Hace unos días, la presentación de la cuarta edición del Observatorio de la Actividad de la Justicia, iniciativa promovida por la Fundación Wolters Kluwer congregó a múltiples expertos y juristas de nuestro panorama legal. En una mesa redonda en la que participaron, Enrique Lopez, Magistrado de la Audiencia Nacional; Luis Rodriguez Ramos, vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Rosalina Díaz, presidenta de la citada fundación; Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ y Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General del Procuradores (ver segunda foto)   se analizó la situación de nuestra justicia en el momento de crisis y se advirtió  el gran espíritu de colaborador de todos los operadores jurídicos para remar en la misma dirección:” Que el número de asuntos sin resolver durante el 2010 alcance el 15 por ciento del total revela que el sistema está llegando a su límite, explica a DIARIOJURIDICO, Enrique López, director de este Observatorio. Desde su perspectiva:”  La solución no pasa únicamente por el aumento del número de jueces ni de personal al servicio de la administración.  Hay que hacer un estudio serio de la reorganización, no solo competencial que se ha hecho desde la Oficina Judicial sino incluso territorial.”

Desde hace cuatro años esta entidad viene realizando una completa radiografía de la situación de la justicia española, identificando sus disfunciones y proponiendo algunas líneas de actuación:” En este sentido las medidas que se vayan a tomar deben estar encaminadas, en primer lugar, a reducir la litigiosidad en España, una de las más altas de Europa. De forma paralela creemos que hay que organizar mejor todos los efectivos materiales y humanos de nuestra justicia y tratar de mejorar los instrumentos que se creen para su gestión, ”señala López.  En su opinión resultaría fundamental aplicar criterios de gestión de la empresa privada al propio modelo la justicia, en un momento de ajuste provocado por la crisis europea que también afecta a nuestro país:” Se trata de optimizar el funcionamiento del sistema y para ello se pueden utilizar dos armas; reducir el número de asuntos que se tramitan ante los juzgados y la otra supone racionalizar los medios personales para así también optimizar su rendimiento.”, comenta

Enrique López López  es Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Fue Vocal-Portavoz del Consejo General del Poder Judicial (2001 a 2008), periodo en el que se puso en marcha una amplia política de comunicación en todo el territorio nacional desarrollando gabinetes de comunicación en todos los Tribunales Superiores de Justicia. Ha sido además Letrado del Consejo General del Poder Judicial (1998-2001),  donde ejerció los cargos de Jefe de Sección del Servicio de Formación Contínua y Jefe del Gabinete Técnico.

Nuestro entrevistado es Profesor Asociado de la Universidad de León siendo coordinador y teniendo presencia activa  en numerosos cursos y seminarios organizados por diversas instituciones públicas y privadas. Es Autor de numerosos estudios y obras personales y colectivas, colabora regularmente en publicaciones jurídicas especializadas así como en medios de comunicación de ámbito nacional

¿Sr Lopez, al hilo del trabajo de este Observartorio, ¿cuáles son las primeras medidas que deberá tomar el futuro Ministro de Justicia?

Desde este Observatorio no pretendemos influir sobre el trabajo del Ministro.  Con este trabajo que venimos haciendo en los  últimos cuatro años lo que queremos hacer es una radiografía actual de nuestra justicia, identificando sus disfunciones que tiene y posibles líneas de actuación para solventar éstas.

En este sentido las medidas que se vayan a tomar deben estar encaminadas, en primer lugar, a reducir la litigiosidad en España, una de las más altas de Europa. De forma paralela creemos que hay que organizar mejor todos los efectivos materiales y humanos de nuestra justicia y tratar de mejorar los instrumentos que se creen para su gestión

En el prólogo del trabajo, usted se refiere a la crisis y señala la necesidad de apostar por una justicia económica que optimice sus recursos pero que siga siendo un servicio público esencial..

Creo que en el contexto actual se pueden hacer aún ajustes basados sobre todo en eliminar las vías de agua por las que el sistema pierde recursos.

Se trata de optimizar el funcionamiento del sistema y para ello se pueden utilizar dos armas; reducir el número de asuntos que se tramitan ante los juzgados y la otra supone racionalizar los medios personales para así también optimizar su rendimiento.

No hay que olvidar que la justicia pertenece a un sistema organizativo en en cuanto sus procesos debería regirse por los mismos criterios que cualquier organización o empresa privada.

Al final de lo que se trata es de aplicar la técnica de los recursos humanos, que ha tenido éxito en otras organizaciones, a la propia justicia. Eso significaría realizar una auténtica reingeniería de procesos.

Otro asunto que destaca en el citado prólogo es repartir mejor el coste de la justicia y seguir el ejemplo alemán donde las tasas han saltado de las personas jurídicas a las físicas…

Creo que es lógico que exista una tasa judicial como coste directo para aquel que utiliza la justicia en el momento que inicia una actuación ante la misma. Creo que su efecto disuasorio determinaría un uso más racional de la misma. De esa forma se evitarían los abusos de la jurisdicción que se hacen en España

Le pongo un ejemplo, cuando un individuo no puede pagar una cuota de un producto lo que debe hacer es asumir las consecuencias de ese impago en la forma que pueda y evitando el abuso de la jurisdicción que se hace en España con el único fin de utilizar la justicia para dilatar el cumplimiento de la obligación

¿Y esas tasas serían en función de las rentas de los ciudadanos, de forma progresiva..?

No necesariamente. En Alemania están determinadas por el tipo de procedimiento;  la cuantía y su complejidad.  Hay una entidad que no impide el ejercicio de la jurisdicción y al final es la parte que pierde quien abona las costas totales del procedimiento

Respecto al turno de oficio, usted también alude que quizás no este bien organizado en la actualidad..

Creo que este servicio funciona de forma óptima gracias a la gran colaboración de los abogados en el mismo.  Pero creo que ha llegado el momento de una racionalización de la justicia gratuita para evitar cualquier abuso.  No podemos olvidar que al final se paga con los impuestos de todos los ciudadanos.

Es evidente que quien no tenga recursos debe tener todo el derecho del mundo a la justicia gratuita. Pero esto no supone que haya que formalizar una pretensión u oponerse a una previa.

Creo que el sistema debe incentivar al profesional de la abogacía que evite un procedimiento remunerándole de la misma manera que si se hubiera celebrado un pleito.

¿Es partidario como ha comentado Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ, de que una Agencia Estatal gestione este servicio para su mejor funcionamiento?

Al margen del núcleo competencial que ha definido el Tribunal Constitucional en materia de justicia con sus famosas resoluciones que han creado el concepto de la administración de justicia, esta última es una competencia del Estado porque así lo determina la Constitución.

Así se  justifica la existencia de un organismo racional que evalúe  el grado de calidad con el que se administra el servicio público del Turno de Oficio en cada una de las comunidades autónomas.  En esta idea puede caber la creación de una Agencia Nacional  supervisora de este servicio cuyos cometidos habría que estudiar con detenimiento

Centrándonos ya en el Estudio del Observatorio para la Justicia, vamos a comentar algunos datos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el número de asuntos sin resolver se duplicó del 2009 al 2010 alcanzado el 15 por cien..

Este tipo de datos revelan que el sistema está llegando a su límite.  La solución no pasa únicamente por el aumento del número de jueces ni de personal al servicio de la administración.  Hay que hacer un estudio serio de la reorganización, no solo competencial que se ha hecho desde la Oficina Judicial sino incluso territorial.

Y cuestiones como la que usted plantea nos sitúa en el debate  de la Ley de Planta  y su necesaria adaptación a los tiempos actuales

Otro dato, Sr López, revela que la litigiosidad creció un 21,07 por cien en los últimos cinco años frente al aumento del número de jueces en un 22,7 por cien

Este dato pone de manifiesto que el mero aumento de la planta   y plantilla judicial no es una solución definitiva. Es necesario, por tanto, algo más.

La solución, tiene que ver con algo que estamos apuntando en esta entrevista, pasa porque no podemos admitir que el número de asuntos pendientes en los tribunales sea un hecho inexorable.

Si pusiera un símil eso significaría que podemos reducir el número de enfermos atendidos por nuestro sistema de salud con una política de prevención en la salud

Hay en este informe que ustedes han presentado también una recomendación de apostar por los métodos extrajudiciales, como el arbitraje y la mediación, pero no acaban de despegar en nuestro país…

Hay que crear instrumentos que desincentiven el uso de la actividad judicial. Creo que en este sentido encajaría perfectamente desarrollar un sistema donde coexistan arbitraje, mediación y conciliación, como conceptos diferentes.

Es fundamental que el ciudadano sepa que no se concilia arbitrando ni a la inversa, arbitrar conciliando. Para ello habrá que crear los instrumentos adecuados en cada ámbito extrajudicial. De esa forma es muy posible que esos asuntos no lleguen a los tribunales.

Por cierto, el propio Mariano Rajoy, en su discurso de investidura ha hablado de una nueva Ley de Arbitraje y Mediación y de otra normativa que impulse la jurisdicción voluntaria…

Creo que el futuro presidente del Gobierno desarrollo de forma breve pero oportuna, y con gran conocimiento de la situación de la justicia española, lo que hay que hacer y sus posibles soluciones

Sobre la futura Ley de Mediación, ¿Cómo cree que debería articularse en el futuro?

Es evidente que es un instrumento legislativo a desarrollar. En otros países vecinos ha sido muy importante y ha hecho que la tasa de litigiosidad haya descendido considerablemente.

Ahora habrá que conjugar, además de los aspectos dogmáticos y técnicos de la ley, el contar con todos aquellos profesionales implicados que les pueda afectar su implantación Soy partidario de introducir la mediación en todos los ámbitos, también en la jurisdicción penal y en la contenciosa administrativa

Revisando el informe del Observatorio se advierte un crecimiento hasta el 2009 de Unidades Judiciales; sin embargo el pasado año se frenó en seco..

Desconocemos las razones por las que el anterior Ministerio de Justicia decidió no crear ninguna plaza este año.

En cualquier caso, el debate no es si se crean plazas un año u otro sino cuál ha de ser la adecuada política de desarrollo de la planta judicial en el futuro. Para ello hay que apostar por un modelo estable de organización de los tribunales

Este último informe del Observatorio le dedica no menos de cuarenta páginas al papel de los medios de comunicación en relación con la justicia. ¿Cómo valora estos datos, usted que fue años atrás portavoz del CGPJ?

Los medios de comunicación hacen su papel de informar de aquello que es de interés para la opinión publica. Es obvio que la justicia, y sobre todo su mal funcionamiento, interesa al ciudadano y al propio periodista

Ahora, bien, dicho esto, hay que tener muy claro que la opinión publica se genera respecto a la justicia, en su inmensa mayoría desde los medios informativos y no por el ejercicio real del servicio público de la propia justicia

En esta tesitura hay que apostar por más transparencia; más pedagogía con los propios periodistas y una política activa de comunicación que aclare y explique en tiempo real que es lo que está pasando en cada uno de los casos que generan interés.

Hablando de pedagogía y transparencia, creo recordar que cuando usted fue portavoz del anterior CGPJ se creó una notable gama de gabinetes de comunicación en los respectivos TSJ de toda España..

Creo que en su momento fue un acierto esta iniciativa.  El balance de despegar en los altos tribunales autonómicos fue bastante positivo. De todas formas su trabajo esta ahí y debe ser constante para en la medida de lo posible ayudar a solventar el problema del que estamos hablando. Es fundamental que sirvan de soporte al periodista de cara a explicarle todo aquello que acontece en el mundo jurídico que nos movemos.

Que se hable de jueces estrellas en determinados procesos, ¿a qué cree que puede ser debido desde su punto de vista?

Creo que en estos momentos en nuestro país no hay jueces estrellas.  Lo que sí hay son asuntos que generan mucho interés en la opinión publica y en los medios de comunicación. Esto hace que algunas veces el juez responsable de estos casos, muy a su pesar, en determinadas ocasiones se haga conocido.

Esta situación no es ni mala ni buena, simplemente es algo inevitable.

Estoy convencido que la inmensa mayoría de los jueces que se han enfrentado a este tipo de casos han sabido responder con responsabilidad a este tipo de situaciones.

Desde este Observatorio de la Justicia también se habla de activar reformas procesales pendientes…

Creo que compete al equipo ministerial nuevo definirlas.  De todas formas es evidente que hay necesidades ya consensuadas por todos los operadores jurídicos. De esta forma se espera que se apruebe una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El resto de las reformas que se hagan deben ir bajo nuestro punto de vista dirigidas a evitar en la medida de lo posible conflictos ante la justicia

Que algunas Comunidades Autónomas se planteen devolver sus competencias en justicia.. ¿puede frenar la modernización de nuestro sistema jurídico?

El proceso de modernización de la justicia es algo imparable, al margen que en su definición ultima le corresponda una comunidad autónoma en competencias su gestión o el propio Ministerio de Justicia.

Lo importante de esta situación es que tenemos que darnos cuenta que el proceso es irreversible pero quizás en estos últimos años ha llegado tarde con una velocidad de crucero muy lenta.

Por último, en ese proceso de modernización del que hablamos ¿Cómo se conjuga una nueva Ley de Planta con el diseño de otra nueva Oficina Judicial?

En primer lugar, hay que dejar claro que es necesaria una Ley de Planta nueva en nuestro país que entierre el anacrónico concepto de partido judicial y se plantee la organización de grandes concentraciones judiciales

Son dos cuestiones, en mi opinión, diferentes pero relacionadas: el modelo de Oficina Judicial debe tener siempre como referente el modelo definitivo de organización judicial para que este modelo sea estable

En cualquier caso, el problema que tenemos con la Oficina Judicial es que fue diseñada en el año 2003 y comenzó a aplicarse en el 2009. Creo que hubo demasiado tiempo de espera de un modelo que no pudo desarrollarse hasta seis años después en la práctica.

Ahora toca acortar plazos y hacer grandes esfuerzos para hacer de un modelo consensuado en su momento un éxito en el futuro.


 

 

 

 

 

 

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