La Ley contra la Violencia de Género es una de las cuestiones que más polémica genera en nuestra sociedad. Encontramos posiciones que se mueven desde los que proponen derogarla íntegramente, aduciendo que se trata de una norma que contraviene el artículo 14 de la Constitución, hasta los partidarios que mantienen que se trata de una ley esencial para la construcción de una sociedad más igualitaria. No obstante, en este debate apenas se pone de manifiesto otro contenido que no sean los tipos penales. Es por ello que, en aras de visibilizar parte de su contenido, realizamos en este texto un breve análisis de una de las novedades introducidas en esta norma: la asistencia jurídica gratuita para las víctimas.

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La Ley de Violencia de Género: breve resumen de su articulado más polémico

La problemática político-social de la Violencia de Género es uno de los temas que más interés genera en el debate de nuestro país. A raíz de la aprobación y promulgación de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se introdujeron una serie de medidas destinadas a combatir esta realidad, que abarcaban desde beneficios sociales o laborales hasta medidas de carácter asistencial. No obstante, las disposiciones que más controversia generaron fueron la modificación de los artículos 153.1, 147.1, 171.2 y 171.4 del Código Penal, introduciendo en ellos a un sujeto pasivo común, quien sería “esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia”. Esta modificación legislativa vendría motivada en la medida en que la violencia de género se configura como “el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”, según reza la propia Exposición de Motivos de la norma.

Al margen del debate en términos de política criminal, la ley recoge otra serie de medidas que merecen un análisis más profundo. En este sentido, a través de este texto nos detenemos en el contenido del artículo 20 de la norma, el cual estipula que las víctimas de violencia de género podrán disfrutar de la asistencia jurídica gratuita.

El derecho de asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia de género.

El derecho de asistencia jurídica gratuita se configura como una garantía procesal de los litigantes de un procedimiento, la cual se encuentra recogida tanto en los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como en el artículo 119 de nuestra Carta Magna. Así las cosas, este artículo entronca con el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la constitución, en la vertiente de éste de proveer a las partes al derecho de asistencia letrada como una garantía misma del proceso judicial.

De la redacción del el artículo 119 de la Constitución se desprende que este beneficio prestacional se garantiza para las personas que acrediten insuficiencia de medios para litigar “en todo caso”. De esta manera, se convierte es un auténtico mandato al legislador, obligándole a que, en el desarrollo legislativo que se haga de esta garantía, se extienda siempre y en todo caso a sujetos que no dispongan de medios materiales para financiar su propia defensa procesal. Al mismo tiempo, el artículo se establece como una cláusula de mínimos, de manera que se podrá extender la asistencia jurídica gratuita a otros colectivos sociales vulnerables si así lo dispone una ley estatal.

Es en este marco en el que el legislador ha considerado que las víctimas de violencia de género son merecedoras de este derecho. A mayor abundamiento, el procedimiento para obtener esta prestación procesal comienza previamente a la interposición de la denuncia o querella. Así, la normativa impone al Letrado que asesore a la víctima a informarla de que, según el artículo 2.g) de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, tiene la consideración de sujeto pasivo de este derecho, ofreciéndole así la posibilidad de que lo solicite.

A mayor abundamiento, el citado artículo establece que las víctimas de violencia de género tendrán la condición de sujetos pasivos de este beneficio, independientemente de los recursos con los que cuenten para litigar. No obstante, para lograr la concesión de esta asistencia la víctima debe acreditar su propia condición, debiendo presentar a la Comisión de Asistencia Jurídica documentos tales como la denuncia o querella interpuesta, la orden de protección que se dicte desde el Juzgado que esté conociendo del procedimiento o sentencia condenatoria en este sentido.

Este beneficio prestacional se mantendrá durante la duración de todo el procedimiento, incluida la ejecución y los recursos contra las sentencias que pudieran recaer. Sin embargo, se podrá perder en el momento en que se archivara la causa penal o se dictara sentencia absolutoria a menos que cumpla los criterios económicos recogidos en el artículo 3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para su concesión a personas físicas.

 

Especialidades de este procedimiento: la unidad letrada y la creación de turno de oficio específico.

Una vez que acredite su condición de víctima, ésta gozará de todos los beneficios contemplados en el artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (ej: asesoramiento y orientación previa al proceso, defensa y representación gratuitas por abogado y procurador, inserción gratuita de edictos o anuncios…). No obstante, lo más relevante de este beneficio prestacional es que el artículo 2.g) reconoce que este tipo de víctimas se beneficiarán de una única dirección letrada para todos los procedimientos con causa directa o indirecta de la violencia en cuestión.

Por lo tanto, el reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita se realiza una única vez para la víctima, abarcando cualquier controversia, no sólo de índole penal, sino también civil, administrativo o social que pudiera surgir con origen de una situación de violencia de género. El hecho de articular una unidad de defensa no es fruto de la improvisación, sino que se motiva en la medida en que se trata de una experiencia dolorosa y traumática, y a través de esta medida se evita que la víctima tenga que explicarlo en más de una ocasión a distintos letrados. No debemos olvidar que, según el artículo 4 del Código Deontológico de la Abogacía Española, la profesión de abogado se trata de una labor en la que es fundamental la confianza entre el abogado y el cliente. En su virtud, será más fácil para la víctima establecer y fortalecer ese vínculo con un único abogado, evitando su extensión a distintos profesionales según el procedimiento que se trate.

Adicionalmente, el propio artículo 20 de la Ley de Violencia de Género establece, en su apartado tercero, la posibilidad de que los Colegios de Abogados puedan establecer un Turno de Oficio especializado en esta materia, exigiendo una “formación específica para asegurar una formación eficaz”. Esto se ha traducido en un cumplimiento reforzado de los requisitos normales para adscribirse al turno de oficio: de esta manera, además de los tres años de ejercicio previos para apuntarte a este servicio, se deberá superar cursos específicos en materia de Violencia de Género. Asimismo, colegios de a abogados como el ICAM exigen que el letrado adscrito a este Turno de Oficio tenga experiencia previa en el ejercicio ante la jurisdicción penal y de familia.

Y, por último, en el apartado cuarto del artículo 20 se insta a la designación “urgente” del Letrado para este tipo de circunstancias. No obstante, a diferencia de otros actos procesales, como la detención del investigado, no se establece una acotación de tiempo en el que el Letrado debe presentarse ante su defendido.


Enrique - diario jurdicoAutor: Enrique López Sierra

Doble graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha cursado el Máster de Acceso a la Abogacía en ICADE. Actualmente, trabaja como Abogado Trainee en el Departamento de Penal Económico en GC Legal.

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