Por Lorenzo Amor, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA

Hablar del problema de la morosidad en España es hablar de uno de los tres vértices del triángulo de las Bermudas que, junto a la caída de la actividad y a la falta de crédito, son las causas de que en España hayan desparecido más de 350.000 autónomos desde que comenzó la crisis. Se da el caso de que, por lo menos, uno de cada cuatro cierres de negocios que se han producido en estos últimos cuatro años ha sido por culpa de la morosidad, principalmente de las administraciones públicas y, concretamente, de los ayuntamientos.

Como todo el mundo sabe, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, llevaba años denunciando que, en España, muy pocos pagaban en tiempo y forma, sobre todo a los autónomos que son el último eslabón y el más débil de la cadena productiva. Padecíamos la funesta cláusula de “salvo pacto entre las partes” que les servía a las grandes empresas y a muchas administraciones para incumplir la Ley de Morosidad vigente en España desde abril del 2004. Aunque la norma establecía que los pagos se harían en 30 días y excepcionalmente a los 60 días, la letra pequeña, la famosa cláusula de salvo pacto en contrario, era impuesta sin misericordia por la parte más fuerte del contrato y los plazo de pago se alargaban hasta los 158 días de media en el sector público y hasta los 101 días en el sector privado, situando a España en el segundo puesto del ranking de plazos de pagos más dilatados de toda Europa, sólo superado por Grecia.

La Federación ATA exigió a los partidos políticos la reforma de la Ley de Morosidad que, no sin mucho esfuerzo, a base de largas negociaciones y soportando la oposición de algunos grandes lobis empresariales, se logró finalmente en el 2010. Aunque se ha suprimido la famosa cláusula y se ha vuelto a establecer unos nuevos plazos de pagos escalonados para el sector privado y para el sector público, he de lamentar y los autónomos de España más que nadie, que la norma no se está cumpliendo en absoluto. Aún nos deben más de 15.500 millones de euros, cantidad equivalente a la mitad de lo que necesita España para rebajar su déficit al 4% del PIB como se ha propuesto este Gobierno.

Es paradójico que la propia administración, que debería ser la valedora de las leyes de este país, sea la principal insumisa de la reforma y se resista a pagar a 40 días como le exige la norma, provocando la mortandad de multitud de pequeños negocios que han realizado servicios o vendido productos a grandes corporaciones o a ayuntamientos y después se han visto defraudados con la realidad de que no los cobran ni, muchas veces, tienen expectativas de hacerlo.

Según una encuesta del Observatorio del Trabajo Autónomo realizada hace escasamente mes y medio, el 62% de los microempresarios españoles se han visto afectados este año por la morosidad pública o privada. Seis de cada diez autónomos sigue cobrando a más de 180 días y un 29% a más de un año. Aunque no existe ya la famosa cláusula de salvo pacto entre las partes, algunas grandes empresas utilizan subterfugios para saltarse la ley y las administraciones directamente la incumplen.

La reforma aprobada en el 2010 obligaba al Gobierno a establecer una Línea ICO para que los ayuntamientos pudieran hacer frente a sus obligaciones de pago con sus proveedores. El anterior Ejecutivo, incumpliendo la norma, tardó un año en ponerla en marcha y aún muchos ayuntamientos siguen sin acogerse a ella. No hay que olvidar que el 90% de las administraciones locales españolas demoran el pago a sus proveedores y sólo un escaso 10% cumplen la ley, con una mención especial para el ayuntamiento de Pamplona que está pagando en alrededor de 30 días.

Es bien sabido que hubo una línea ICO para ayuntamientos anterior, que fracasó estrepitosamente porque los consistorios se negaban a tomar en razón las facturas que les presentaban los autónomos no fuera a ser que al año siguiente el Estado les concediera menos financiación. Eso pudiera estar sucediendo también hoy en día. Tenemos algunos casos de afiliados a la Federación que avalan esta suposición.

La nueva ley también exigía que el Interventor General del Estado, las comunidades autónomas y los tesoreros de las corporaciones locales elaborasen trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de la ley que debe incluir obligatoriamente el número y la cuantía global de los pagos pendientes a proveedores. A esta federación no le consta en absoluto que se esté haciendo lo que supondría un nuevo incumplimiento de la norma y un nuevo palo en las ruedas sobre el control necesario de lo que nos adeudan a los autónomos.

El año que viene finaliza el periodo transitorio establecido por la reforma de la Ley de Morosidad y el sector público deberá abonar sin excusas sus facturas en 60 días, la administración en 30 días y las constructoras de obra pública a 60 días. Para que esto sea así son imprescindibles dos medidas que desde ATA hemos venido demandando desde hace más de un año. Por un lado, y dirigido principalmente a las empresas que subcontratan productos y servicios a los autónomos, un régimen sancionador que penalice los incumplimientos de la ley, algo que adoleció desde un principio la norma aprobada en el 2010 por el Parlamento. Es imposible que se cumpla una ley si el infractor no pierde nada con ello y la carga de la prueba recae en el autónomo. En el caso de las administraciones públicas, es absolutamente necesario un control del gasto para que equilibren sus cuentas y puedan pagar lo que deben. Además, no vendría mal instaurar en los ayuntamientos la buena práctica de contratar únicamente lo que pueden pagar, sistema simple pero eficaz para no dejar colgados a tantos autónomos que trabajan para ellas.

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