por Teresa Nevado es Abogada de Abanlex Abogados


El proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones trae causa del Derecho comunitario europeo; en concreto, del paquete de Directivas comunitarias marco y sectoriales (de acceso, autorización, servicio universal y privacidad) sobre comunicaciones electrónicas, reformado el 25 de noviembre de 2009 y vigente desde diciembre del mismo año. El anteproyecto de Ley para la transposición de dichas Directivas fue elevado al Consejo de Ministros, previo el preceptivo e interesante dictamen favorable del Consejo de Estado, y su remisión al Congreso fue aprobada por aquel el pasado 12 de mayo de 2011.

Sin embargo, el plazo concedido para la transposición moría el 25 de mayo sin haberse producido la aprobación de la reforma, y el anuncio por el presidente del Gobierno del adelanto de la convocatoria de elecciones al 26 de septiembre, y de la celebración de elecciones generales el próximo 20 de noviembre, ha provocado que, con la disolución de las Cámaras, se posponga el estudio y aprobación del texto, que deberá ser analizado por el Congreso y el Senado de la próxima legislatura.

¿Cómo afecta esta realidad al mercado de las telecomunicaciones? La demora en la aprobación y entrada en vigor de los nuevos preceptos no sólo provocará, con muy alta probabilidad, la apertura de un expediente sancionador a España, con el consiguiente descrédito de nuestro país a nivel europeo e internacional (independientemente, por supuesto, de la posible apertura de expediente a otros países miembros por el mismo motivo). Este retraso trae consigo, más allá de dichos sanción y descrédito, no pocos perjuicios al mercado español y a sus agentes.

La importancia del sector en sí mismo (que facturó unos 40000 millones de euros en 2010, según datos de CMT y ONTSI) y sobre los demás ámbitos de la economía y la sociedad es incuestionable y manifiesta. Posiblemente sea este el mercado en que más se ha confiado en la competencia como motor del crecimiento. La regulación hasta 2009 es claramente protectora de la competencia, convergencia de servicios, eliminación de privilegios, reducción al mínimo de la intervención de las autoridades nacionales de regulación; también ha sido clave la, según creo, arriesgada y aun acertadísima decisión europea de no regular “ex ante” los servicios emergentes, es decir, aquellos mercados nacientes y sin información suficiente en términos de demanda, comportamiento de entrada, etc., dejando así libertad a la inversión de riesgo. Entre los logros conseguidos por el paquete de 2002 destacan las reducciones de precios, la penetración en banda ancha y comunicaciones móviles, la diversificación de la oferta, y la ruptura de monopolios en telefonía fija.

¿A qué atiende entonces la exigencia comunitaria de reformar esta regulación? No obstantes los logros citados, no se ha conseguido un decidido apoyo de los Estados miembros a I+D y al refuerzo de la excelencia en la investigación. Asimismo resulta preciso perfeccionar y adecuar la normativa a la necesidad del usuario y del operador y a la realidad dinámica del mercado, en el que incesantemente aparecen nuevos servicios y agentes. La crisis económica, visible en el análisis de parámetros macroeconómicos en el primer trimestre de 2006, alerta tempranamente a la revisión del marco regulatorio europeo vigente desde 2002 en un sector, el de las comunicaciones electrónicas, en constante evolución y con influencia directa sobre el resto de mercados.

Se inicia así un largo proceso de revisiones, comunicaciones, recomendaciones, informes, propuestas, consulta pública…, y el trámite legislativo finaliza en diciembre de 2009 con la entrada en vigor de las reformas de las Directivas. En ellas se reflejan las intenciones de la Comisión Europea, siempre enfocadas al crecimiento del mercado y a la protección de sus agentes: asegurar la coherencia en la aplicación de la regulación del sector y en la imposición de obligaciones, coordinar la regulación en los servicios transfronterizos entre los Estados miembros, reforzar el mercado interior mediante una mejor regulación, proporcionada y activa únicamente cuando sea necesaria, y mejorar la posición de los usuarios en cuanto a derechos y privacidad.

Sobre el proyecto de Ley remitido al Congreso, no faltan críticas que habrán de ser tenidas en cuenta antes de la aprobación definitiva, en su caso. Nótese que aún se excluye la polémica materia de la neutralidad de la red. Por otro lado, ciertamente se tipifican con mayor claridad algunas infracciones ya existentes en la Ley 32/2003, aportando seguridad jurídica, como es el caso de la oferta de venta por medios telefónicos o telemáticos de aparatos cuya conformidad no hubiera sido evaluada de acuerdo con la propia ley. Sin embargo, varias importantes inexactitudes e imprecisiones alejan al texto del proyecto de Ley del espíritu y aun de la letra de las reformas de las Directivas comunitarias, fundamentalmente en la relativización de lo que estas prevén como medidas excepcionales, la posibilidad de creación de controles donde no los desea el paquete comunitario, o la imprecisión en preceptos que deberían ser exactos e inequívocos. Es el caso, por ejemplo, del mecanismo para la designación del operador que deba prestar el servicio universal, que ya supuso una llamada de atención a España por la Comisión Europea en 2008, y que sigue resultando poco acertado en el proyecto de Ley. Igualmente en suspenso quedan aspectos que interesan a los usuarios, como el derecho a la accesibilidad universal, la actualización de la normativa sobre privacidad, o la nueva regulación de la conservación de los números telefónicos (con la obligación de activación de número transferido desde otro operador en el plazo de un día laborable, y la compensación al abonado en caso de retraso o abuso).

En conclusión, el nocivo resultado de la demora en la aprobación de la reforma de la Ley resulta similar al de achicar agua sin tapar la vía. La normativa vigente era adecuada para un periodo anterior, obsoleta a día de hoy. El principal incentivo para cumplir el plazo no debería ser evitar la sanción comunitaria, sino el daño a la economía. Con la crisis mundial lacerando cada sector, los Estados miembros deben mantener el orden y la diligencia precisos para preparar el marco normativo adecuado, y que el propio mercado sea un agente cualificado contra la crisis y por el crecimiento. Deberemos aguardar a la nueva legislatura para que se reanude el lento proceso hasta la aprobación y publicación de la reforma. Esperemos que la nueva norma respete fielmente el espíritu y la letra de lo establecido por las nuevas Directivas comunitarias, y que con el próximo “20N” nazca también la diligencia que exige el cumplimiento de los deberes y compromisos que los órganos políticos españoles adoptaron voluntariamente ante Europa y ante los propios ciudadanos.

 

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