Noemí PelegrínPor Noemí Pelegrín, abogada en Advisoria

Por todos es conocido la multitud de gente afectada a nivel nacional, y en especial en la localidad de Mataró (Barcelona), por las denominadas participaciones preferentes y deuda subordinada, productos de ahorro e inversión de naturaleza compleja.

En un momento como el actual en el que nos hallamos inmersos en una crisis económica y social de dimensiones descomunales, el hecho de no poder recuperar los ahorros de toda una vida, supone un agravamiento sin duda injusto de la economía familiar. Sólo en la ciudad de Mataró, aproximadamente uno de cada ocho habitantes se encuentra afectado por esta cuestión, una cifra que refleja ya de por sí, la magnitud del problema.

En los casos analizados por Advisoria, se repiten las mismas circunstancias: clientes a los que se les aseguró que el capital invertido estaba asegurado y que, en caso de necesidad, podrían recuperar fácilmente su dinero, omisión de información de las características técnico jurídicas de seguridad y liquidez de los productos que subscribieron y creencia de que lo que estaban contratando eran depósitos a plazo fijo. A ello debe sumarse el hecho de que, en la mayoría de los casos, nos hallamos frente a personas que siempre habían confiado en la palabra del personal o incluso del director de las correspondientes sucursales de las entidades de crédito, con los que generalmente existía una relación de confianza desde hacía muchos años por tratarse de clientes ahorradores de toda la vida.

Desde la oportunidad que nos brinda la experiencia de los casos llevados a cabo en Advisoria, debemos aconsejar a toda persona afectada por uno de estos productos financieros que se asesore jurídicamente para valorar las circunstancias que concurran en el caso concreto e intentar hallar una solución a la problemática existente. Seguramente dicha solución pasará por acudir a la vía judicial y reclamar la nulidad del contrato por vicio en el consentimiento, esto es, por haber prestado un consentimiento viciado, ya sea por error en la substancia del objeto del contrato, por omisión de las características del producto, o por una actuación negligente del deber de información prestado por la entidad de crédito en cuestión.

Para que dicho error sea invalidante del contrato, la doctrina jurisprudencial dispone que es preciso que concurran las tres premisas siguientes:

1)Que recaiga sobre la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su celebración.

2)Que no sea imputable a quién lo padece.

3)Que sea excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser evitado por el que lo padeció empleando una diligencia media o regular.

Es por ello que resulta esencial valorar las circunstancias de toda índole que concurren en cada caso concreto, tanto en la fase precontractual como con posterioridad, incluyendo las circunstancias personales, ya sea del que ha padecido el error, como las del otro contratante.

Debe recordarse además, que al cliente afectado por estos productos le ampara la normativa protectora de los consumidores y usuarios, recogida en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, texto que comprende tanto sus derechos básicos, como la información necesaria que ha de existir previamente a la celebración de un contrato y los requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente.

En palabras de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las participaciones preferentes se han contratado en España con clientes equivocados, gracias a la confianza que los pequeños ahorradores tenían en las entidades que las ofertaban y en la red de personas de las oficinas de éstas que las comercializaban, con largos años de relación con los mismos y amparados en la confianza y garantía que tanto la entidad como los empleados de la misma les suponía, al tiempo que no se les informó adecuada y suficientemente, de que a través de las mismas perdían su condición de ahorradores y se convertían en inversionistas de una entidad de crédito. Es por ello que debe tenerse en cuenta su especial vulnerabilidad y denunciar por todos los medios dichas prácticas fraudulentas llevadas a cabo en nuestro país por parte de las entidades financieras.

Resulta doloroso atender a las numerosas familias afectadas por dicha práctica, digamos irregular, ver como no pueden disponer de sus mermados recursos en tiempos de crisis, como al margen de lo que puedan dictaminar los Tribunales, se sienten engañados, estafados, muchos de ellos desde la sencillez de sus vidas, conjuntos de personas especialmente vulnerables, muchos ancianos, algunos menores, la mayoría personas de modesta clase trabajadora. No es sólo una cuestión profesional más, es que en estos casos a este país le ha faltado además de visión, decencia, y los mecanismos existentes son complicados y farragosos, cuando todo el mundo desde la lógica más simple comprende lo sucedido y puede señalar a los culpables. No obstante, aunque lento todo puede llegar. Se vienen dando los primeros pronunciamientos de Tribunales de Instancia que recogen este parecer popular que, obviamente ha sabido encontrar mecanismos jurídicos de fondo que amparan el Derecho y la Razón. Esperemos que entre todos seamos capaces de encontrar no sólo respuestas sino soluciones a una situación excepcional que ha supuesto un antes y un después en nuestra idea del papel de las entidades de crédito en la sociedad que queremos vivir.

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