Así consta en un escrito presentado por el fiscal Marcelo de Azcárraga en el que solicita al juez Pablo Ruz, que se encuentra de guardia esta semana, que ordene a las Fuerzas de Seguridad la prohibición del acto por constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

El fiscal, que considera el acto «una excusa para la ejecución de las directrices marcadas por la banda terrorista ETA», destaca que los informes policiales recabados ponen de manifiesto que Riera fue condenada en mayo de 2004 a nueve años de cárcel por colaborar con el ‘comando Barcelona’. Este grupo actuó en Cataluña entre 2000 y 2001 llevando a cabo atentados como el que acabó con la vida del ex ministro socialista Ernest Lluch.

Además, indica que «aprovechando tal coyuntura», los convocantes pretenden «rendir homenaje» a las también etarras Dolores López Resina, ‘Lola’, y Marina Bernardó Bonada, que cumplen actualmente condena en Francia por su pertenencia a la organización terrorista.

En relación con los grupos que han impulsado la celebración de este acto, que coincide con la salida de la cárcel de Riera, el fiscal señala que al menos dos de ellos (Rescat y SAT) «se originan a raíz de la desarticulación y detención en Cataluña de ‘comandos’ e individuos integrados en ETA».

También pone de relieve que estos colectivos pretenden «denunciar» que los etarras son «presos políticos», lo que, a su juicio, «ya de por sí constituye un menosprecio a las víctimas directas o indirectas de sus acciones delictivas».

«El ensalzamiento de una persona cuyo único acto meritorio destacable y reconocible por tales colectivos es el de su pertenencia a una organización terrorista significa, de hecho, que está mostrando públicamente su acuerdo con la llamada ‘lucha armada’ que la misma desarrolla, justificándola y despreciando y humillando a los que son perjudicados con la misma», dice el escrito.

Como ejemplo, señala que uno de los carteles que estos grupos han colocado en el barrio de Gràcia «de forma subrepticia y tratando en lo posible de eludir cualquier tipo de control» dice literalmente: «Laura saldrá de la cárcel, pero las causas que la llevaron a luchar y a sufrir el encarcelamiento continúan vigentes».

A juicio del fiscal, tanto Rescat como SAT son «agrupaciones de individuos que no están dadas de alta oficialmente en registro alguno», por lo que están efectuando la convocatoria de este acto «a través de internet y por medio de cartelería, sin comunicación oficial alguna, ni aparición de persona que se erija en organizadora o coordinadora de los mismos». De esta forma, ponen de relieve «su carácter oficioso» y su «deseo de impedir su identificación al objeto de eludir las previsibles responsabilidades penales» que podrían derivarse de la convocatoria.

Tras recordar que la dirección de la banda ordena la justificación de sus crímenes y el ensalzamiento de quienes los cometen, Azcárraga expone como último argumento que en años precedentes las consignas proferidas y exhibidas en actos similares han defendido la condición de «preso político» del etarra que cumple condena y el «ensalzamiento del condenado por el solo hecho de su participación en una acción terrorista».

La Fiscalía se opone en su escrito a la personación en esta causa de la Asocaición Catala de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), al considerar que para obtener la condición de acusación popular debe presentar la correspondiente querella, tal y como hizo la asociación Dignidad y Justicia (DyJ).

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