«Tiene derecho a … una declaración de derechos». Dentro de poco esto será realidad para toda persona que se encuentre detenida o privada de libertad en cualquier lugar de la Unión Europea.

Los ministros de Justicia de la UE han adoptado hoy una nueva ley que la Comisión Europea había propuesto con objeto de garantizar el derecho a la información durante los procesos penales. Con arreglo a la«Directiva relativa al derecho a la información en los procesos penales», los sospechosos de haber cometido un delito serán informados de sus derechos en una lengua que comprendan.

La medida garantizará que los países de la UE faciliten a toda persona que haya sido detenida o esté sujeta a una orden de detención europea una declaración de derechos en la que se recojan sus derechos básicos durante los procesos penales. Una vez haya entrada en vigor (dos años después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, que se espera tenga lugar en las próximas semanas), la nueva ley se aplicará a unos ocho millones de procesos penales al año en los 27 Estados miembros de la UE. En la actualidad, este derecho solo existe en un tercio de los Estados miembros, aproximadamente.

«El derecho a un juicio imparcial es uno de los pilares de nuestros sistemas judiciales en Europa» dijo la vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE. «Esta nueva ley de la UE contribuirá a salvaguardar este derecho garantizando que se informe a todo el mundo con claridad y prontitud de sus derechos. Hoy es un día capital en nuestros esfuerzos conjuntos destinados a garantizar que los europeos dispongan de acceso a la justicia, estén donde estén en la UE. Deseo agradecer al Parlamento Europeo y a los ministros de Justicia de la UE su apoyo a la propuesta de la Comisión. Que haya sido posible hacer realidad con tanta celeridad este derecho a un juicio imparcial para los 500 millones de habitantes de Europa sienta un buen precedente para una Europa de los derechos y la justicia».

La Comisión Europea propuso la nueva ley en julio de 2010 (IP/10/989) formando parte de una serie de derechos a un juicio imparcial que debían aplicarse en toda la UE. Iniciada por la Comisaria de Justicia de la UE, Viviane Reding, es la segunda medida destinada a establecer normas mínimas comunes de la UE en las causas penales. Esta iniciativa fomentará la confianza en el ámbito de la justicia en la UE. El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en octubre de 2010 la primera propuesta, que dio a los sospechosos el derecho a traducción e interpretación (IP/10/1305).

La Directiva garantizará que la policía y la acusación ofrezcan a los sospechosos información sobre sus derechos. A raíz de una detención, las autoridades darán esta información por escrito, en una declaración de derechos, redactada en un lenguaje sencillo y cotidiano. Se entregará a los sospechosos en el momento de su detención en todos los casos, tanto si así lo solicitan como si no, y se traducirá en caso necesario. Se da libertad a los países de la UE para que elijan la redacción precisa de la declaración. La Comisión propuso un modelo en 22 lenguas de la UE (véase el anexo). Así se ofrecerán garantías a las personas que se desplacen a otro país y se limitarán los costes de traducción.

La declaración de derechos incluirá detalles prácticos sobre los derechos de las personas detenidas, tales como el derecho a:

–       guardar silencio;

–       consultar a un abogado;

–       ser informado de los cargos que se le imputan;

–       interpretación y traducción a cualquier lengua, si no entiende la lengua en que se desarrolla el procedimiento;

–       que se le juzgue con rapidez después de haber sido detenido;

–       informar de su detención a la persona que desee.

La declaración de derechos contribuirá a evitar errores judiciales y reducir el número de recursos.

En la actualidad, la probabilidad de que se informe a los ciudadanos de sus derechos al ser detenidos y enfrentarse a cargos penales varía entre los distintos países de la UE. En algunos Estados miembros, los sospechosos solo reciben información oral sobre sus derechos procesales, y en otros solo se ofrece información por escrito si se solicita.

De conformidad con el artículo 82.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y con el fin de facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y de mejorar la cooperación policial y judicial en materia penal, la UE puede adoptar medidas destinadas a reforzar los derechos de los ciudadanos de la UE, sobre la base de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

El derecho a un juez imparcial y el derecho a la defensa se establecen en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En junio de 2011, la Comisión propuso una tercera medida destinada a garantizar el acceso a un abogado y a comunicarse con los familiares (IP/11/689). La propuesta está siendo debatida actualmente en el Parlamento Europeo y el Consejo.

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