América Latina vive, en general, una fase de erosión de las conquistas democráticas luego de más de una década caracterizada por avances históricos en la vigencia de los derechos económicos y sociales, acompañados de una participación sin precedentes de las minorías, indígenas, sindicales, campesinas y de diversas fuerzas sociales y populares.

Gradualmente se notan rupturas y retrocesos, seguidos de una ofensiva contra líderes, partidos y fuerzas progresistas, que se convierten en blancos prioritarios de procesos judiciales selectivos con amplia cobertura mediática. Estos procesos han sido estudiados como el fenómeno del lawfare: el uso de aparatos legales como estrategias no convencionales para desestabilizar regímenes y apuntar a opositores y adversarios políticos.

El lawfare, tal como se practica en América Latina y el Caribe no es un proceso políticamente neutral, como podría indicar el célebre lema de “lucha contra la corrupción”. El objetivo estratégico común de la ofensiva del lawfare ha sido invariablemente la desestabilización de gobiernos cuyo proyecto es doble: trabajar por la justicia social y buscar la afirmación de la soberanía. 

lawfare - diario juridico

El caso brasileño es uno de los más amplios y conocidos. En pocos años, se sucedieron, de forma encadenada, la destitución anómala de Dilma Rousseff, la detención política de Lula, impidiéndole de participar de las elecciones de 2018 y la inevitable ascensión de Jair Bolsonaro y de la extrema derecha al poder. Al mismo tiempo, estas acciones contribuyeron a la estigmatización de la izquierda y de la política en general, sin mencionar la disrupción de importantes sectores productivos afectados por las llamadas “fuerzas tarea” contra la corrupción.

El caso de Ecuador, estudiado por investigadores en el campo legal y político, si bien tiene características distintas en algunos aspectos, es igualmente asimilable al brasileño. Si hacemos una revisión de lo sucedido en el país andino, vemos que, en este caso, destacan especialmente la manipulación de arreglos institucionales y la combinación de procesos penales y electorales con el fin de bloquear candidaturas y estigmatizar a líderes progresistas.

El decenio gobernado por el economista Rafael Correa es reconocido como el de mayor estabilidad institucional y política desde la redemocratización iniciada en 1978. Bajo su presidencia, y luego de una sucesión de siete presidentes en diez años, se implementó un programa de profundas reformas económicas, políticas y movimientos sociales apoyados por el movimiento indígena, sectores de la clase media de las grandes ciudades, campesinos, clase obrera y obrera, además de amplios sectores de izquierda.

Son innumerables los indicadores socioeconómicos que evidencian la transformación del estatus del país, giro también protagonizado por otros estados del continente que revelan las características ya mencionadas de la autonomía frente al Consenso de Washington. Al igual que sucedió en Brasil, estas características no pasaron desapercibidas para los tomadores de decisiones estratégicas del continente.

Es por esto que no es coincidencia que este elemento crucial apareciera justo al inicio del gobierno de Lenin Moreno, ex aliado de Correa y ex vicepresidente de este en su primer mandato, el cual, por diferentes razones, se mostró como un oponente acérrimo apenas asumió el poder. Así, la censura y cesación de funciones políticas impuestas al que fuese también vicepresidente Jorge Glas, aliado de Rafael Correa, puede ser considerado punto de partida de un proceso político y judicial de persecución contra los simpatizantes del llamado “correismo”. No es un detalle menor que Glas siga en prisión hasta el día de hoy, a pesar de que debió salir libre bajo beneficios penitenciarios hace más de 20 meses según constató la Veeduría Internacional del Parlamento Europeo.

La utilización de los procesos constitucionales para vaciar y desinstitucionalizar garantías jurídicas son una seña de identidad del proceso del Lawfare ecuatoriano. Por ejemplo, al estudiar el caso en detalle el referéndum de 2017/18, son notorios los ejemplos de manipulación y adulteración de las reglas de las consultas populares en desconformidad constitucional. Para entender esto, es fundamental conocer la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-t), creado por Lenin Moreno. Los decretos complementarios, la trama institucional y los tiempos en contra de la transparencia y de la publicidad de todo el proceso, tuvieron sin duda graves consecuencias para la efectiva participación de la ciudadanía.

A la vez, procesos penales como el caso “Sobornos” (a partir de 2019) vinieron a reforzar la guerra jurídica, ya que, como ocurriera en otro lugares de nuestro continente, nacieron en un contexto de animosidad política impulsado por la prensa hegemónica anteponiéndose al debido proceso. Un artículo de prensa publicado el 03 de mayo de 2019, vinculando a Odebrecht y otras multinacionales en contra de personas que han ocupado funciones públicas en el gobierno de Rafael Correa, generó de inmediato un ambiente estigmatizante y persecutorio sin que se hubieran siquiera anunciado procesos formales contra ninguna persona. 

Desde 2019, y en esto hay extrema similitud con el caso brasileño, en Ecuador también se ha producido un proceso que mezcla elementos mediáticos, judiciales y gubernamentales alineados con el debilitamiento de lo que se conoce como “correísmo”. En el caso de Brasil, la persecución fue contra el “lulismo” o “lulopetismo”, con varias estrategias combinadas, parcialmente reveladas por la Suprema Corte a partir del reconocimiento de la parcialidad judicial en los procesos en contra de Lula y la trama de cooperación internacional entre fiscales y órganos públicos y privados en el sector judiciario de Estados Unidos.

En Ecuador, Rafael Correa, como otros imputados, fue condenado “à revelia” en un proceso parcializado. No en vano, desde marzo de este año, el expresidente ha sido reconocido por el Gobierno belga como perseguido político y por ello goza de asilo en este país. 

Otro caso llamativo es el de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de Rafael Correa y también imputado en el caso “Sobornos” quien, debió haber salido en libertad pero contra del cual  se tomaron medidas alternativas, tal y como declaró el exjuez de la  Corte Nacional de Justicia, Edgar Flores, para “evitar un escándalo”. Esta situación es semejante a la que sucedió con Lula en 2018, demostrando que el sistema de justicia no siempre está exento de responsabilidad y sus decisiones pueden tener graves consecuencias individuales y colectivas para toda una sociedad.

El lawfare tendría como objetivo acabar con los oponentes políticos, así Jorge Glas continúa en la cárcel, mientras que Alexis Mera se encuentra en prisión domiciliaria o personas como Rafael Correa no pueden volver a su país a ejercer su profesión. 

Pero no se debe creer que es un proceso del pasado, pues en el caso de Ecuador, como se exponía al inicio, la desistitunalización es un rasgo crucial para el análisis. De hecho, hasta en dos ocasiones, los jueces que han fallado a favor de Jorge Glas, cumpliendo con las medidas cautelares solicitadas por la CIDH para que este fuese agraciado con un hábeas corpus, han sido sancionados y estas medidas de gracia, recurridas por ejecutivo o directamente incumplidas, como ocurrió el pasado mes de agosto. 

Es por eso que no se puede afirmar que estemos  ante un proceso del pasado, pues la injerencia en el poder judicial siempre acecha y precisamente ahora, Ecuador se enfrenta a la posibilidad de que se lleve a cabo el referéndum propuesto por Guillermo Lasso, que podría situar a este país ante un nuevo capítulo de incertidumbre sobre si se socavarán aún más las reglas del Estado de Derecho.

Una sociedad no puede avanzar democráticamente sin que el sistema de justicia sea creíble y confiable, y es fundamental reconocer cuándo la justicia se aparta del debido proceso y da paso a la justicia persecutoria con fines políticos. 

Combatir la corrupción es una condición esencial para cualquier democracia, pero no significa que pueda vulnerar los derechos y garantías para justificar las portadas de grandes periódicos. Esta es una forma perversa de manipulación social y política con graves consecuencias para el futuro de la sociedad.

Es hora de que la comunidad internacional vire su mirada hacia Ecuador y reclame, que se respeten las reglas del juego de la justicia y, si es necesario, se revisen las decisiones no ajustadas a derecho en todos los procesos legales contra opositores políticos, tal y como se ha hecho en Brasil.


Autora: Carol Proner

Abogada

Doctora en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide

2 Comentarios

  1. Al parecer la abogada Carol Proner, pertenece a la misma gama del socialismo del siglo 21., una organizacion criminal y nefasta para los paises que tuvieron la desgracia de vivir el odio a la liberta y la democracia por sujetos con gilfulas de grandeza, el caso ODEBRECH no es un invento, los ecuatorianos y el mundo supimos de estos latrocinios, gracias a la prensa libre e independiente como como los papeles de Panama.

    Pero los gobiernos tiranicos ligados al narco trafico como el de Correa, todo lo negaba, todo lo tapaba, tenia todo bajo control incluyendo a la justicia con fiscales y jueces de bolsillos como el caso el Universo, entre otros de dolorosos recuerdos, pero al asumir la presidencia con fraude el presidente cuantico, se destapo la cloaca correista, comprobandose lacerantes saqueos a la patria y la apertura a sus aliados del narco trafico que casi gobiernan al Ecuador, de otra forma el narco delincuente y su banda no estarian profugos y sentenciados por la justicia, esta es parte de la verdad y nefastas consecuencias que estamos tristemente pagando los ecuatorianos.

  2. La traiccion de Moreno fue el detonante propiciado por EEUU y los lacayos locales con la derecha atrasada. Era esperado el comportamiento de Moreno como lo es de Lasso, no se aprende de las experiencias pasadas el perfil de Moreno siempre fue la traiccion contactado por la CIA en la ONU el enojo por su misma condición fisica y sentirse sobado el hombro género la traiccion y el odio a Correa se está cocinando el fraude electoral inevitable con yaku perez y zza falsos dirigentes que volverán a engañar al movimiento indígena encontrá de CR5

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