A través de una nota emitida ayer por el Gabinete de Prensa, hemos sabido de un acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo sobre la reorganización de los servicios de seguridad y la supresión de los vehículos que venían utilizando los Magistrados de este alto Tribunal. Hasta el pasado jueves, los magistrados de las cinco Salas del Tribunal Supremo disponían de escolta y, por motivos de seguridad, de un vehículo que les desplazaba por la mañana hasta la sede de este órgano y les devolvía después a su casa concluida la jornada.
En este contexto, los citados magistrados son conscientes de la situación de crisis por la que vive el pais y » la reorganización de los servicios de seguridad que constituye una medida que afecta a todos los poderes, administraciones y organismos por igual, por lo que el Tribunal Supremo confía en que el Gobierno seguirá protegiendo a los magistrados que lo integran en función de las circunstancias de cada caso.»
Por otro lado se indica que «enn relación a los vehículos la Sala de Gobierno entiende que los sacrificios económicos que impone la situación por la que atraviesa el país debe alcanzar a todas las instituciones y órganos del Estado pero no puede aceptar que la medida adoptada se refiera única y exclusivamente a este Tribunal con desprecio de su relevancia institucional en contraste con el tratamiento que se da a otros organismos del Estado de análoga e inferior relevancia.»
La nota acaba con un párrafo contundente donde se indica «que esperamos que la medida adoptada no signifique, tal como en principio aparece, una injustificada discriminación institucional puesto que si así fuese la Sala de Gobierno adoptaría las iniciativas oportunas.», aunque no precisa de que medidas concretas se refiere la citada Sala de Gobierno sobre este asunto. Y añade, además que » la Sala de Gobierno considera que las formas en que se han comunicado al Tribunal Supremo estos acuerdos no corresponden al procedimiento que debe seguirse en el orden institucional.»
Las quejas por la reducción de los escoltas y los coches oficiales también han llegado desde la Audiencia Nacional, que la semana pasada envió una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a los Ministerios de Justicia e Interior para mostrar su «preocupación» por la seguridad de los jueces y fiscales.
Fue el pasado 25 de junio cuando se conoció que Interior había ordenado la retirada de la casi totalidad de los escoltas que protegen a jueces y fiscales del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial dentro del plan de «reordenación» que se hace efectivo esta semana.
En cuanto al Supremo, se informó entonces de que sería su presidente en funciones, el magistrado Juan Antonio Xiol, y el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, quienes mantendrían el servicio de escoltas