Lo desmintió públicamente Regina Plañiol, consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, a los periodistas que acudimos a su comparecencia tras su reunión, la primera de carácter institucional con Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, “Madrid no solo no va a devolver sus competencias en Justicia sino que le hemos ofrecido al Ministro que seamos banco de prueba de aquellas reformas que quiera luego implantar a nivel nacional.”. También confirmo a este periodista tras la rueda de prensa que el Informe de la Situación de la Justicia Madrileña se presentará en los próximos días a falta de concluir ciertos detalles últimos.

Disminuir la litigiosidad y adecuar la carga de trabajo de los órganos judiciales son dos de los elementos que preocupan a la consejera Plañiol que acudió, entre otras ilustres personalidades,  antes al desayuno organizado por Europa Press con el propio Ministro como ponente. Asi se lo ha hecho saber a Gallardón en el transcurso de esta reunión de casi una hora de duración.  .En esta línea, pidió al ministro flexibilidad en las plantillas de tal forma que los destinos de los funcionarios sean más amplios para que haya una mejor reubicación. Sobre las diferencias  existentes entre autonomías, Plañiol trasmitió al Ministro su preocupación por la distinta evolución que está experimentando  en cada una, sobre todo en materia electrónica, y la necesidad de adaptar la planta judicial a las características de Madrid.

El actual despliegue territorial en la región es poco funcional, con 21 partidos muy desiguales en tamaño y caracterización. Por este motivo, la región quiere superar el concepto clásico de partido judicial y poder tener órganos con jurisdicción en toda la Comunidad Autónoma. También se pretende la flexibilización en la adjudicación de la plaza de funcionarios, con movilidad de destino para sedes o unidades más genéricas que las actuales.

En cuanto a la apuesta por las nuevas tecnologías, Plañiol destacó que el Gobierno regional ha puesta en marcha un Plan de Modernización de los sistemas de Información Judicial, con una inversión ejecutada hasta la fecha de 22 millones de euros, y tiene un plan global para la implantación plena de la Administración de Justicia Electrónica antes de finalizar el año 2015. “Nos asusta que el Estado o aquellas comunidades que tienen transferida la Administración de Justicia estén apostando por distintos sistemas o el ritmo sea diferente, lo que provocaría graves problemas de coordinación”, explicó la consejera. Hay que tener en cuenta que sólo 11 regiones tienen transferidas las competencias en materia de Administración de Justicia, por lo que habría que establecer criterios comunes.

Reducción de litigiosidad

Durante el transcurso de la reunión, ambas Administraciones coincidieron en la necesidad de reducir el alto nivel de litigiosidad existente en la Justicia española, y, en concreto, en la madrileña, que se ha convertido en la segundo Comunidad con mayor número de asuntos ingresados en los tribunales en relación con el número de habitantes. Así, mientras la medianacional la litigiosidad es de 198,8, en Madrid supone un 223,2, teniendo en cuenta que desde 2003 en este ámbito ha crecido un 26,51%. “De esta forma –aseguró la consejera- desde Madrid se va a apoyar cualquier reforma para reducir la litigiosidad, ya sea la Nueva Ley de Reforma de Enjuiciamiento Criminal, la despenalización de faltas, la extensión de juicios rápidos, las medidas de resolución alternativa de conflictos, incluso modelos extrajudiciales, y la revisión de tasas judiciales”.

Además, la Comunidad también respaldará el debate sobre la reforma de la Ley de Menor y una revisión de la oficina judicial, ofreciéndose también para la experiencia piloto en este caso.

Asistencia jurídica gratuita

De los temas tratados, un capítulo especial se ha dedicado a la Asistencia Jurídica Gratuita, por el propio interés del Ministerio en conocer los datos registrados en la Comunidad de Madrid, unas estadísticas que reflejan el incremento espectacular en el número de solicitudes, cercano al 100%, desde que se recibieron las transferencias de Justicia. Esto supuso un coste económico para las arcas regionales de 44 millones de euros en el 2011.

La consejera autonómica especificó a Ruiz-Galardón los instrumentos de control que está desarrollando la Comunidad de Madrid para garantizar que se cumpla la legalidad en este ámbito, garantizando siempre el derecho constitucional a asistencia jurídica gratuita, si bien se abordó la necesidad de un cambio y medidas que eviten su abuso.

En este sentido, Plañiol reiteró la necesidad de que se impulse la reforma de la Ley de Justicia Gratuita, tal y como se recogía ya en el acuerdo de Pamplona de enero de 2010 en la Comisión de coordinación de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia. “Es el momento de plantearse si quién recibe este derecho es a quién realmente le corresponde, pues aunque se hable de Justicia Gratuita se paga con el dinero de todos los ciudadanos y es obligación de las Administraciones su control”, concluyó la responsable madrileña

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