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Ramón Pérez Lucena

Con sólo 7.000 fundaciones activas en toda España -en comaparación, sólo en julio se constituyeron casi 8.000 sociedades-, pocos abogados se dedican casi exclusivamente a este tipo de personas jurídicas. Ramón Pérez Lucena es uno de ellos. Es un firme defensor del sentido de las fundaciones: promover fines sociales, y considera que su mala fama se debe a la actividad de una pequeña minoría. En este sentido, considera retrógrado el anteproyecto de ley de fundaciones que presentó el gobierno a principios de mes y que propone autorización previa y más control sobre las fundaciones.

¿A qué se dedica un abogado especialista en fundaciones?

Yo tengo un despacho dónde trabajamos otro abogado y yo además de un economista, y básicamente nos dedicamos a la constitución de fundaciones y asesoramiento en su funcionamiento. Muchas veces nos dedicamos a convertir algún tipo de sociedad en fundación, es decir, rentabilizamos actividades empresariales. Algunas empresas realizan actividades con una forma jurídica que nosotros consideramos equivocada, porque el Estado permite ahorrarse impuestos a quien se dedica a determinadas actividades empresariales, por ejemplo una universidad. Nos dirigimos a empresas o personas que quieren hacer una labor, y les orientamos para que su traje jurídico sea el de fundación.

¿Que se requiere para que una empresa pueda ser fundación?

Seguir lo que nos indica la Ley de Fundaciones que básicamente lo que hace es describir una serie de actividades, que van encaminadas a la educación, a la sanidad, al tema social, educativo, cultural, deportivo, residencias de ancianos, etc. Es decir, actividades que el Estado quiere promover. Muchas veces son actividades que debería hacer en principio el Estado y que no llega a hacerlas. Las universidades son un ejemplo muy claro, es decir,  a los que hacen lo que el Estado no llega a hacer les facilitan la labor quitándoles una serie de impuestos.

¿En qué se diferencia de una asociación?

Una asociación es cuando se agrupan una serie de personas, de una forma democrática, para conseguir unos fines. La fundación en cambio se puede decir que no son personas, es un patrimonio, unos bienes que se constituyen como una forma jurídica independiente. Es decir, la fundación es un patrimonio, ya sea dinero o bienes muebles o inmuebles, que se aplica a unos fines.

¿Es difícil gestionar una fundación? ¿Hace falta un abogado especializado?

No es que gestionar una fundación sea en sí mismo más difícil que gestionar otro tipo de persona jurídica, como una sociedad; pero puede conllevar complicaciones porque los asesores no suelen llevar fundaciones. Más que nada porque no hay tantas fundaciones a nivel nacional. Seguramente debe haber unas 7.000 activas. Cualquier asesor sabe llevar la contabilidad de una asociación o de una sociedad limitada o anónima, pero seguramente una fundación no. Son  muy específicas, con contabilidad propia, una forma de hacer las cosas, y también una forma administrativa de funcionar más complicada, y hay que saber hacerlo. Y la constitución lo mismo.

¿Y cómo va el negocio para su despacho?

Llevamos muchos años y tenemos ya un número considerable de fundaciones, entre las que hemos constituido y las que seguimos asesorando. No es fácil dedicarse sólo a fundaciones pero nosotros lo hemos conseguido.

¿Qué le parece el régimen de fundaciones de España?

Hasta ahora tenemos una ley, la de 2002, que dió un paso más en el sentido de parecernos un poco más a lo que se hace en los países de nuestro alrededor, con mucha liberalidad a la hora de constituir fundaciones. Diríamos que España estaba haciendo pasos en esa dirección, aunque aún tenemos algunas limitaciones que no existen en otros países. Por ejemplo, no están permitidas las fundaciones familiares, que están permitidas en toda Europa y tenemos algunas trabas al funcionamiento, por ejemplo la multiplicidad de registros y protectorados.

Además, ahora estamos en un periodo peligroso porque se ha aprobado un anteproyecto de ley nuevo de fundaciones que no gusta al sector, no aporta nada novedoso y que sin embargo parece dar un paso atrás en la liberalización. Por ejemplo, hay pedir una autorización previa para constituir fundaciones. Es decir, que la ley va en dirección contraria a los avances de 2002. Y es curioso porque la ley de 2002 la presentó Rajoy cuando era ministro de presidencia y portavoz y ahora sale esta nueva ley de su propio gobierno en contra de lo que ellos mismos hicieron en su día.

La nueva ley sí prevé el registro único.

Sí, y la del 2002 y la anterior, pero nunca se ha ejecutado. No es una novedad.

Según el Gobierno, uno de los objetivos de la ley es evitar que las fundaciones se usen para hacer negocios opacos. ¿No están justificadas las medidas?

Es una visión muy partidista. De las 7.000 fundaciones, la inmensa mayoría son muy pequeñas y hacen actividades muy sencillas. El anteproyecto realmente se está refiriendo a las fundaciones públicas o las de los partidos políticos, que son las realmente opacas, pero el resto de fundaciones es un sector muy dinámico y muy normal, no hay esos problemas. La percepción negativa se debe a las actividades de un pequeño número, que suelen ser las públicas y las políticas. Luego también hay muy mala prensa y además a veces falsa: llevamos años hablando de la fundación del instituto Nóos, que nunca ha sido una fundación, son una asociación y una sociedad limitada.

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