Desde el Senado demandan que la Secretaría de Educación Pública ayude a agilizar denuncias de violencia intrafamiliar.

Maestras y maestros que detectan agresiones físicas en menores no siempre llevan los casos ante las autoridades, por los trámites largos que enfrentarían.

La Secretaría de Educación Pública tiene como propósito esencial garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden.

Integrantes del Grupo Parlamentario del PT en el Senado de la República expresaron su rechazo a la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes, y de que persistan los métodos violentos para educarlos como gritos, golpes y humillaciones.

Por ello, presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública, y a sus homólogas de los estados, que refuercen o implementen mecanismos para agilizar las denuncias por violencia intrafamiliar que infantes y adolescentes hagan en los centros educativos del país.

Para fortalecer el combate a la violencia contra niñas, niños y adolescentes y evitar lamentables consecuencias, plantearon solicitar a las fiscalías General de la República y de las entidades que den celeridad a las carpetas de investigación de los casos de violencia intrafamiliar que sufran estos sectores de la población.

El documento fue suscrito por las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Martha Cecilia Márquez Alvarado y el senador Joel Padilla Peña.

Destacaron que seis de cada 10 menores, de uno a 14 años, han experimentado algún tipo de estas formas de “disciplina” o de maltrato en el hogar y que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que entre 2015 y 2022 casi 86 mil niñas, niños y adolescentes sufrieron lesiones por arma blanca, de fuego u otro objeto.

Ante la problemática doméstica, senadores coincidieron en que, en muchos casos, los menores y adolescentes víctimas llegan a considerar sus escuelas como espacios seguros, por tener la oportunidad de escapar durante unas horas de sus agresores.

No obstante, subrayaron que, aunque las agresiones físicas llegan a ser evidentes para los educadores -que también pueden ser de confianza para las víctimas-, éstos prefieren no decir nada, ya que la denuncia es un trámite largo a la que deben dar seguimiento, y en varios casos no hay acciones, por parte de las autoridades, para proteger a los infantes y adolescentes.

“Es lamentable que, por la burocracia institucional, las niñas, niños y adolescentes no puedan vivir una vida libre de violencia. Al contrario, se perpetúa dicho delito, normalizando y haciendo vivir un infierno a las infancias y adolescencias”, enfatizaron Bañuelos de la Torre, Pinedo Alonso, Márquez Alvarado y Padilla Peña.

Los legisladores del PT expusieron que maestras han relatado a medios de comunicación que las mismas autoridades escolares desalientan el reporte de casos y no llevan a la justicia las denuncias de violencia de menores de edad y adolescentes para “no perder tiempo”, pues saben que se enfrentarán a trámites complicados.

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