No a las tasasA los dos años de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales, la Abogacía institucional sigue exigiendo la “inmediata retirada de la Ley de Tasas Judiciales, por consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia de un gran número de ciudadanos”. A su vez, la Confederación Española de Abogados Jóvenes ha liderado una concentración, este jueves, ante las puertas del Ministerio de Justicia para protestar contra las tasas judiciales, que ha contado también con el apoyo del Consejo General de la Abogacía.

Los letrados han leído un manifiesto en el que solicitan la derogación inmediata de la Ley de Tasas y, de forma subsidiaria, una reforma consensuada con todos los operadores jurídicos de la que se excluyan a personas físicas y pymes, con el objetivo de “evitar que se sigan vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos.”

“Transcurrido dos años desde la publicación en el BOE de la Ley de Tasas se han confirmado los peores augurios sobre su aplicación”, asegura el CGAE. Según el Consejo, la Ley ha materializado una “injusta barrera” para el acceso a la Justicia y una “considerable brecha” en el Estado de Derecho. Además, la abogacía considera que “se ha privado a nuestros jueces y magistrados del conocimiento de miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos”.

Magistrados, fiscales, abogados y secretarios judiciales han alertado del efecto disuasorio provocado por las tasas y dos años después de su aprobación y critican que los 512 millones de euros recaudados hasta julio de 2014 no se ha destinado, como prometió el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a mejorar la asistencia jurídica gratuita, como han denunciado comunidades autónomas con competencias en Justicia. “El objetivo de la Ley de Tasas es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la Justicia por los ciudadanos. El resultado más preocupante es la liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, concreta el CGAE, que vuelve a hacer un llamamiento al Tribunal Constitucional para agilizar su respuesta.

Rechazo de la sociedad y recursos de inconstitucionalidad

A pesar de la reforma de las tasas por el Ministerio de Justicia en febrero de 2013, la Plataforma Justicia para Todos, impulsada por la Abogacía y en la que participan el Consejo de Consumidores y Usuarios, los sindicados CCOO, UGT, CSI-F, USO y STAJ, asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales, mostraron su rechazo a la modificación de la Ley de Tasas por considerarla que seguía siendo una barrera al derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la Justicia.

La Abogacía expresó su oposición a la reforma ahora vigente porque no modificó la cuantía fija de las tasas (hasta 1.200 euros), ni la aplicación de la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos, que tienen que abonar hasta 2.800 euros por un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación ante el Tribunal Supremo, además de mantener la inclusión de las personas físicas en este tributo.

No sólo los operadores jurídicos han rechazado la imposición de tasas judiciales, también la mayoría de los ciudadanos (83% de los españoles), según un sondeo de Metroscopia, considera que no hay razones que justifiquen el pago previo de una tasa para acudir a la Justicia, y un porcentaje similar (79%) cree además que los importes establecidos en la Ley son excesivos.

Además, hay cinco recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat de Cataluña, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que consideran que las tasas son un impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva.

Además, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo adoptó un acuerdo no jurisdiccional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en recursos de suplicación y casación

Rafael Catalá ofrece diálogo y consenso

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado en varias ocasiones que una de sus prioridades es el “análisis” y la “mejora” en la aplicación de las nuevas tasas judiciales y ha dicho que buscará “un sistema equilibrado y proporcionado que no impida el acceso a la Justicia”, si bien ha descartado su derogación, como piden la mayor parte de profesionales jurídicos. Para la Confederación Española de Abogados Jóvenes, las declaraciones del ministro son “inaceptables” pues “cada día que pasa más ciudadanos ven impedido el acceso a la justicia por no poder hacer frente a las desorbitadas cuantías que se les requieren en concepto de tasa judicial, vulnerando así los artículos 14, 24.1 y 119 de nuestra Constitución”.

Según Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, los cambios ya anunciados por el ministro a todos los operadores jurídicos –y los que enumeró Catalá en su comparecencia ante el Pleno del Consejo el pasado día 8 de octubre- van en buena dirección, aunque deben confirmarse, pero no son suficientes.

Rechazo en Europa

La oposición a las tasas judiciales también ha contado con el rechazo de la Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE), que durante su Congreso Anual en Frankfurt en 2013, aprobó una resolución calificando las tasas como “totalmente desproporcionadas” y expresando su “total rechazo a la normativa aprobada por el Gobierno español”.

La institución, que agrupa a más de 800.000 abogados europeos, considera que dicho tributo “supone una clara limitación al acceso a la Justicia haciendo inviable la tutela judicial efectiva consagrada tanto en la Constitución Española como en los tratados internacionales”.

Por su parte, el Gobierno francés ha eliminado desde enero de 2014 las tasas judiciales de 35 euros que se cobraban a las personas físicas desde la entrada en vigor de la Ley de Finanzas de 29 de julio de 2011. La ministra de Justicia, Christiane Taubira, ha reconocido que las tasas judiciales habían supuesto una “penalización a las personas más vulnerables y una restricción de su acceso a la Justicia”.

4 Comentarios

  1. Otra manera injusta de apretar al mas necesitado. Tan injusta que hasta los” juristas” están en contra.
    Un sistema tan corructo y opresor es lo mas comparable con el garrote vil. Mas nos vale despertar de este letargo social en el que vivimos.

  2. La noticia está incompleta pues omite lo más importante de ese día. Abogados y otros juristas y ciudadanos no juristas integrantes del Movimiento T organizaron actos ese día para evidenciar y comunicar el problema de las tasas, tanto en redes sociales como con un seminario y un posterior acto y lectura de comunicado en salón cedido por el ICAM

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