La independencia judicial se ha convertido en uno de los temas de actualidad en los últimos días a raíz de que la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, dictase, el pasado día 2 de noviembre, la prisión incondicional para el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros siete ex consellers del ejecutivo autonómico catalán.
La independencia judicial vuelve a los debates televisivos, a las portadas de los periódicos y a una opinión pública cada vez más crítica con el actual sistema judicial.

En este contexto, entrevistamos al Magistrado Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado de lo Mercantil 10 de Barcelona y portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ).

independencia judicial -diario juridico-
Imagen: Magistrado Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado de lo Mercantil 10 de Barcelona

Defensor a ultranza de la independencia judicial, el Magistrado Manuel Ruiz de Lara se muestra crítico con el actual sistema de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y compara esta elección con un pastel; un pastel que se reparte entre las principales fuerzas políticas que conforman el Congreso y el Senado.

El máximo órgano de los jueces en España, el Consejo General del Poder Judicial, está compuesto por un presidente y veinte vocales. Pero ninguno de ellos es elegido por jueces y magistrados.
1. ¿Cuál es el actual sistema electivo de los miembros del Consejo General del Poder Judicial?

El sistema se basa en que cualquier juez se puede presentar a ser vocal del Consejo, solo necesita que le apoyen 25 compañeros. Es decir, presentar 25 avales. Después serán el Congreso y el Senado los que decidan.

El problema de este sistema es que puedes conseguir el aval de 3.000 jueces, pero eso no implica que el partido político te vaya a elegir.

Por lo tanto, el actual sistema electivo de los miembros del Consejo es absolutamente pernicioso de cara a la independencia judicial.

2. ¿Siempre ha sido este el sistema de elección de los miembros del CGPJ?

Este sistema no era el originario. Anteriormente, los miembros del Consejo eran elegidos por los jueces, por mayoría, mediante una votación.
Este sistema se cambió en el año 1985 y, a partir de entonces, la elección de los miembros del Consejo se decide por los partidos políticos.
En la última reforma que hubo, la que promovió el ministro Gallardón, se ahondó todavía más en la politización; se eliminó el filtro, que hasta entonces había existido, que permitía a las asociaciones judiciales proponer 36 candidatos y de esos 36 candidatos el Congreso y el Senado escogían 12. A partir de la última reforma ya no, se eliminó el filtro de la asociaciones judiciales y actualmente son, directamente, los partidos políticos los que eligen a los miembros del Consejo. ¿Para qué? Para influir en los nombramientos judiciales y, incluso y de alguna forma, en la potestad disciplinaria.

Este sistema de elección surge de la traición del Partido Popular a la promesa electoral que consistía en un sistema electivo por los propios jueces. Medida que, sin embargo, podía haber llevado a cabo el PP, al contar con mayoría absoluta, pero que no fue así al ver que los vocales del anterior Consejo no obedecían a los criterios del Ministro y del Gobierno.

Por tanto, es un sistema pernicioso porque lo que actualmente se produce es un reparto del pastel: el PP elige a sus vocales, el PSOE a los suyos y así con los demás partidos políticos. Después parece que han llegado a un gran consenso, pero en realidad lo que se ha producido es un reparto del pastel.

3. ¿Este sistema de elección compromete la independencia judicial?

Lo que sí resalto es el riesgo que tiene este sistema para la independencia judicial. Los jueces es evidente que son independientes cuando dictan una resolución, pero el sistema propicia que pueda haber la tentación de que un juez, que quiera hacer carrera política, dicte una resolución que pueda agradar más al partido político que después le va a nombrar vocal del Consejo. O que simplemente ese partido político no te elija porque la resolución que has dictado no le gusta.

No digo que se produzca, pero que la tentación existe. Que de los más de 5.000 jueces que somos, un juez pueda tener la tentación de motivar en un sentido o motivar en otro para agradar al partido político y después ser nombrado vocal del Consejo es evidente. Esa tentación se eliminaría si el Consejo – que es lo que defendemos nosotros desde la Plataforma y lo que defienden otras asociaciones judiciales – fuese elegido mediante el principio de un juez, un voto por los jueces y magistrados sin ningún tipo de interferencia política.

4. ¿El sistema de nombramiento obedece a criterios ideológicos?

O de afinidad personal o de lazos familiares. Hay vocales del Consejo que tienen algún tipo de lazo familiar con algún cargo político, o que ha sido cargo político, en la Generalitat o en el Gobierno de alguna Comunidad Autónoma.

A partir de la reforma que hubo -la de Gallardón- digo siempre que:

Hay 3 categorías de magistrados: los jueces, los magistrados y los magistrados con padrino político, que es una categoría que no figura en la ley pero existe.

Por ejemplo, el actual presidente del Tribunal Supremo fue Director General de Justicia con el PP y su elección fue una farsa institucional. Su elección como presidente del Tribunal Supremo estaba decidida de antemano y los vocales se limitaron a ratificar ese pacto con los partido políticos. Cabe decir, que la andadura que ha hecho después, como presidente del Supremo, ha sido bastante nefasta y desde luego no se ha caracterizado por la defensa de la independencia judicial o por una transparencia de verdad en los nombramientos judiciales mediante la motivación adecuada.

Los partidos recurren al fichaje de jueces para sus listas electorales y la ley facilita la entrada en política y la posterior vuelta a su puesto.
5. Un juez puede concurrir a unas elecciones, formando parte de una determinada candidatura política, y después regresar a la carrera judicial, ¿en qué medida afecta esto a la independencia judicial?

En la vida hay que elegir. El juez está en su legítimo derecho de presentarse, tal y como está la legislación ahora, a las elecciones y después volver a la judicatura. El problema que plantea eso, desde mi punto de vista, es que genera dudas sobre la apariencia de imparcialidad, porque hay una identificación ideológica. Pero el sistema es más pernicioso todavía, pongo un ejemplo: el juez que se pasa a la política, durante el tiempo que esté en política, ese tiempo le computa en la antigüedad en la carrera judicial de tal forma que cuando vuelve es como si hubiese sido juez o magistrado el tiempo que se ha estado dedicando a la política. Sin embargo, el juez o magistrado que se va a un despacho de abogados y desempeña una labor jurídica, el tiempo que está fuera de la carrera judicial no le computa como antigüedad, y cuando vuelve a la carrera ha perdido puestos en el escalafón.

6. ¿Hay algún tipo de control para el juez que regresa a la carrera judicial después de haberse dedicado a la política?

No, al estar en una situación de servicios especiales es simplemente un reingreso en la carrera judicial. No hay ningún filtro porque la reincorporación es automática.

Yo, en ese sentido, soy partidario de una reforma. El juez que se pase a la política no puede volver a la judicatura, eso lo tengo claro,  y hay que elegir: o desempeñas una función política o desempeñas una función judicial

Un informe del Consejo de Europa, publicado el pasado mes de junio, sitúa a España como el país menos comprometido en la lucha contra la politización judicial de los 21 estados evaluados por este organismo. Además, y según el propio informe, la confianza de la ciudadanía española en la justicia es cada vez menor.
7. ¿Considera que la politización de la que hablábamos está haciendo que mucha de la población española pierda la confianza en la justicia?

Sin duda, yo siempre digo que los jueces y magistrados dictan resoluciones independientes, que pueden recibir algún tipo de presión, pero que la resolución es independiente. El problema es el riesgo que entraña que un juez, individualmente, pueda tener la tentación de ajustar sus resoluciones a un determinado partido político para hacer carrera política dentro de la carrera judicial y la apariencia, de cara a la ciudadanía, de esta situación es absolutamente perniciosa.

La ciudadanía ve que el Consejo se reparte como un pastel y a este pastel se le ponen colores: los vocales azules, los vocales rojos, etc. La apariencia es muy nefasta porque, al fin y al cabo, es nuestro órgano de gobierno y tiene competencias importantes en materia de nombramientos judiciales y en materia de potestad disciplinaria.

Personalmente, y en este sentido, me sorprende mucho cuando el presidente del Supremo dice que la ciudadanía estaría de acuerdo con que el Consejo lo eligiese el Congreso y el Senado, porque no es verdad. Y tanto no es verdad que el Partido Popular llevaba en su programa electoral la elección de los miembros del Consejo por jueces y cuando ganó, por mayoría absoluta, traicionó el pacto de legislatura con la ciudadanía. 

La apariencia es muy perniciosa y en la función judicial es tan importante ser independiente como parecerlo.

8. ¿Le preocupa la falta de independencia judicial?

Me preocupa la politización del CGPJ y el riesgo que entraña para la independencia judicial porque se puede sancionar a un juez no nombrándolo para un alto cargo porque hay algún tipo de interferencia política, ya que los nombramientos no se motivan.

En este sentido, la potestad disciplinaria, al carecer de garantías, se puede utilizar para buscarle las cosquillas a algún juez; como yo lo he padecido y afortunadamente ha terminado muy bien, pero

He sufrido la utilización de la potestad disciplinaria como represalia por la denuncia que hacemos de la politización del Consejo.

Personalmente siempre la diferencio: una cosa es el Consejo que está politizado, porque lo eligen los políticos, y otra cosa es el juez o magistrado que en su juzgado dicta una resolución independiente, en este segundo caso no tengo dudas de que la independencia si se produce.

9. ¿Debemos estar orgullosos de nuestros jueces y magistrados?

Creo que sí. Los jueces y magistrados hacen una labor absolutamente independiente con una gran carencia, en muchos casos, de medios materiales y de medios personales; con un sistema que favorece la politización y la exposición a la apertura de diligencias informativas o a que te posterguen un nombramiento judicial simplemente por el hecho de dictar una resolución independiente.

Todos podemos tener legítimas expectativas de ser mañana magistrado del Tribunal Supremo o presidente de la Audiencia, el problema es que ese nombramiento se favorezca a uno o se dificulte a otro en función del sentido de la resolución que ha dictado.

Lo suyo sería que los nombramientos estuviesen perfectamente motivados y que el juez o magistrado que se presenta a un cargo de elección discrecional sepa porque lo han elegido o porque no lo han elegido pero, para eso, se necesita una motivación adecuada del nombramiento. Sin embargo, lo que se produce en realidad es que en los nombramientos se hace un corta y pega del currículum del candidato, esa es la motivación, hecho que no permite la transparencia; aunque ahora el presidente del Consejo haga gala de que Abogacía Española y Transparencia Internacional le han concedido el Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción.
Esa no es la transparencia, la transparencia no es la acumulación de datos en una página web. Si yo me presento a un cargo tengo que saber porque me han elegido o me han postergado, porque este candidato tiene mejores méritos o porque el CGPJ lo ha valorado así.

Entonces, en ese contexto de: carencia de medios materiales, de juzgados hasta arriba, de compañeros que están dictando resoluciones un domingo o por la tarde, de la dificultad para conciliar la vida personal y familiar, de las grandes presiones a las que nos vemos expuestos como la juez Lamela, por ejemplo, que hay una opinión pública acusándola casi de prevaricación de manera muy injusta porque ha dictado una resolución independiente que puede gustar o no, pero es independiente. En este contexto, yo creo que la ciudadanía tiene que estar muy orgullosa de los jueces y magistrados que tiene.