Por Luis Murillo, socio de Cuatrecasas Goncalves Pereira.
El nuevo sistema de financiación de TVE, que ha venido ligado a la decisión de la desaparición total de la publicidad en el canal público estatal, ha establecido, como compensación, unas denominadas “aportaciones”, en concreto dos, una para los operadores de telecom, y otra para las televisiones privadas de ámbito estatal.
Desde mi punto de vista la desaparición total de la publicidad en TVE es una decisión, en cierto modo, polémica por cuanto parece asumir, como algo lógico y correcto, que el canal público no debe tener publicidad. Esta era una lógica reivindicación de las televisiones privadas agrupadas en UTECA pero, jurídicamente hablando, la televisión pública no se hallaba obligada a un abandono total del recurso publicitario. Hemos de recordar que el art. 128.2 de nuestra Constitución reconoce la libre iniciativa pública en la actividad económica y que, desde el punto de vista del derecho comunitario, la doble financiación, pública y privada, de una TV pública está permitida siempre y cuando la financiación pública se limite a las obligaciones de servicio público y haya una clara separación y transparencia en las cuentas. Por otra parte, en el sistema español vigente las televisiones públicas autonómicas siguen emitiendo publicidad por cuanto, como hemos dicho anteriormente, es perfectamente posible y legítimo hacerlo.
Prescindir de dicho recurso por las Televisiones públicas autonómicas, y más en este momento, es algo, como poco, complicado. La ley de financiación de TVE ni alcanza ni puede alcanzar a las TV autonómicas por una pura cuestión de reparto de competencias. Es más, en muchas de las autonomías que hoy en día cuentan con una Televisión pública, significativamente las autonomías menos pobladas, esta televisión suele ser el único canal de cobertura netamente autonómica, el único canal que cubre, fuera de TVE, todo el territorio, por tanto para los anunciantes del territorio, la publicidad en la TV pública autonómica es una posibilidad de promoción de sus productos y servicios bastante interesante, y mucho más factible que la de las Televisiones privadas de ámbito nacional.
Pero volviendo al sistema de la Ley de financiación, el Estado ha sustituido para TVE la financiación publicitaria por un sistema de “aportaciones”, en concreto dos: una de los operadores de telecom y otra de las televisiones privadas de ámbito estatal. El sistema fue ya criticado en el proceso de elaboración de la ley pero, finalmente, fue aprobado. Su filosofía se sustenta en que los beneficiados por la desaparición de la publicidad deben compensar al canal público mediante estas “aportaciones”.
Ahora bien, es de señalar que el sistema, que obedece a ese principio de compensación, es necesariamente incoherente en sí mismo puesto que las televisiones privadas y públicas de alcance inferior al estatal también se benefician, en teoría, de la desaparición de la citada publicidad y, sin embargo, no deben aportar nada. Decimos que es necesariamente incoherente por cuanto la competencia del Estado no alcanza como para obligar a estas televisiones, al menos a las públicas autonómicas, al pago de esta singular aportación.
Sentado lo anterior, hay que indicar que, además, sectores entendidos en la materia han cuestionado que la desaparición de la publicidad en TVE haya supuesto un incremento notable en la publicidad de las otras televisiones, y ello por cuanto si un anunciante tenía colocada publicidad en todos los canales publicitarios por la simple desaparición de uno de ellos como soporte no va a redoblar esfuerzos en los otros. Nos parece un argumento un tanto simple pero no exento de cierta racionalidad y que, probablemente en esta época de grave crisis económica, habrá tenido mayor incidencia que si se hubiera tomado la decisión en tiempo de bonanza. Finalmente la justicia de la Unión Europea está dilucidando si nos encontramos o no ante una ayuda de Estado, es decir ante una ayuda financiera que no entra dentro de la normativa de los tratados por ser contraria a los principios de libre mercado y competencia de la Unión.
Este es un debate muy técnico en el que se entremezclan todo tipo de cuestiones y sobre el que, siendo prudentes, no se puede aventurar nada. Esto no obstante, el sistema se ha montado para financiar a un solo operador a cargo del resto y en base a una teoría un tanto cuestionable, las posibilidades de que el sistema salga de su enjuiciamiento con más de algún cambio, visto todo lo anterior, están abiertas.
