Mañana, a las 17 horas, se inaugurará el Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Barcelona (CEMICAB), situado en la calle Roger de Llúria, 113, de la capital condal. La inauguración institucional contará con la asistencia de la consejera de Justicia de la Generalitat, Pilar Fernández Bozal y del decano del ICAB, Pedro L. Yúfera. También participará en el acto la diputada responsable del Centro de Mediación, Elena Moreno, además de otros miembros de la Junta de Gobierno y autoridades.

El CEMICAB se ha constituido para ser un nuevo servicio para la abogacía, los ciudadanos y las empresas que quieran resolver sus problemas de forma alternativa a la vía jurisdiccional. Con el objetivo de promover e intervenir en el ámbito de la mediación, el centro facilitará a los interesados una relación de profesionales que acrediten experiencia y/o formación previa como mediadores para encontrar el origen del problema y trabajar en la forma de solucionarlo. Tal y como explica la responsable del centro, Elena Moreno, la gran diferencia entre un proceso de mediación y un arbitraje o juicio tradicional es que el mediador, como tercero ajeno al problema, no da la solución al conflicto sino que ayuda a las partes a que sean ellas las que lleguen a un acuerdo sin tener que romper su relación.

Los mediadores que estén interesados en adherirse al CEMICAB tienen que pagar una cuota anual de 100 euros y a cambio pueden disfrutar de los servicios que les ofrece el centro. En este sentido, tendrán derecho a asistir a cursos de formación a bajo coste que podrán computar para acreditar las 20 horas anuales exigidas en el reglamento del centro. También dispondrán del asesoramiento del comité técnico de expertos creado para facilitar apoyo en la realización de mediaciones o co-mediaciones y se les ofrecerán listas de profesionales de la mediación de otras disciplinas o colegios para poder llevar a cabo colaboraciones en un ámbito determinado. Además, el CEMICAB ha puesto a disposición de sus mediadores cuatro salas habilitadas para realizar el ejercicio profesional, aunque aseguran que disponen de mucho más espacio en el Colegio. La inscripción en el centro conllevará el derecho de uso gratuito de las mismas durante 10 horas al año.

Entre otros servicios, se realizará la custodia de certificaciones de actos de mediación, la expedición de certificaciones de actos de mediación depositadas y se entregará un carné de mediador acreditado por el CEMICAB a todos los profesionales registrados al centro.

En cuanto al proceso, el CEMICAB inscribirá y designará a cada mediador en función de las especializaciones en las que esté dado de alta, de forma que esos profesionales especializados y muy solventes contribuyan a dar prestigio a la profesión. Actualmente, el Colegio de Abogados de Barcelona cuenta con 300 mediadores formados con master de especialización, de los cuales 40 ya se han inscrito al centro desde que se abrió el registro hace una semana. Sin embargo, des del CEMICAB informan que algunos abogados están esperando hasta el mes de Enero para formalizar su inscripción.

De este modo, el ICAB ha pasado de tener un servicio de mediación puramente telefónico a disponer de un centro que según la diputada responsable de la entidad, Elena Moreno, quiere llegar a ser «una casa de mediación». Según Moreno, «el ICAB no puede dar la espalda a la realidad y tiene que concienciar al ciudadano y al abogado de que se pueden solucionar conflictos de otra forma». La responsable del centro asegura que detrás de un conflicto jurídico siempre hay otro de personal y reivindica la posibilidad previa de resolver las cosas «de una forma más civilizada». Además, recuerda que la mediación ayuda a no colapsar los juzgados con asuntos que pueden resolverse de otra forma y que implican cantidades de dinero que no deberían precisar de procesos judiciales tan largos y costosos.

En cuanto a la futura Ley de mediación, Elena Moreno considera que la norma se concentra demasiado en el ámbito civil y mercantil y que, en cambio, debería adoptar una posición transversal que incluyera también los sectores administrativo y tributario. Además, Moreno cree que la normativa se equivoca en introducir la mediación como paso previo a la vía judicial ya que desde su punto de vista no hay que obligar sino incentivar. Para ello propone medidas como la reducción de las costas judiciales por el hecho de haber intentado mediar anteriormente. Además, reivindica que se profundice más en la calidad del mediador para que cada profesional tenga la obligación de estar especializado en cada ámbito en el que trabaja y que no se pueda acceder a su ejercicio desde niveles bajos de formación.