Por Francisco Gonzalez Brea, abogado de Cremades & Calvo Sotelo.

La crisis económica se ha visto agravada en España con la práctica generalizada entre empresarios y administraciones públicas de “gravar” sus operaciones comerciales con plazos de pago significativamente largos.

La Ley 3/2004 de medidas contra la morosidad traspuso la Directiva 2000/35/CE a nuestro ordenamiento interno con el objeto de reducir los plazos que los usos del comercio venían utilizando.

La clave de su fracaso estribó en su carácter supletorio si las partes no pactaban plazo alguno, lo que originó que se siguieran dando situaciones de desequilibrio donde las grandes empresas y administraciones públicas seguían imponiendo cláusulas contractuales con períodos de pago excesivamente largos, que afectaban con especial importancia a PYMEs y autónomos, obligando a éstos de disponer de financiación adicional para el pago de sus proveedores con los que pactaron plazos de pago sensiblemente inferiores, y provocando el “ahogo” financiero de la empresa.

Únicamente dejaba al arbitrio del juez la posibilidad de sancionar dichas cláusulas como abusivas – y declararlas nulas en consecuencia- si entendía que los plazos eran excesivamente amplios o los intereses de demora a favor del acreedor exageradamente bajos

Con la promulgación de la nueva Ley 15/2010, publicada en el BOE de 6 de julio y en vigor desde el día siguiente, el legislador ha pretendido adecuarse a lo regulado en la citada Directiva y parece que lo ha conseguido.

Ahora los plazos máximos de pago no son disponibles por las partes, sino que los recogidos en la Ley tienen carácter obligatorio en el ámbito contractual, siendo nulo el pacto de un plazo superior a sesenta días (treinta en el caso de alimentos frescos y perecederos) desde la fecha de recepción de las mercancías o la prestación del servicio.

Tratándose de Administraciones Públicas este plazo se ve reducido a la mitad, es decir, será de un máximo de treinta días que computarán a favor del contratista desde la fecha de la certificación de obra o documento acreditativo de la realización del contrato.

Incurrida la Administración en mora, el contratista solicitará a aquella, mediante reclamación por escrito, el pago y los intereses de demora. Transcurrido un mes, se tendrá por reconocida la deuda, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo e incluso, como medida cautelar, el pago de la misma si así lo estima conveniente el juez.

Ahora bien, aún considerando muy favorable el establecimiento de unos plazos obligatorios sensiblemente menores, el hecho de que se establezca un calendario de aplicación de la Ley excesivamente dilatado en el tiempo parece dejar, en parte, en agua de borrajas las esperanzas de los más afectados por los retrasos e impagos, como son los pequeños y medianos empresarios.

Así, los referidos plazos serán plenamente efectivos a partir del año 2013, disminuyendo, con carácter transitorio desde 85 días en el caso de contratos privados y 120 días cuando se trate de contratación pública.

Podemos concluir que, aún siendo una modificación necesaria, hubiera sido más beneficiosa la aplicación de los nuevos plazos con carácter más inmediato de manera que, aún afectando únicamente a las nuevas contrataciones, se impulsara en mayor medida la recuperación económica.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.