La utilización de grabaciones de conversaciones privadas, su relevancia y su eficacia probatoria en el proceso penal han sido objeto de pronunciamiento por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, en el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

escuchas telefónicasActualmente, disponemos de un gran número de resoluciones en esta materia, permitiendo perfilar los límites de su validez probatoria en relación con los derechos fundamentales. Por ello, desde la perspectiva de abogado penalista Granada, vamos a analizar los límites jurisprudenciales que se vienen perfilando a la hora de considerar estas grabaciones como válidas en el proceso penal.

Desde el punto de vista constitucional, la primera cuestión a analizar es si la utilización de las grabaciones de conversaciones entre particulares vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, ambos reconocidos por el artículo 18 de la Constitución Española.

En líneas generales, podemos afirmar que tanto la jurisprudencia estatal como la europea coinciden en entender que estas garantías constitucionales no se ven afectadas, como bien insiste el Tribunal Supremo en la sentencia 214/2018, de 8 de mayo, si bien la grabación ha de ser realizada y dirigida por quien interviene en la conversación y nunca por tercero ajeno a la misma (Sentencia 630/2022, de 4 de noviembre, de la Audiencia Provincial de Madrid). En lo que se refiere al contenido, se reconoce que con carácter excepcional la afectación de la información grabada al núcleo íntimo de la intimidad personal o familiar puede suponer una vulneración del derecho a la intimidad.

En segundo lugar, es necesario determinar las circunstancias en que estas grabaciones pueden incurrir en la vulneración del derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable conforme al artículo 24.2 de la Constitución española. Este extremo ha sido muy reiterado en multitud de procedimientos contra la salud pública, en la que la mayoría de ellos se produce una injerencia de los poderes públicos, a través de intervenciones telefónicas o de registros domiciliarios, en la intimidad de las personas, siendo importante la realización de una nulidad de actuaciones a través de abogado penalista tráfico drogas para valorar la intromisión ilegítima en esa intimidad.

Puesto que nos encontramos ante derechos que se reconocen al particular para su ejercicio u oposición frente al Estado y que, por ello, “no operan entre particulares” (Sentencia 340/2022, de 16 de mayo, de la Audiencia Provincial de Barcelona), las grabaciones de conversaciones mantenidas en el ámbito privado mantienen su validez probatoria, siempre que se hayan efectuado previa apertura del procedimiento penal en sentido amplio, esto es, incluyendo las diligencias policiales. No es así cuando la grabación se obtiene por parte de quien, encontrándose en una posición de superioridad institucional, busca una confesión extraprocesal valiéndose del engaño, ni cuando la grabación procede de la iniciativa de quien se va a encargar la futura investigación penal. Con ello se pretende excluir el uso de estrategias ilícitas por las autoridades para conseguir una confesión, y así lo aclara el Tribunal Supremo en la Sentencia 205/2022, de 8 de marzo, pues en este contexto incriminatorio ha de prevalecer la presunción de inocencia.

En último lugar, se entiende por la jurisprudencia que, con carácter general, las manifestaciones contenidas en la grabación han de ser espontáneas y libremente prestadas para disponer de valor probatorio. Así, la provocación de la conversación con el fin de que la persona manifieste hechos que puedan ser utilizados en su contra, o de llevarlas a un inminente proceso penal, entraría en contradicción con el derecho a un proceso con todas las garantías. Además, subraya el Tribunal Supremo, nos encontraríamos ante una situación en la que el ciudadano “asume el rol propio de la Administración de Justicia”.

Por lo tanto, podemos concluir lo siguiente:

  • Las declaraciones autoinculpatorias de los investigados no son tratadas como confesión, si no que se introducen como testimonio de referencia sobre las declaraciones del otro participante en la conversación.
  • Vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías cuando el confesor lo ha hecho siendo engañado mediante argucias de su interlocutor.
  • No se considera que vulneren el derecho fundamental a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable cuando se han realizado dentro del ámbito privado.
  • Vulneran el principio a no declarar contra sí mismo cuando se han realizado desde una posición desde superioridad, como sería si se ha realizado a través de agentes de la autoridad.

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