Por Jesús Sanmartín Mariñas. Presidente del REAF- CGCEE

 

En primer lugar, hago notar que, en el título, la palabra imperiosa se escribe con minúscula, por lo que queda claro que no me estoy refiriendo a una yegua que compartiera cuadra con el equino que fue propiedad de D. Jesús Gil, sino a una reforma que me parece necesaria y urgente.

Ya en serio, en estos momentos, cuando tenemos recientes tres recortes de gastos y sendas subidas de impuestos, en diciembre de 2011, marzo y julio de este año,  una de las últimas balas, antes de tocar las pensiones, puede que sea la reforma del Impuesto sobre Sociedades. Ya no se trata solo de la necesidad de simplificarlo o de corregir deficiencias técnicas de un tributo cuya norma original data de 1995 y que ha sido modificada en innumerables ocasiones, se trata de que este Impuesto llegó a recaudar en 2007 casi 45.000 millones de euros y en 2010 solo 16.600 (reducción de casi el 63%), y esta reducción no se corresponde con la disminución de beneficios de las empresas que, evidentemente se ha producido, pero no en esa proporción, ya que el resultado contable positivo ha bajado menos de un 20%.

 

Nos imaginamos que parte de esta pérdida de recaudación trae causa de las modificaciones fiscales como la libertad de amortización o la reducción de tipos para las micropymes y de una mayor utilización de incentivos fiscales, en base y en cuota.

Para hacernos una idea de lo que está sucediendo, hemos acudido a la Memoria de Recaudación y constatamos que el tipo efectivo de gravamen ha pasado del 23,3% al 16,7%, de 2006 a 2010, llegando en este último año a ser de solo el 9,9% si medimos el tipo efectivo en relación al resultado contable positivo, llegando en 2009 los ajustes negativos, para calcular la base partiendo de la cuenta de pérdidas y ganancias, a sumar 70.000 euros. Y mientras, los tipos nominales se encuentran entre los más elevados de nuestro entorno, lo cual hace menos atractivo este país a la inversión extranjera.

Esta situación del tributo se enmarca en un panorama de crisis de las finanzas públicas, con ingresos a la baja en el resto de figuras fundamentales de nuestro sistema impositivo y con unos gastos de las Administraciones que, a pesar de los recortes, crecen por impulso de los intereses de la deuda y por las prestaciones al desempleo, fundamentalmente.

En la parte presupuestaria de los ingresos ya se ha subido el IRPF, en varias ocasiones, por el Estado y por las Comunidades Autónomas y, en el IVA, ya vamos por la segunda subida de tipos desde 2010.

Mientras tanto, ¿qué se ha hecho en el Impuesto sobre Sociedades?

Si nos remontamos a agosto pasado vemos que, con efectos 2011, 2012 y 2013, se redujo la deducibilidad del Fondo de Comercio Financiero puesto de manifiesto en la adquisición de filiales extranjeras, del 5 al 1%; que se recortó a la empresas con facturación superior a 20 millones de euros la posibilidad de compensar bases negativas de ejercicios anteriores (BIN´s); y que para esas grandes empresas se subió el porcentaje de los pagos fraccionados del 21 al 24 ó al 27%, este último tipo para las de más de 60 millones de facturación.

En marzo pasado se da otra vuelta de tuerca y se rebaja la deducibilidad, ahora del Fondo de Comercio que surgió en la adquisición de empresas o en procesos de reestructuración empresarial, también del 5 al 1%; se limita la deducibilidad de gastos financieros inferiores a 1 millón de euros o, pasando de dicho importe; se introduce un límite del 30% del beneficio operativo para las entidades que forman parte de un grupo, a la vez que se suprime de raíz la deducción de los derivados de la adquisición de participaciones de entidades que se haya hecho a empresas del grupo; y con efectos para los pagos fraccionados correspondientes a 2012 y 2013, para empresas con facturación mayor de 20 millones de euros, se establece un límite mínimo a ingresar en los pagos fraccionados que, en general, es del 8% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias después de deducir las BIN´s.

Por último, a mediados de julio, se generaliza la limitación a deducir gastos financieros a todo tipo de empresas, formen o no parte de un grupo; se reduce del 10 al 2% la deducción del valor de los intangibles de vida indefinida; y se vuelve a reducir el importe de la compensación de las BIN´s a las grandes empresas, del 50 al 25% y del 75 al 50% de la base previa. En los pagos fraccionados que restan de 2012 y de 2013 se incrementan los porcentajes nuevamente para empresas con facturación superior a 20 millones de euros y se sube el límite mínimo en función del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias al 12%, dejando restar solo los pagos fraccionados realizados con anterioridad.

Por lo tanto, todos los cambios introducidos en estos últimos tiempos podemos decir que se han realizado para amortiguar la caída de recaudación aunque, en algunos casos como en el de los pagos fraccionados, solamente servirá para adelantarla.

Sin embargo, a pesar de que nos encontramos en medio de una coyuntura tremendamente adversa, en la que los problemas demandan soluciones urgentes y la gravedad de la situación dificulta el necesario proceso de reflexión, al menos en este impuesto sí que parece conveniente abordar una reforma en profundidad.

La norma que lo regula, un Texto Refundido que ya se parece poco a la Ley de 1995 que refunde, está plagada de regímenes especiales y de múltiples deducciones que están sometidas a un calendario de reducción y desaparición, habiéndose dado marcha  atrás en esta línea en algunos casos. Por ello, sería deseable simplificar el tributo para conseguir seguridad jurídica y neutralidad. Seguro que tendríamos un impuesto mejor si el régimen general del mismo fuera el que aplicaran la mayor parte de los sujetos pasivos y si concentráramos los incentivos en un par de ellos y con cierta potencia, eliminando todos los demás. En este sentido apuntamos mantener algo relativo a I+D+i y regular un incentivo a la inversión.

También existen aspectos técnicos mejorables como las tablas de amortización, demasiado detalladas y, para algunos elementos, obsoletas, la misma regulación de la deducción de gastos financieros que se ha introducido de forma un tanto atropellada, o la documentación que se exige a las operaciones vinculadas que debería reducirse al mínimo cuando no intervengan partes no residentes o, al menos, establecer unas valoraciones seguras para las operaciones más habituales.

 

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