Por Adolfo Soria, director de mercantil de BDO Abogados y Asesores Tributarios.

El pasado 1 de septiembre de 2010 entró en vigor el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), con excepción de la prohibición de las previsiones estatutarias que limiten el voto en las sociedades cotizadas que no será de aplicación hasta el 1 de julio de 2011.

Esta nueva ley pretende regularizar, aclarar y armonizar la regulación relativa a las sociedades anónimas, limitadas, anónimas cotizadas y comanditarias por acciones y en base a esta finalidad se derogan todas las normas anteriores que regulaban dichas sociedades de forma que ahora quedan agrupadas bajo un único texto refundido.

Sin embargo, dicha norma nace con el sello de la provisionalidad y queda pendiente de reformas posteriores sustanciales en el derecho de sociedades como por ejemplo la ampliación de deberes fiduciarios de administradores, una más detallada regulación de sociedades cotizadas, la creación de un derecho sustantivo de grupos de sociedades, etc. En el horizonte se valora la posibilidad de crear un Código de Sociedades Mercantiles e incluso un nuevo Código Mercantil.

Con todo, y a pesar de consistir en una refundición de las normas anteriormente mencionadas, en la nueva LSC destacan las siguientes novedades:

1. Disposiciones generales

se redondean las cifras mínimas del capital social de las sociedades anónimas (60.000 euros) y de las sociedades limitadas (3.000 euros) (art. 4);

se unifica el concepto de sociedad dominante y grupo ya que se incorpora la definición del art. 42 del Código de Comercio, definiendo “sociedad dominante” como aquélla que tiene el control directo o indirecto de otras (art. 18);

2. Participaciones sociales y acciones

se prohíbe que los estatutos atribuyan al auditor de la sociedad la valoración de las participaciones sociales en caso de transmisión (art. 107.3.);

en caso de autocartera indirecta, la normativa aplicable será la correspondiente a la sociedad filial que adquiere las acciones o participaciones de la sociedad dominante (arts. 134 y ss.);

3. Órganos de gobierno

se extienden las competencias de la Junta General que tenía la antigua LSRL a las sociedades anónimas (art.160) y, por otro lado, se extiende la distinción entre juntas generales ordinarias y extraordinarias que tenía la anterior TRLSA a todas las sociedades de capital (art.163);

el régimen del procedimiento de la convocatoria judicial de las SL se extienden a las SA (art. 169 y ss.) y se permite a las SA convocar y celebrar las juntas en un lugar distinto del municipio donde se sitúe el domicilio social, si así lo prevén sus estatutos (art. 175);

se establece la obligación por parte de los administradores de las SL de asistir a las juntas generales (dicha obligación era antes sólo para SA) (art. 180);

se imponen los deberes de lealtad (abstención en casos de conflicto de interés) de los administradores de las SL (antes era sólo de los administradores de las SA) (art. 226);

se establece como único criterio para SA y SL que cuando la retribución de los administradores no sea una participación en los beneficios, deberá ser fijada para cada ejercicio por acuerdo de la junta general de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales (art. 217);

se extiende a los administradores de SA la regla de las SL que les prohíbe dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo análogo o complementario genero de actividad que constituya el objeto social, salvo autorización expresa de la sociedad (art. 230). Además, se regula la obligación de que en la memoria de las cuentas anuales se expliquen las situaciones de conflicto de interés (art. 229);

4. Modificaciones estatutarias

se extienden a las SL algunas previsiones de SA en materia de derecho de información (derecho a entrega o envío gratuito de documentos relativos a modificaciones estatutarias), balance auditado para aumentos con cargo a reservas, se suprime el derecho de asunción preferente en aumentos de capital con aportaciones no dinerarias en SL, se permiten las reducciones de capital para la constitución o el incremento de la reserva legal o de las reservas voluntarias y se establece que las SL también sólo puedan repartir dividendos en caso de reducción de capital, siempre que la reserva legal alcance el 10% del nuevo capital (arts. 287 y ss.);

en los casos de reducción de capital de SA por compensación de pérdidas o para dotar la reserva legal, no podrán transcurrir más de 6 meses entre la fecha del cierre del balance y la del acuerdo (esta norma era sólo para SL) (art. 323);

5. Separación y exclusión de socios

se aplican a todas las sociedades de capital las causas legales de separación que existían en sede de SL (salvo la modificación del régimen de transmisión) (art. 346);

se extiende de las SL a las SA la previsión en estatutos de supuestos adicionales de causas legales de separación de socios (art. 347) así como el procedimiento y las normas de valoración (tanto para la separación como para la exclusión) (arts. 353 y ss.);

6. Disolución y liquidación

se extiende a las SA el régimen de disolución y liquidación de las SL en relación con la obligación de elaborar el informe completo de operaciones de liquidación y el proyecto de división entre socios del activo resultante, los plazos de impugnación del acuerdo de liquidación, y las normas sobre activo y pasivo sobrevenido y la formalización de actos jurídicos tras la cancelación de la sociedad (arts. 360 y ss.);

7. Sociedades cotizadas

se establece que el régimen legal aplicable al dividendo preferente de las acciones privilegiadas de cotizadas sea el previsto para las acciones sin voto emitidas por no cotizadas (art. 499);

desaparece la disposición adicional 4ª de la LSA, relativa a la necesidad de que los sistemas retributivos consistentes en la entrega de acciones o derechos de opción sobre ellas, o referenciados al valor de las acciones, dirigidos a directores generales y asimilados de sociedades cotizadas se sometan a la aprobación de la junta general;

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