Por Manuel J. Martín Domínguez, Derecho del Deporte, Gómez-Acebo & Pombo.

Todos los que formamos parte de la sociedad española estamos sufriendo, de una u otra forma, las consecuencias de la crisis actual, ya sea en forma de pérdida de empleo o ingresos, ya de incremento del gasto por aumento de la fiscalidad. Y el mundo del deporte en general y el del fútbol en particular, no pueden representar una excepción.

El pasado 21 de septiembre, el Congreso de los Diputados acordó instar al Gobierno a que ponga en marcha nuevas medidas para que los clubes de fútbol sufraguen sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Tal requerimiento deriva de la proposición no de ley que el 10 de junio del año en curso fue aprobada por el Congreso de los Diputados a propuesta del Grupo Parlamentario Mixto y de la posterior interpelación urgente que hizo el diputado del BNG, don Francisco Jorquera, sobre las medidas que el Gobierno piensa impulsar para favorecer la transparencia y la contención del gasto en el fútbol profesional.

En concreto y entre otras, las actuaciones que el Congreso solicita del Gobierno con respecto a cuestiones económicas que afectan al fútbol español, son las siguientes:

– La puesta en marcha de medidas encaminadas a que los clubes de fútbol sufraguen la deuda contraída con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

– Promover un proceso de diálogo con la Liga de Fútbol Profesional e impulsar medidas de control para conseguir el equilibrio presupuestario de los clubes y su solvencia, estableciendo, si fuese necesario, límites en el gasto por fichajes y salarios de jugadores.

– Presentar en el Congreso, en el plazo más breve posible, el Proyecto de Ley de Reforma del Deporte Profesional.

Sea como sea, y resulte lo que resulte de esta interpelación, lo cierto es que la crisis económica actual afecta a todos los sectores y empresas del país. En algunos casos, los menos, será esta crisis la culpable de generar o desencadenar la situación de desequilibrio financiero que afecta a algunos clubes y sociedades anónimas deportivas; en otros, los más, se le podrá imputar sólo su empeoramiento, por cuanto la dolencia viene arrastrándose de lejos.

Lo cierto es que muchas de estas entidades no han gestionado con responsabilidad y profesionalidad sus recursos, destinando a fichajes de jugadores y salarios cantidades que no podían permitirse, obligándoles a contraer deudas a medio y largo plazo, a las que muchas de ellas no han podido hacer frente, dando lugar a una situación insostenible. Así lo pone de manifiesto José María Gay de Liébana, profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona y autor de un estudio sobre los resultados económicos obtenidos por los integrantes de la Liga de Fútbol Profesional en la temporada 2008-2009, presentado en julio pasado. Sólo unos datos:

– Ingresos de explotación: 1.455 millones de euros entre todos los clubes, de los cuales, más de la mitad (767,7 millones) corresponden al Real Madrid CF y al FC Barcelona.

– El 39% de los referidos ingresos de explotación (560 millones de euros) procedieron de los derechos de televisión, de los cuales 279 millones (el 49,82%) fueron a parar al Real Madrid CF y al FC Barcelona, repartiéndose los 281 millones restantes entre los demás clubes.

– Los gastos de explotación, 1.704 millones de euros, representaron el 117% de los ingresos totales, destinándose 924 millones (54,2%) al pago de jugadores y personal, cantidad que representa, a su vez, el 63,5% de la totalidad de los ingresos. El propio Profesor Gay se encarga de poner énfasis en una obviedad: «No se puede gastar más de lo que se gana, es una regla esencial para la supervivencia económica».

Por lo que se refiere a la deuda de los clubes y sociedades anónimas deportivas del fútbol, su importe asciende a 3.526 millones de euros, que representa el 92% de los sus activos, siendo su deuda a corto plazo mayor que sus activos circulantes, y en muchos casos sus activos inferiores a sus pasivos exigibles. Una parte importante de esta deuda corresponde a pagos dejados de efectuar a la Agencia Tributaria (627,27 millones de euros a 31 de octubre de 2008) y a la Seguridad Social (4,92 millones de euros a 31 de diciembre de 2008). Y, mientras tanto, el Gobierno aprueba medidas «anticrisis» que conllevan aumento de la presión fiscal, con el objetivo de incrementar la recaudación, así como otras destinadas a reducir el gasto. Pues bien, las deudas de los clubes de fútbol con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social suponen, aproximadamente, el recorte de gasto marcado por el Gobierno en el plan de ajuste para el año 2010.

A pesar de que el pago por los clubes de las cantidades adeudadas al Estado podría suponer un alivio para las arcas de éste, lo cierto es que, hasta el momento, los distintos gobiernos han sido tolerantes con los clubes de fútbol, no mostrando una especial preocupación en reclamar lo que debían.

Precisamente en la supervivencia económica a que se refería el Profesor Gay se basan las nuevas reglas de «juego limpio financiero» aprobadas por el regulador futbolístico europeo, la UEFA, y que tienen por objetivo obligar a los clubes a financiar sus actividades con los recursos generados por ellos mismos. Se ha creado, además, un Comité de Control Financiero que tendrá como primer objetivo asegurarse de que todos los clubes pertenecientes a federaciones asociadas a UEFA se adhieran a las exigencias contenidas en estas normas, que tendrán un período de implementación entre 2010 y 2012, siendo de obligado cumplimiento a partir de la temporada 2013-2014. A partir de ese momento, su cumplimiento será exigible junto con el de los restantes elementos a tener en cuenta por UEFA para el otorgamiento a los clubes de la correspondiente licencia para participar en competiciones organizadas por el organismo europeo, como el de no mantener deudas con sus empleados, con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social.

En otros países de nuestro entorno europeo, con ligas también potentes, ya se han implantado algunas medidas de este tipo. En Italia, cada tres meses se realiza un examen a los equipos para verificar si han satisfecho los pagos de los salarios de sus jugadores. Cada 30 de junio son sometidos, además, a un control general, y si se deduce que un club presenta números rojos, es descendido de categoría. En Inglaterra, si un equipo solicita la declaración de concurso –recurso cada vez más utilizado por las sociedades anónimas deportivas españolas para evitar su posible desaparición-, se le restan puntos automáticamente (los últimos ejemplos son los del Luton Town y el Portsmouth). Además, las cantidades percibidas por los agentes de futbolistas se hacen públicas (la temporada pasado la cifra ascendió a noventa millones de euros).

En España, la única norma «disuasoria» que podría guardar relación con la propuesta aprobada por el Congreso, es la que prevé el descenso de categoría para aquellos clubes que mantengan deudas con sus jugadores en concepto de salarios en una fecha determinada, antes del comienzo de cada temporada. No obstante, ya se han producido conversaciones para valorar otras medidas a implantar, estando sobre la mesa la posibilidad de restar puntos a los equipos cuyos clubes comenzaran una temporada con deudas. El número de puntos a deducir iría incrementándose según se mantuviera en el tiempo esa situación, pudiendo desembocar en la pérdida de categoría si ese mismo escenario existiera al inicio de la siguiente temporada.

Por otra parte, el informe elaborado por la Subcomisión sobre el Deporte Profesional en España a la finalización de sus trabajos, en abril de este mismo año, se hace eco expresamente de la «importante problemática económica que afecta al fútbol profesional», de «los altísimos costes que suponen los jugadores» y de las sugerencias referentes al establecimiento de límites directos («límites legales a los sueldos de los jugadores de fútbol») e indirectos («imposición de una cifra máxima del presupuesto de la entidad deportiva que constituya el límite que se pueda gastar en sueldos de los deportistas»).

Las conclusiones alcanzadas por la referida Subcomisión en esta cuestión son, entre otras, las de instaurar un sistema de supervisión económico-financiera que valore, en determinados supuestos, la posibilidad de limitar la capacidad de gasto de algunas organizaciones deportivas, fije requisitos económico-financieros para la participación en competiciones profesionales, «asegurando que no existe deuda con las administraciones ni con los deportistas» y sirva para adoptar decisiones sobre la continuidad en la competición profesional de quienes superen determinados ratios de endeudamiento.

Destaca también el informe la conveniencia de que la futura ley reguladora del deporte profesional impulse la autofinanciación de éste, reduciéndose el importe de las ayudas públicas, que deben destinarse prioritariamente al deporte de base, la formación deportiva y el deporte vinculado con los hábitos de vida saludable.

Como hemos indicado al comienzo, el Congreso de los Diputados empieza ya a reclamar un borrador de la nueva normativa sobre deporte profesional, deseoso, como estamos muchos, de conocer la forma en que se concretarán las conclusiones alcanzadas por la Subcomisión sobre el Deporte Profesional en España y comenzar a valorar el grado de eficacia que tendrán en la práctica. Mientras tanto, parece que hay intención de que los clubes de fútbol atiendan el pago de sus deudas.

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