En un principio iban a ser 1.000 y luego se quedaron en 300. El Ministerio de Justicia reunió el pasado jueves a los sindicatos para comunicarles que la próxima oferta de empleo público programada por el Gobierno ascendería a 1.000 plazas, pero la cartera de Alberto Ruiz-Gallardón, según han denunciado a Diario Jurídico los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia, no ha cumplido con su palabra.
Un día después de esa reunión, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros una convocatoria general para la reposición de personal público en la que las plazas de Justicia quedaban reducidas a 300. “El Gobierno debe saber qué planes de Gobierno tiene, y dejarse de vacilaciones y cambios de criterio”, critica Rafael Lafuente, portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej). Justicia se reunió el pasado jueves con su sindicato, con la Unión Progresista de Sindicatos Judiciales y con el colegio que representa a este cuerpo en un encuentro en el que el Ministerio les trasladó que la oferta de empleo público sería mucho más elevada de la que luego ha aprobado finalmente el Gobierno. “Hay una absoluta falta de comunicación entre el Ministerio de Justicia y el de Administraciones Públicas porque no puede ser que se nos traslade una cosa y, al día siguiente, se haga otra”, denuncia Lafuente, que sostiene que Gallardón «desconocía esta situación».
El Ministerio informó el pasado viernes, mediante nota de prensa, que convocará 300 plazas de las 1.000 ofertadas por el Estado. “El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha defendido la importancia de este sector como prioritario para el desarrollo económico y social de España y prueba de esta consideración es que el 30% de las 1.000 plazas ofertadas están destinadas a la Administración de Justicia”, se vanagloriaba la nota de prensa. De esas 300 plazas, concretaba Justicia, 58 serán para el cuerpo superior jurídico de secretarios judiciales y las 242 restantes para el cuerpo de gestión procesal y administrativa (el personal al servicio de las oficinas judiciales).
“Una oferta de 100 plazas, que fue lo que nos trasladó el Ministerio, nos parecía una oferta muy a la baja pero que podía ser aceptable, pero 58 plazas es una oferta irrelevante, totalmente insuficiente”, censura el portavoz de Sisej. Según Lafuente, el cuerpo de secretarios judiciales es uno de los que tienen una mayor tasa de interinidad, por lo que “la consolidación del empleo es muy importante”. Asimismo, critica no sólo la escasa oferta de empleo público, sino la falta de modelo de oficina judicial para agilizar los tribunales. “La ley para implantar la oficina judicial está paralizada y el Ministerio no nos ha comunicado qué quiere hacer al respecto”, concluye.
