La Junta de Jueces de primera instancia de Bilbao ha determinado suspender todos los desahucios de viviendas, excepto los que están en proceso de subasta o de embargo de bienes, mientras no se apruebe la reforma de la ley hipotecaria que se está tramitando en el Congreso.
La decisión, que se aplicará de forma inmediata, tuvo lugar este martes para dar respuesta a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que estableció, el pasado mes de marzo, que la legislación española sobre desahucios no se adecua a la normativa europea.
El juez decano de Bilbao, Alfonso González, explicó a EFE que la decisión tomada por los jueces de la capital vizcaína puede disgustar a las entidades financieras, pero se ajusta a la postura que fijó el Tribunal de Luxemburgo poniendo en duda la legalidad de la ley española sobre desahucios. «Si Luxemburgo nos dice que actuemos de oficio, que revisemos contratos para ver si hay cláusulas abusivas, que protejamos a los ciudadanos… pues no tiene sentido seguir ordenando ejecuciones hipotecarias hasta que no se promulgue la nueva ley», explicó.
González Guija afirmó que la decisión tomada por los jueces de la capital vizcaína se ajusta a la postura que fijó el TJUE poniendo en duda la legalidad de la ley española sobre desahucios. «No se trata -dijo- de que los jueces legislen, sino de ajustarse a lo que dicta el Tribunal de la UE a la espera de qué norma apruebe el Congreso».
Por otro lado, el juez decano de Bilbao dijo que para aquellas ejecuciones hipotecarias que estén en trámite de subasta o que se haya notificado el embargo de bienes, será cada juez el que decida si la ejecución sigue adelante.
Otras ciudades
Jueces de otras provincias españolas también se han reunido recientemente para acordar criterios comunes y evitar así resoluciones contradictorias. Sin embargo, esta es la primera vez que una junta de jueces decide paralizar la práctica totalidad de los desahucios a la espera de que se apruebe la nueva ley hipotecaria, dando lugar a situaciones distintas en función de la ciudad donde se esté tramitando la ejecución.
En el caso de Barcelona, los jueces de primera instancia decidieron, entre otras medidas, hacer saber a las partes la posibilidad de alegar como causa de oposición la existencia de cláusulas abusivas. En el caso de que haya precluido el trámite, los jueces acordaron dar al ejecutado un plazo de 10 días para que si entiende que existen cláusulas abusivas pueda ponerlo de manifiesto al Juzgado a través de un escrito de oposición, y, que si resulta procedente se pueda tramitar como un incidente.
