Gabriela BoldóPor Gabriela Boldó Prats, Juez Sustituta 

La sentencia del Tribunal de Estrasburgo, pese a lo que se ha venido diciendo por varios sectores y en varios artículos de prensa, no se pronuncia sobre la doctrina Parot sino que analiza si la aplicación de esta doctrina, en el caso concreto de Inés Del Río Prada, se aplicó con todas las garantías legales, y, en especial, las contempladas en el Tratado de Roma; o si por el contrario se vulneró algún derecho del mencionado convenio.

Para ello el TEDH analiza el principio de legalidad, que se define como aquel principio por el cual nadie puede ser castigado sino por hechos definidos como delito o falta por una ley vigente en el momento de su perpetración, y, la consecuencia al mismo que establece que a nadie se le pueden imponer penas distintas de las contenidas en la ley en el momento de cometerse los delitos o faltas sancionados con dichas penas. El principio de legalidad está reconocido tanto en nuestro derecho interno, en el art 25 de la CE, como también en el art. 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, más conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos, que fue adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando analiza el principio de legalidad en el caso concreto de Inés Del Río Prada, razona que ésta cuando fue condenada tenía derecho a saber exactamente, la condena impuesta, la liquidación de condena y el tiempo que cumpliría en prisión de acuerdo con la legislación vigente en aquel momento.

La discusión surge al valorar si podía aplicarse o no la doctrina Parot en la ejecución de una sentencia recaída antes de 2006; es decir la posibilidad de aplicar retroactivamente la interpretación sorpresiva de una disposición legal, cuando dicha interpretación no era favorable a la penada.

El TEDH sostiene que eso no era correcto en base a la necesidad de evitar la arbitrariedad en la ejecución de la condena pues, no cabe olvidar que es justamente para evitar el peligro de esa arbitrariedad que surge históricamente el movimiento legalista, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La interdicción a la arbitrariedad de los poderes públicos está recogida en el título preliminar de nuestra constitución, en el art 9 de la CE.

La correlación entre el principio de legalidad y el de la interdicción a la arbitrariedad es absoluta, de modo que la irretroactividad de las leyes penales es parte integrante del principio de legalidad, ya que se tiene que partir siempre de la legalidad vigente en el momento de los hechos; puesto que es una garantía para los ciudadanos ya que les ofrece la seguridad jurídica; es decir, la protección como sujetos de derechos frente a eventuales condenas sorpresivas o frente a aumentos de pena ex post facto. Su función como garantía se da al permitirles adecuar sus comportamientos a los mandatos y prohibiciones legales, siendo el artículo 9 de la CE un principio inspirador para todo el ordenamiento jurídico al estar regulado en el título preliminar de nuestra constitución.

A su vez, el principio de seguridad jurídica recoge la necesidad de que los ciudadanos sepan a qué atenerse cuando cometen un delito, cuáles son las reglas del juego o, dicho de otro modo, que consecuencias jurídicas van a tener sus actos. En el caso de autos Inés Del Río Prada conocía las penas que le podían imponer por los delitos cometidos, el máximo de cumplimiento y la remisión de la pena por el trabajo, puesto que todo ello estaba previsto en el Código penal de 1973, CP vigente al producirse y juzgarse los hechos: Cuando entró en vigor el CP de 1995, no se suprimió la remisión de las penas por el trabajo sino que se contempló, en las disposiciones transitorias, el modo en que tenían que ejecutarse las sentencias dictadas antes de entrar en vigor el CP de 1995, por hechos cometidos bajo la vigencia del CP de 1973.

Inés Del Río Prada fue condenada a más de 3.000 años de prisión por varios delitos que tuvieron lugar en el período comprendido de 1982 a 1987. En virtud del art 988 de la LECrim, se procedió a dictar auto de acumulación de condena, por el que se estableció un tiempo máximo de cumplimiento de 30 años, según el artículo 70.2 del Código Penal de 1973, vigente en el momento de la comisión de los hechos, aplicable para aquellos supuestos en que su hubieran impuesto penas en distintos procesos por hechos delictivos, que por su conexión jurídica y cronológica, pudieran haberse enjuiciado en uno solo, como sucedía en el caso de Inés Del Río Prada.

Aplicado el máximo de 30 años de prisión, en el momento de ejecución de la condena, le era aplicable el art 100 del CP de 1973, que preveía la redención de la pena por el trabajo, lo que conllevaba una reducción del tiempo efectivo de cumplimiento de la condena. Sin embargo, mientras tanto, el Tribunal Supremo modificó su jurisprudencia en lo concerniente a la redención de penas por el trabajo, de modo que a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1994 en que interpretaba que el límite de 30 años previsto en el art. 70.2 del Código Penal de 1973 debía ser interpretado como «una pena nueva y autónoma», sobre la cual debían aplicarse las redenciones de pena, pasó a considerar, en sentencia de fecha de 28 de febrero de 2006, que el límite de 30 años no daba lugar a una pena distinta de las sucesivamente impuestas al reo, sino que tal límite representaba el máximo de cumplimiento del penado en un centro penitenciario. Por todo ello, las redenciones de pena debían aplicarse sobre cada una de las penas impuestas de forma separada y no sobre el límite máximo de 30 años, cambiando sustancialmente la ejecución de la pena.

Ante esta situación el TEDH llega a la conclusión que la aplicación de la doctrina Parot privó a Inés Del Río Prada de su derecho a la redención de penas por el trabajo, cambiando de manera sustancial el modo en que se computaba la liquidación de condena, y, por lo tanto la fecha en que se fijaba la libertad de Inés del Río, sin que las circunstancias personales de Inés del Río hubieran variado en nada en todo ese tiempo, puesto que la redención de penas por el trabajo de Inés del Rio nunca fue discutida por ninguno de los tribunales que conocieron el caso concreto.

Por ello, la aplicación de la « doctrina Parot » en el caso de Inés Del Río Prada privó de efecto útil a las redenciones de pena a las que en principio tenía derecho, puesto que si se aplicaba la doctrina Parot las redenciones de pena por el trabajo no tenían incidencia alguna, y, es por eso que el TEDH sostiene que la aplicación por la Audiencia Nacional de las nuevas modalidades de imputación de las redenciones de pena a raíz de la « doctrina Parot » no puede considerarse que se limitara únicamente a modificar las « modalidades de ejecución » de la pena impuesta a la Sra. Del Río Prada, sino que redefinió igualmente su « alcance », y, por ello, la decisión de 23 de junio de 2008 entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 7 del Convenio de Roma, por entenderla como constitutiva de pena y no como modalidad de ejecución.

De ese modo, lo que se vulneró al aplicar la doctrina Parot fue la legítima expectativa de redención de penas por el trabajo de Inés del Rio Prada, aumentándole de ese modo el número de años de cumplimiento efectivo por hechos no imputables a ella, vulnerando la prohibición de la aplicación retroactiva de las disposiciones no favorables. La aplicación de la doctrina Parot ocasionó inseguridad jurídica a Inés del Rio Prada, porqué se había cambiado la norma interpretativa de manera más restrictiva a sus derechos.

Por ello la sentencia alude a la garantía legal en el momento de hacer las leyes de modo que, el redactado del articulado del código penal debe ser absolutamente taxativo, en lugar de ambiguo, sin que quepan confusiones o interpretaciones dispares, que modifiquen de una manera tan sustancial la norma jurídica.

Finalmente, no hay que olvidar que nuestro derecho, al regular la interpretación de las normas, se rige por la legislación vigente, atendiendo al principio de jerarquía normativa y es necesario atender a las normas generales del derecho, recogidas en los arts 3, 1.1 y 1.6 del CC.

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