El encierro obligatorio en el domicilio es un factor que ha incrementado el riesgo de agresión y, al mismo tiempo, dificultar la presentación de denuncias a las mujeres. Según los datos del Observatorio correspondientes a 2018, último año del que se disponen estadísticas, el domicilio familiar fue el escenario del 83,3 % de los casos de asesinato de mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

Por esta razón, indica Ángeles Carmona, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, es muy importante la implicación de los ciudadanos, cuya actuación puede llegar a salvar vidas. En 2019, las denuncias por violencia de género presentadas por terceros experimentaron un tímido incremento –fueron el 5,40 % del total-, tendencia al alza que, según ha afirmado la presidenta del Observatorio, es muy importante mantener en estos días de crisis sanitaria.

Durante los tres primeros meses del año, 17 mujeres han sido asesinadas en el ámbito de la pareja o ex pareja, una cifra similar a la del mismo periodo del año pasado, cuando –según los datos de la Delegación del Gobierno- fueron asesinadas 15.

Funcionamiento normal de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer

En estas semanas los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han seguido funcionando con normalidad. La actividad de estos órganos judiciales ha sido incluida por el Consejo General del Poder Judicial en el listado de servicios esenciales en la Administración de Justicia, lo que implica que deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección, así como cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores.

Los acuerdos e instrucciones dictados por el CGPJ durante la crisis sanitaria han establecido además, para la totalidad de órganos judiciales, que se consideran esenciales todas las actuaciones judiciales que, de no practicarse, pudieran causar un perjuicio irreparable; los internamientos urgentes del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y la adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores del artículo 158 del Código Civil.

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