Consurso consecutivo de persona física no empresaria ante el fracaso, incumlimiento o anulación del acuerdo alcanzado con los acreedores.

Por la Juez Beatriz Ruiz Matilla

Chica leyendo libro sobre la ley de segunda oportunidad

La Ley 25/2015, de 28 de julio denominada de segunda oportunidad modifica la Ley Concursal, completando el acuerdo extrajudicial de pagos inicialmente preconcebido para empresarios y establece el mecanismo de la segunda oportunidad para el pasivo no satisfecho de aquellos deudores personas físicas no empresarias que, de buena fe, no pueden hacer frente al pago de las deudas dotándoles, así, de una segunda oportunidad para volver a rencaminar su situación económica.

La Ley 7/2015, de 21 de julio, por su parte, modificó el art. 86 ter de la LOPJ 6/1985, de 1 de julio y el art. 45.2.a) de la LEC atribuyendo a los Juzgados de Primera Instancia la competencia para conocer de los concursos de persona natural que no sea empresario.

Sin embargo, la atribución de esta clase de competencia a los Juzgados de este orden jurisdiccional puede poner en evidencia eventualmente determinadas carencias en la aplicación de una ley de marcado carácter mercantil, de ahí que se hace conveniente exponer unas líneas directrices generales que pueden ayudar a bien seguro a seguir los pasos del concurso consecutivo que, por su carácter disperso en la mencionada ley, puede generar problemas en su aplicación.

Como se ha indicado, la Ley 25/2015, de 28 de julio, convalida el RDL 1/2015, de 27 de febrero, añadiendo el mecanismo de la segunda oportunidad en los concursos consecutivos de persona física no empresaria, que a su vez, encuentra su regulación en las especialidades del art. 242, en relación con los art. 190 a 191 quater de la LC que regulan el Procedimiento Abreviado, sin obviar otros preceptos de dicha ley tales como aquéllos que regulan a los administradores concursales, la apertura de las distintas fases del concurso, la clasificación de los créditos o la fase de liquidación. En relación al solicitante, si bien puede ser el mediador concursal, el propio deudor o los acreedores, me centraré en el mediador concursal pues es la figura que más se está encontrando en la práctica judicial, y que deberá presentar una solicitud, que normalmente será un impreso standard, que deberá contener los siguientes datos:

  • Los datos de identificación del concursado, un breve resumen de su historia económica, su estado de insolvencia, en su caso, su estado civil.

Y, acompañará:

  • El Informe del art. 75 LC que contendrá los datos de identificación del deudor a que se refiere el art. 6 LC, el inventario de la masa activa, lista de acreedores, Plan de Liquidación y los demás datos de interés que considere oportunos y efectuará también un pronunciamiento sobre los requisitos de la exoneración del pasivo o, en su caso, de la apertura de la sección de calificación (art. 178 bis y 242.2 LC).

Una vez presentada la solicitud, el Juzgado que por turno de reparto le corresponda, dictará un auto declarando el concurso consecutivo de persona física. Se ha de decir que esta clase de concurso principia directamente con la liquidación ante el fracaso de la propuesta de convenio (art. 242. 8a LC). Es importante destacar, que la labor del Juzgado en esta fase se va a centrar básicamente en comunicar la existencia del concurso a las partes y a los terceros que puedan interesados.

Así, las gestiones a realizar por el Juzgado se pueden relacionar de la siguiente manera:

  • Algo obvio, pero deberá verificarse la existencia de poder de la parte y notificar el auto al concursado;
  • Deberá notificarse el auto al mediador concursal con el fin de comparezca en los cinco días siguientes como marca la ley a contar desde la recepción de comunicación para aceptar cargo, así como manifestar la inexistencia de causas de incapacidad, incompatibilidad, prohibición, la existencia de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, del cual el Juzgado deberá testimoniar copia en las actuaciones, así como de sus sucesivas prórrogas. El mediador también deberá facilitar su dirección postal y electrónica (que deberá reunir las condiciones de seguridad oportunas) para que se le comuniquen los créditos y, verificado comunique individualmente la declaración de concurso a los acreedores cuya identidad y dirección consten en los autos, advirtiéndoles de la obligación de comunicar sus créditos. Dicha obligación también se extiende a efectuarla a la AEAT y a la TGSS, a través su sede electrónica.

Es importante destacar que los acreedores e interesados que quieran comparecer en el procedimiento deben hacerlo por medio de procurador y asistidos de abogado (art. 184.3 LC). Y, que los no comparecidos con abogado y procurador, lo que sí tienen es el derecho a examinar los autos (art. 185 LC).

  • El Juzgado también deberá efectuar una comunicación al Registro Público Concursal (art. 198 LC), al Registro de la Propiedad (art. 24 LC), al BOE de forma urgente y gratuita y con el extracto a que se refiere el art. 23.1. in fine LC a fin de que los acreedores pongan en el conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación, a la AEAT, así como al Decanato del partido correspondiente, en el tablón de edictos del Juzgado, pudiéndose adoptar cualquier otra medida complementaria de comunicación.

También, es oportuno señalar que el concursado será el que deberá poner en conocimiento de los Juzgados que ya conocen de procesos contra el mismo la declaración de concurso.

  • Deberá abrirse también con testimonio del auto la sección 1a, la sección 2a relativa a la administración concursal y, necesariamente, la fase 5a de liquidación, haya o no bienes en el inventario de bienes, de tal modo que la alusión a la fase de convenio, carece de aplicación en el concurso consecutivo.
  • El Plan de Liquidación (art. 142 LC) que acompaña la solicitud con carácter provisional, deberá ser puesto de manifiesto en la oficina judicial por el Letrado de la Admón. de Justicia por quince días (art. 148.1 LC), para propuestas de modificación o alegaciones de acreedores que podrán alegar, en su caso, sobre circunstancias relativas a la procedencia o no de la exoneración del pasivo insatisfecho o sobre la apertura de la fase de calificación (art. 242.8a y 148.2 LC).

Verificado, lo anterior, el Juzgado deberá dictar un auto aprobando el Plan de Liquidación. El Plan se aprobará ya sea en los términos en que se hubiera presentado, o bien introduciendo en él modificaciones o acordando la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación (art. 148.2. in fine).

Aprobado el Plan, el Mediador Concursal debe llevar a cabo la liquidación de los bienes existentes, a lo que resultará de aplicación las reglas contenidas en el art. 148 LC y, además, cuando sea previsible que el pasivo es superior al activo a lo que el Mediador Concursal ya se habrá pronunciado en la solicitud, deberá aplicarse las reglas especiales de prelación del art. 176 bis.2 LC. Las operaciones de liquidación no podrán durar más de tres meses, prorrogables por un mes más (art. 191.6 LC).

Finalizada la liquidación el mediador concursal debe presentar un informe final justificativo de las operaciones realizadas y la rendición de cuentas (art. 152.2 LC). El informe se pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas por quince días, en cuyo período el deudor concursado podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. Cabe oposición a la conclusión en el plazo de una audiencia, que se tramitará como un incidente concursal (art. 192 y ss), sin que necesariamente tenga efectos suspensivos.

Si no ha habido oposición o, habiéndola se resuelve por el juez, la siguiente fase es la conclusión del concurso por fin de la fase de liquidación. En esta clase de concursos consecutivos por insuficiencia de masa activa, uno de los motivos de conclusión del concurso es precisamente éste, la insuficiencia de activo. No obstante, será necesario un previo informe de que el concurso no es culpable y no existen acciones de reintegración. No impedirá la declaración de insuficiencia el que el deudor mantenga la propiedad de bienes inembargables o desprovistos de valor o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal.

Y, como decíamos nada impide que si el concurso es declarado fortuito porque nos encontremos ante un deudor de buena fe, en el propio auto de conclusión se declare la exoneración del pasivo insatisfecho. La regulación de esta figura se encuentra en el art. 178 bis LC. Los requisitos son los siguientes:

Primero: Que el concurso no haya sido declarado culpable. Aún así, si el concurso hubiera sido declarado culpable el juez puede conceder el beneficio atendidas las circunstancias y siempre que no se apreciare dolo o culpa grave del deudor.

Segundo: Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los diez años anteriores a la declaración de concurso. Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender su decisión respecto a la exoneración del pasivo hasta que exista sentencia penal firme.

Tercero: Que, reuniendo los requisitos establecidos en el art. 231, haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

Cuarto: Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

Quinto: Que, alternativamente al número anterior:

I) Acepte someterse a un plan de pagos.

II) No haya incumplido las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 42 LC.

III) No haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años.

IV) No haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad.

V) Acepte de forma expresa, en la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho, que la obtención de este beneficio se hará constar en la sección especial del Registro Público Concursal por un plazo de cinco años.

Así, si reúne los requisitos mencionados se le exonerará de la parte insatisfecha de los créditos ordinarios y subordinados pendientes, exceptuando los de derecho público y por alimentos y respecto de los créditos con privilegio especial como son las hipotecas se le exonerará de la parte que no haya podido satisfacerse con la ejecución de la garantía.

Beatriz Ruiz Matilla
Juez

3 Comentarios

  1. En caso de que el concurso se declare culpable, entiendo que la liquidación del patrimonio del deudor se produce igualmente pero, ¿qué sucede con las deudas que siguen quedando sin satisfacer?

    Me refiero a si los acreedores deben iniciar reclamación mediante monitorio, etc., si el deudor entonces podría oponerse por ejemplo denunciando existencia de cláusulas abusivas, etc. ¿o a continuación de la fase de liquidación los deudores podrían solicitar directamente el embargo de la nómina del deudor?

  2. En el caso que expones, no es necesario un nuevo procedimiento declarativo, ya que el art. 178.2 LC equipara la lista definitiva de acreedores con la misma fuerza que ostentaría una sentencia firme, por lo que los acreedores pueden iniciar ejecuciones singulares en un procedimiento ejecutivo, con las medidas ejecutivas contempladas en la Lec, entre ellas el embargo que mencionas.

  3. […] La Ley de la Segunda Oportunidad permite cancelar a particulares y autónomos el pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores con la mediación de un juez y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda parcial o total. […]

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