Los recientes casos de acoso y violencia en centros educativos conocidos en los medios de comunicación y en las redes sociales no han hecho más que poner el foco en la necesidad de un mayor y mejor control, con protocolos de actuación ante cualquier indicio que pueda tener consecuencias fatales para los más pequeños. Los canales de denuncias se pusieron en marcha como vía de alerta ante situaciones muy diversas en las organizaciones, como acoso, fraude, violación de derechos laborales o incumplimientos de la normativa sobre protección de datos, entre otras muchas. También los centros educativos y deportivos donde haya presencia de menores utilizan los canales éticos como cauce para la comunicación de inquietudes a las nuevas figuras para la prevención y protección frente a la violencia: el Coordinador de Bienestar en entidades educativas y el Delegado de Protección en el ámbito del deporte, ocio y tiempo libre, siguiendo la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Expertos de IDBO Compliance, departamento que gestiona el cumplimiento normativo de la consultora IDBO Consultants, han observado recientemente un aumento de solicitudes para poner en marcha el canal de denuncias (también conocido como canal ético) en centros educativos privados y concertados, para establecer así el cauce de comunicación con el Coordinador de Bienestar. La última norma, anteriormente citada, promueve el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia. Esta ley recoge 60 artículos, como el derecho de niños, niñas y adolescentes a la información y asesoramiento, a ser escuchados, a la atención integral, asistencia jurídica, el deber de comunicación de situaciones de violencia ante la autoridad competente o la sensibilización, prevención y detección precoz frente a la radicalización y adoctrinamiento que conduzcan a la violencia.
La Ley impone a las Administraciones Públicas la obligación de promover y garantizar una formación especializada, inicial y continua en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia para todos aquellos profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad.
Fuente: IDBO Consultants
