Xavier Puigdollers Noblom
Xavier Puigdollers Noblom, abogado y profesor de Derecho Civil en la Universidad Abat Oliba

El 20 de noviembre de 1989 supuso un hito en la protección de la defensa de los niños. La Convención de los Derechos de la Infancia, aprobada en aquella fecha por las Naciones Unidas, elevó al rango de derecho positivo una serie de principios que venían recogiéndose en anteriores textos y estableció derechos y obligaciones en favor de la infancia.

El derecho está constituido por normas que facilitan la convivencia humana. En el caso de la infancia, los llamados en derecho menores de edad, necesitan normas que establezcan y protejan sus derechos. Es decir, ellos no conocen la norma y no saben qué pueden reclamar en su favor y normalmente no pueden hacerlo. Aquí el derecho tiene mayor importancia, pues trata de proteger a aquel que no sabe ni puede reclamar protección y obliga a la sociedad en general y a los más cercanos en particular a garantizar esos derechos.

El camino hasta la fecha que conmemoramos fue largo y nada fácil. Reconocer derechos nunca es fácil en una sociedad muchas veces demasiado egoísta, que mira por asegurar el poder del más fuerte, del más rico o del más oportunista. En todo caso el débil siempre queda apartado. En éste caminar, se considera la primera declaración sobre los derechos de los niños la aprobada por la Sociedad de Naciones en 1924. Un texto breve, pero que llama al respeto y al cuidado de los niños. Posteriormente, el 20 de noviembre de 1969 se aprueba por las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos de los Niños. Texto de 10 artículos que reconoce los derechos básicos a la personalidad, la enseñanza, la familia, la libertada de religión u opinión, la nacionalidad, etc. Si bien es un texto importante, es un Declaración y como tal no tiene fuerza efectiva en los ordenamientos jurídicos de los naciones.

Es el 20 de noviembre de 1989, que la Asamblea General de Naciones Unidas, aprueba el texto de la Convención, que en estas fechas celebramos los 25 años. Ahora sí, los estados signatarios se comprometen a incorporarla a su ordenamiento interno y, lo que es más importante, cualquier persona la podrá alegar en defensa de su derecho no respetado. Hasta la fecha, 192 países la han ratificado, convirtiéndose en el texto de derecho internacional más ratificado.

Unos principios básicos inspiran el texto: el reconocimiento de la dignidad de la persona, de su individualidad, de la necesidad de ser protegido y ayudado a crecer para llegar a la vida adulta en condiciones. El derecho a un marco familiar y social estable. También la obligación de los padres, y de la sociedad en general, de proteger  a la infancia. Asimismo, que en todas las acciones en las que esté implicado un menor se deberá tener en cuenta su interés superior. El principio del “interés superior del menor” es básico para entender cómo debe actuarse en caso de conflicto de intereses entre un adulto y un menor. Los responsables de las decisiones deben ser conscientes de la trascendencia y del compromiso que supone.

Podemos agrupar en tres grandes grupos los derechos recogidos en la Convención. Siguiendo el esquema conocido de “las tres p”, podemos citar los derechos de promoción (nombre, nacionalidad, domicilio, educación, salud, juego), los de protección (contra la tortura, los mal tratos, la explotación sexual i económica, los conflictos armados) y los de participación (ser escuchada su opinión, valorar su interés).

Independientemente de la obligación de los Estados que lo han ratificado de incorporar a su ordenamiento interno los derechos reconocidos y protegidos a la infancia, se establece un Comité Internacional con la misión de observar y de emitir un informe sobre el estado del respeto de los derechos de los niños en el mundo.

La norma jurídica no basta con que exista, hay que aplicarla. Para aplicarla hay que conocerla y estar en condiciones de alegarla. En general muy lejos queda a la infancia esas posibilidades a no ser que alguien la atienda y vele por sus intereses. El respeto de los derechos de la infancia trasciende, entonces, a la norma jurídica. Asumir sus contenidos supone conocerlos, pero supone también adoptar una actitud frente a unas situaciones determinadas. Supone estar activo frente a situaciones de abusos o de falta de respeto al débil. En el fondo no hay que ser jurista, sino que hay que ser sensible a las necesidades de los demás.

La Convención ha sido ampliada posteriormente con tres protocolos. El primero relativo a la participación de los niños en conflictos armados. El segundo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. El último, en fecha reciente, establece la posibilidad de que sean los mismos niños quienes se dirijan directamente al Comité Internacional, denunciando la situación de riesgo en la que se encuentran y solicitando su protección. Sintomático que deba de pensarse que sean los mismos niños los que reclamen la protección. Es el reflejo de los fallos y lagunas que existen internacionalmente y la falta de garantías en mucho países para la protección de sus derechos.

Asumamos como familiares, la obligación de querer y respetar a nuestros menores; como ciudadanos, la de promover el conocimiento de sus derechos y como juristas, su aplicación práctica y su respeto. Qué mejor obligación que la de respetar el derecho de los más débiles. Los niños lo agradecerán.


Xavier Puigdollers Noblom, abogado y profesor de derecho civil de la Universidad Abat Oliba CEU

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