Las elecciones se convocan para ganarlas. Pero el voto es también la herramienta del ciudadano para premiar o castigar lo que se hace con su vida. Si Pedro Sánchez confía en que la vivienda movilice el apoyo a su Gobierno, debería prestar atención a quienes llevan años sin poder planificar su futuro porque la Administración mantiene su empleo en una temporalidad abusiva. También ellos tienen memoria. También ellos votan. Y contando a sus familias, son más de 4 millones de votos.
La vivienda ocupa el centro del debate electoral, pero para un trabajador público que desconoce si conservará su puesto, el problema empieza antes de buscar casa. Empieza cuando tiene que acreditar unos ingresos estables, asumir un préstamo que no le conceden porque tiene un empleo precario o decidir si puede afrontar los gastos de su familia. Resulta difícil prometer seguridad a los ciudadanos mientras las propias administraciones perpetúan la incertidumbre de quienes trabajan para ellas.
Durante años, he defendido a empleados públicos que han dedicado buena parte de su vida profesional a sostener, en precariedad laboral, servicios esenciales sin recibir una respuesta efectiva al abuso sufrido. Personas que encadenan contratos o nombramientos para desarrollar tareas que siguen siendo necesarias año tras año. La necesidad es permanente. La inseguridad y la incertidumbre se reserva para el trabajador.
Detrás de cada una de estas personas hay una vida que no puede permanecer indefinidamente en espera. Hay parejas que comparten los gastos del hogar, hijos cuya formación depende de ese sueldo y padres que necesitan apoyo. El temor a perder el empleo después de décadas de servicio entra en casa, condiciona decisiones y desgasta a toda la familia. Ningún cálculo político serio debería ignorar esa dimensión.
Pero es que hay un segundo golpe. Los funcionarios interinos, que son el grueso de los temporales, son cesados con una indemnización de cero euros. Cero. Han pasado veinte o treinta años en un único oficio, el de servir a lo público, y un día se les comunica que sobran. ¿Adónde va quien solo sabe hacer eso, a los cincuenta y tantos años? Más de la mitad de los parados mayores de 50 años lleva más de un año buscando trabajo y más del 70% son mujeres.
Sin indemnización, sin otro oficio y sin edad para empezar de nuevo, ¿cómo se rehace una vida? Les espera el paro, la exclusión social y la angustia.
No hace falta convertir a cada familiar en un voto ni atribuir a todos los afectados una misma preferencia política para comprender el alcance del problema. Basta con reconocer que el daño se extiende mucho más allá de quien firma el contrato o recibe el nombramiento. Y que las familias también valoran la distancia entre las promesas que escuchan y la realidad que viven. Sobre todo, cuando le va en ello su propia supervivencia.
El Gobierno puede reivindicar sus políticas laborales y su defensa de los derechos sociales. Pero ese balance debe incluir lo que sucede dentro del empleo público. La lucha contra la precariedad pierde credibilidad cuando el ciudadano comprueba que la Administración que debe combatirla también la mantiene y no estabiliza al personal temporal víctima de un abuso. Es decir, el Gobierno hace lo contrario a lo que exige a la empresa privadas. Quienes sufren abuso de temporalidad tienen derecho a preguntar cuándo les alcanzará la seguridad que se promete desde las tribunas políticas.
Europa exige una respuesta. La Comisión Europea, oficiosamente, ha trasladado a las organizaciones afectadas en una reunión en Madrid que no habrá más prórrogas, y el expediente sancionador contra el Gobierno de España avanza hacia el Tribunal de Justicia de la UE. Allí las sanciones no son una multa: son sumas millonarias a tanto alzado y pagos diarios hasta que se cumplan las sentencias. Puede tardar, pero es el camino marcado
Desde la posición jurídica que vengo defendiendo, cuando no existe otra medida efectiva para sancionar el abuso, la fijeza debe ser la respuesta. Es la única respuesta posible.
Pedro Sánchez debe responder por las decisiones de su Gobierno. También deben hacerlo quienes dirigen comunidades autónomas, ayuntamientos y otras administraciones. El abuso atraviesa mandatos y colores políticos. Ningún candidato puede denunciarlo donde gobierna su adversario y guardar silencio donde gobierna su partido.
En esta campaña, los afectados merecen compromisos que puedan comprobar. Qué solución se propone, a quién protege, cuándo se aplicará y qué responsabilidades se exigirán para impedir nuevos abusos. Después de tantos años, otra declaración de buenas intenciones vuelve a colocar la carga de la espera sobre las mismas personas: sobre los trabajadores públicos interinos víctimas de estos abusos.
El próximo 29 de noviembre, quienes acudan a votar podrán valorar también cómo se ha tratado su trabajo y el sustento de sus familias. Su voto es libre. Precisamente por eso, nadie tiene derecho a darlo por descontado.
No solo la vivienda cuenta en estas elecciones. También cuenta la precariedad de quienes sostienen los servicios públicos y esperan que el Estado deje de tratarlos como material desechable. Y aquí hay cientos de miles de abusados y, detrás de cada uno, una familia: una pareja, unos hijos, unos padres que ven cómo su sustento depende de un Estado que los trata como material desechable. Todos votan el 29 de noviembre, Y como decíamos ante, son más de 4 millones de votos
Que lo sepan los candidatos.
Sobre el autor
Javier Araúz de Robles, abogado del Estado en excedencia y especialista en la defensa de empleados públicos temporales.
