionadas por sus problemas económicos. Aun así anuncio que otros colegios tienen avanzado desarrollar esta iniciativa “Con fecha 1 de abril Granada y Jérez van a tener dos nuevas oficinas y hay estudios avanzados en otras localidades como Girona, Manresa, Mataró, Almería y La Coruña
Sobre la propia Oficina de Terrasa se tienen ya unos primeros datos que señalan que se han atendido a 348 ciudadanos que han planteado diferentes consultas, bien porque tenían recibos impagados (50,8%), bien porque adoptan medidas ante la previsión de impagados en un futuro más o menos inmediato (45,6%) o bien porque quieren conocer las consecuencias legales del impago.
En 116 casos se inició expediente, de los que ya se han concluido 51 asuntos. En un 68,57% de ellos, la Oficina ha logrado que la entidad bancaria ofrezca una alternativa al usuario en dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca. Las principales soluciones ofrecidas para evitar el lanzamiento de la vivienda son, entre otras, acuerdo de refinanciación, acuerdo de carencia, dación en pago y suspensión del plazo procesal de lanzamiento.
Por su parte Javier Rodriguez Pellitero, en representación de la patronal de la banca AEB, dejó claro que el problema de la vivienda es una cuestión social y no jurídica, “aunque haya que instrumentalizar ciertas medidas legales para su solución”. Revelo que su colectivo de entidades financieras plantearon al Gobierno impulsar el alquiler de la vivienda en lugar del ya mencionado RD 6/2012 aprobado el jueves, a cambio de exonerar en cuanto a provisiones de los inmuebles, pero que estas recomendaciones no fueron atendidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy “No somos insensibles a ese problema de los deshaucios. Que la mora hipotecaria sea solo del 5 por cien mientras que el paro supera el 23 por cien revela nuestros esfuerzos por negociar o refinanciar siempre que se pueda situaciones complejas.” Desde su punto de vista también en España hay la cultura de la propiedad; es decir, se tiene una vivienda mientras que en otros países estos datos solo llegan al 20 o 25% de los propietarios reales. Respecto a este tipo de iniciativas de intermediación propiciadas desde la abogacía se mostro partidario a que sus socios, entidades financieras, puedan participar también sobre todo si se plantean medidas flexibles para que el ciudadano pueda resolver su situación hipotecaria.
