Por Jean Devaureix  Director Asesoría Jurídica  de Pons Patentes y Marcas

El 7 de marzo de 2012 entró en vigor el Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo  de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008.

De acuerdo con la exposición de motivos del R.D.L. 5/2012, los tres ejes de la mediación son (i) la desjudicialización (reducir la carga de trabajo de los Juzgados), (ii) deslegalización, (priorizando el principio dispositivo), y (iii) el reconocimiento del acuerdo de mediación como título ejecutivo, siempre que se eleve a público mediante la correspondiente escritura notarial.

Según el RD 5/2012, la mediación consiste en “aquel medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador.”

La mediación es una institución que ha sido utilizada históricamente como solución extrajudicial de conflictos, y se ha venido realizando en varias instituciones, como las Cámaras de Comercio o las instituciones arbitrales privadas. En materia de Propiedad industrial, y en particular en cuestiones relativas a los dominios de Internet y conflictos de marca trans-nacionales, el Organismo por excelencia de resolución extrajudicial de conflictos es el Centro de Mediación y arbitraje de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), con sede en Ginebra.

El Real Decreto-ley 5/12, no excluye expresamente materias relativas a la propiedad industrial e intelectual, por lo que han de entenderse incluidas.

Además, se aprueba un conjunto de normas mínimas para impulsar la mediación en litigios transfronterizos en determinados asuntos civiles y mercantiles, lo que resulta de gran interés en la medida en que muchos de los conflictos de marcas tienen repercusión en varios Estados, como es el caso de las marcas comunitarias, cuyos efectos jurídicos se despliegan en todo el territorio de la UE.

Si bien es cierto que existen posiciones encontradas en la doctrina sobre la posibilidad de someter a mediación determinados temas de propiedad industrial, como la declaración de nulidad de una marca o patente, es evidente que en otros supuestos la mediación es perfectamente posible, como la resolución de un contrato de licencia de marca. De hecho, la nueva regulación sobre la mediación que establece el RDL 5/12, a buen seguro va a promover la inclusión de cláusulas contractuales en los contratos de propiedad industrial, en virtud de las cuales las partes acuerdan someterse a mediación en caso de conflicto (como consecuencia de ello, se acudirá con mayor frecuencia a la mediación).

En todo caso, en la coyuntura económica actual, los titulares de derechos de propiedad industrial están optando con mayor frecuencia por resolver sus conflictos con terceros de forma negociada, tratando de evitar la interposición de acciones judiciales que resultan costosas, por lo que la mediación se presenta como una solución atractiva que reduce costes y tiempos a los interesados.

Por otra parte, el hecho de que a partir de la entrada en vigor del R. D. Ley 5/12 los acuerdos de mediación alcanzados en el ámbito de la Unión Europea puedan ejecutarse en España, y que en los distintos países de la Unión Europea se hayan adoptado disposiciones similares, de conformidad con lo establecido en la Directiva 2008/52/CE, favorecerá la utilización de la mediación en materia civil y mercantil tanto en España como en los demás países de la Unión Europea.

El R.D.L. 5/12 prevé, además, la modificación de diversos preceptos de la Ley procesal civil a fin de adaptarla a lo dispuesto en dicho Real Decreto.

En cuanto a la figura del mediador, los artículos 11 a 15 del Real Decreto 5/2012 regulan su estatuto profesional, aunque de forma poco concreta. Una de las cuestiones que no ha concretado el Real Decreto 5/12, son los requisitos que han de reunir los mediadores. A nuestro juicio, los mediadores en propiedad industrial habrán de ser agentes de la propiedad industrial, o abogados expertos en patentes, marcas, diseños o propiedad intelectual, a fin de poder alcanzar acuerdos adecuados, pues se trata de una materia especializada que requiere un conocimiento técnico muy específico y complejo.

En conclusión, la entrada en vigor del R.D.L. 5/2012 abre nuevas posibilidades a los operadores en el sector de la propiedad industrial, en especial a quienes tienen conflictos trans-fronterizos en estas materias, que facilitará su resolución de una forma rápida y más económica que el sometimiento de las controversias a los Juzgados competentes, y favorecerá la inclusión de cláusulas contractuales en los contratos sobre propiedad industrial, lo que dará lugar a ventilar los eventuales conflictos que puedan surgir en relación con dichos contratos mediante mediación.

 

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