Paco Solans.Presidente Sección de Extranjería. Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV)
Valencia ha tenido el honor de acoger, a principios de Junio, el XXII Encuentro de la Abogacía sobre Derecho de Extranjería y Asilo que ha conseguido reunir a más de 200 abogados especializados en esta materia de todos los puntos de España. Ha sido éste un encuentro enriquecedor por el intercambio de experiencias, formación y por propiciar el diálogo y el análisis, pero sobre todo, porque ha dejado claro que la abogacía debe estar muy pendiente del respeto a los derechos del colectivos de ciudadanos extranjeros, sobre todo por la actual coyuntura económica.
El Encuentro ha propiciado una reivindicación, que este año se ponga especial énfasis en reforzar la asistencia jurídica y la defensa en aquellos casos en que los extranjeros vean comprometida su libertad, tales como detenciones administrativas, internamientos en CIES o detenidos cautelarmente para ejecutarla expulsión. Losabogados hemos coincidido en ofrecer una valoración claramente negativa acerca de los CIES. Son centros penitenciarios encubiertos, con peores condiciones y derechos que las cárceles y donde se potencia la indefensión del interno dificultando la comunicación con letrados y el acceso a su documentación.
Los jueces tienen un marco demasiado amplio de interpretación de la Ley de Extranjería, que ha sido reformada y que, desde el punto de vista técnico, es de mala calidad. La reunión de abogados concluyó con una denuncia: la falta de una doctrina común en las salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma. La aplicación dispar de la ley, aún cuando se trate de los mismos supuestos, genera no sólo complicaciones en el trabajo de los abogados, sino que también deriva en la indefensión de los inmigrantes.
Asímismo, se han detectado una serie de intolerables situaciones burocráticas y dispersión de criterios que están provocando injusticias flagrantes. Actualmente existen 300.000 expedientes de nacionalidad por memoria histórica sin resolverse y para resolver un expediente normal, la demora suele superar los dos años.
También se ha detectado que el acceso al Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo de derechos fundamentales se hace necesario en cada vez más ocasiones y, sin embargo, las dificultades formales para poder alcanzar una admisión son cada vez mayores, lo que supone un menoscabo de los derechos humanos en nuestro país.
Asímismo, los abogados han reconocido que la crisis ha favorecido la implantación de multas en lugar de expulsiones hacia los llamados “sin papeles”, pero sigue habiendo una enorme dispersión territorial en los criterios utilizados, situación que genera una gran inseguridad jurídica. En opinión de los letrados españoles participantes en el Congreso, es fundamental potenciar la formación entre las fuerzas policiales, con el fin de evitar abusos, cuando no actuaciones ilegales, en detenciones, medidas cautelares y procedimientos, así como en registros informáticos.
Otra de las conclusiones hizo referencia al arraigo, que en opinión de la abogacía, debe hacerse más accesible para evitar bolsas de irregularidad que conducen a marginación y discriminación. En este sentido, es importante reconocer que muchos inmigrantes encausados están sufriendo indefensión en sus procesos debido a traducciones incorrectas. La ausencia de garantías por deficientes interpretaciones origina que haya justiciables de primera, -los hispanohablantes- y de segunda clase, los que no hablan español.
En este terreno, cabe destacar que la abogacía ha ejercido un papel valiente, haciendo un importante esfuerzo formativo en materias tales como el Asilo, Tribunal Constitucional, Derecho de la Unión y Derechos Humanos, conscientes de que los extranjeros suelen convertirse en los primeros “chivos expiatorios” de la crisis.
Nuestro Ilustre Colegio de Abogados, es un colegio especialmente activo en la defensa de los derechos humanos en general y en particular, de los inmigrantes y prueba de ello es que siempre ha contado con un representante en la Subcomisión de Extranjería del Consejo General dela Abogacía Española desde su constitución y siempre se ha preocupado por fomentar las acciones formativas en esta materia. Todo con un fin último: que la Justicia ofrezca a los inmigrantes las mismas garantías procesales que a los españoles.
