Rafael Fontán Por Rafel Fontán Tirado, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea

La doctrina Parot es el nombre con el que se bautizó a una novedosa forma de aplicar los beneficios penitenciarios a los condenados por la comisión de varios delitos graves, nacida de la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006. Hasta ese año, nuestros tribunales entendían que el límite máximo de cumplimiento (30 años, conforme al anterior Código Penal) era la cifra respecto de la cual debían descontarse dichos beneficios. Pero desde 2006 se decidió que éstos -principalmente el descuento de un día de condena por cada dos días de trabajo en prisión- debían aplicarse individual y consecutivamente a cada una de las penas impuestas por los diversos delitos cometidos, sin perjuicio de que, una vez alcanzado el máximo legal de cumplimiento -los 30 años mencionados-, se procediera a la excarcelación definitiva del reo.

Esta original e insólita interpretación de la ley penal afectó principalmente a los internos condenados a penas superiores a 60 años, que vieron cómo la doctrina Parot hacía coincidir los 30 años de máximo cumplimiento de condena con los años reales de cumplimiento efectivo de pena, y convertían en ineficaces todos los beneficios de acortamiento de condena obtenidos durante la estancia en prisión.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conociendo precisamente del recurso presentado por uno de estos internos frente a dicha tendencia jurisprudencial -concretamente, el de Inés del Río, condenada a más de 3.000 años de prisión, y que aspiraba a salir de la cárcel a los 20 años y un mes de condena-, ha fallado en su sentencia de 21 de octubre de 2013 contra el Estado español, y ha considerado que la aplicación de la doctrina Parot a este supuesto concreto es contraria a los artículos 7 (principio de legalidad penal) y 5 (legalidad de la detención) del Tratado de Roma. Y ello pese a que no se trata strictu senso de un caso de retroactividad ilegal de leyes penales desfavorables, sino más bien de una conculcación, por vía interpretativa, de las legítimas expectativas de liquidación de una condena privativa de libertad.

Este desafortunado periplo judicial de la doctrina Parot, así como su previsible anulación, han puesto de manifiesto sin embargo, y más allá de los concretos problemas generados por el dudoso sistema de ejecución interna de sentencias del Tribunal de Estrasburgo, algunas de las más graves carencias y tendencias perversas de nuestro sistema penal.

Resulta evidente, por ejemplo, el uso político de la ley y de las actuaciones penitenciarias. Tan malo es orientarlas a favor de un pacto nacional con delincuentes como utilizarlas a modo de arma, o de atajo, ignorando su injusticia o su ilegalidad. En este sentido, retorcer la ley para obligarla a decir lo que no dice siempre deviene ineficaz. Y más aún si lo que se pretende con ello es proceder (pese a su supuesta buena intención) a una ilegítima modificación normativa.

Por otro lado, se percibe una cierta insatisfacción general con el carácter proporcional de la pena. Y no me refiero a los casos en los que la proporcionalidad es sencillamente imposible, sino que a muchos legos en Derecho, pero también a numerosos profesionales del gremio, les resultan razonablemente discutibles, si no absolutamente incomprensibles, los complejos mecanismos jurídicos que determinan la proporcionalidad de la pena en relación a los delitos cometidos…Proporcionalidades y mecanismos que unas veces hacen hincapié en el número de perjudicados, otras en el número de acciones llevadas a cabo, algunas en las características comunes de los delitos cometidos y, casi siempre, en el fundamento mismo del sistema punitivo. El ciudadano ignora si matar a dos pájaros de un tiro tiene la misma pena que hacerlo en dos tiros consecutivos, en tiros separados pero dentro de la misma cacería, en días distintos de la misma temporada de caza, o con un tiro para un pájaro y una pedrada para otro.

Es evidente, por lo demás, que las penas de veinticinco, treinta o cuarenta años de cárcel, que no son precisamente penas menores, acaban también terminando, y los abyectos criminales condenados a las mismas, saliendo de prisión una vez las cumplan. Si lo que realmente se desea es que eso no se repita, deberíamos entonces denunciar los tratados internacionales de los que somos parte -y que lo impiden-, y transformar consecuentemente nuestro sistema de penas, instaurando otras irreversibles (como la muerte o la tortura) o interminables (como la cadena perpetua).

Finalmente, la Sentencia del TEDH ha reavivado inopinadamente el latente debate sobre el papel de la víctima en el sistema penal, obligándonos a reflexionar también sobre si el verdadero apoyo a las mismas consiste tanto en el ensañamiento con los presos y en el vocerío indiscriminado desde las manifestaciones, como en su atención eficaz y en su acompañamiento constante y diario. Si más que los golpes de pecho, convienen políticas activas de tratamiento y protección, impidiendo tanto la presión social, la amenaza y la coacción de los victimarios en las calles o en las instituciones, como facilitando la intervención de las víctimas en el proceso, en la ejecución de las penas y en los procedimientos de mediación y tratamiento con los delincuentes.

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