El Juzgado de lo Social nº 5 de Alicante ha condenado a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana a indemnizar a 154 médicos con importes que oscilan entre los 5.000 y los 49.000 euros por no proveerles de suficientes equipos de protección individual durante la primera ola de la pandemia por Covid-19.

primera ola - diario juridico

Guillermo Llago Navarro, abogado que ha llevado la defensa a través del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV, ha manifestado su satisfacción y afirma que el fallo es pionero porque se trata de la primera sentencia que ha trascendido que fija cuantías económicas concretas: “El Supremo y otros juzgados territoriales sí habían dictado fallos solo reprochando a las Administraciones como la del País Vasco o de Aragón, aunque sin multas dinerarias”.

Y adelanta que van “a presentar muchas demandas más”, porque el fallo abre la puerta a posibles nuevas reclamaciones económicas, con el único requisito de que las demandas sean “individualizadas, siempre que acrediten la ausencia de material sanitario en cualquier ola de la pandemia”.

Además, asegura que es el primer fallo que aúna infracción e indemnización: “Unimos la parte declarativa de vulneración de la Ley de Derechos Laborales y por otro lado, pedíamos una indemnización consecuente a esa vulneración”, puntualiza.

La sentencia apela al artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, indica Llago: “Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluidos aquellos que prestan atención domiciliaria”. Pero también dictamina que el incumplimiento de las medidas de prevención individual supuso “un grave riesgo para la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios”. Por esta razón, los médicos demandantes “también deben ser indemnizados por los daños y perjuicios personales y morales ocasionados”, añade.

El sindicato agrupó a los trabajadores en cuatro categorías de afectados por un incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el fallo condena a abonar cuantías diferentes por cada una de ellas, explica el abogado: “5.000 euros a cada uno de los trabajadores forzados a trabajar sin elementos de protección, 15.000 a los que fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados por Covid, 35.000 a los que se contagiaron pero no precisaron de ingreso hospitalario y 49.000 a los contagiados que fueron ingresados”.

La Consellería Valenciana de Sanidad ya ha anunciado que presentará un recurso de suplicación ante la sala de lo social del TSJ de la Comunitat Valenciana.

Fuente: Abogacía.es

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