La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, asentó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, es un asunto de máxima importancia.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece criterios para generar legislaciones locales que permitirán reducir los accidentes de tránsito y mejorar la vida de las personas que a diario transitan por las calles de las ciudades.
Sánchez Cordero rememoró la aprobación por unanimidad del Senado de la República y confió en que la Cámara de Diputados lo analizará con el cuidado y detalle que la materia requiere.
El derecho a la movilidad fue reconocido en la Constitución Política, gracias a la lucha sin descanso de las organizaciones de la sociedad civil, expertos en el tema, de las y los legisladores comprometidos con la causa y, primordialmente, a las familias y amigos de las víctimas de siniestros viales.
La senadora aseveró que, en lo individual, el nuevo ordenamiento impactará positivamente la vida de las personas con discapacidad, que enfrentan tremendas barreras a su propia libertad.
Así como a las personas que diariamente se desplazan durante horas para poder trabajar; y para quienes el traslado es un alto factor de riesgo.
En la dimensión colectiva permitirá replantear una convivencia armónica de diversas formas de movilidad. Significará pensar en ciudades para sus habitantes y no al revés.
Asimismo, “establece criterios, principios y lineamientos para generar e implementar legislaciones locales que permitan salvar vidas”.
La propuesta garantizará el derecho a la movilidad segura, equitativa, incluyente y accesible, bajo un enfoque sistémico y seguro. También define mecanismos de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, destacó que la aprobación del ordenamiento coloca un piso de política pública en una materia vital no regulada.
Prioriza la protección de la vida, la salud y la integridad, y aborda factores de riesgo en un concepto de responsabilidad compartida de quienes hacen uso de la vía.
No obstante, Álvarez Icaza acotó que hay tres asuntos pendientes: la prohibición de camiones de doble remolque, el tema de los seguros obligatorios de responsabilidad civil, así como garantizar recursos públicos que generen la correcta implementación de la Ley.
El titular de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Javier Garduño, indicó que poner a las mujeres al centro del ordenamiento; establecer políticas públicas basadas en evidencia; y que la ciudadanía pueda participar en la articulación de las políticas locales, son los elementos transformadores de la nueva Ley.
“Desde la SEDATU estamos emocionados por el consenso con el que se aprobó el ordenamiento, pues es una responsabilidad mayúscula; esperamos que esta Ley finalmente genere los cambios en las calles y en las ciudades, para no dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás”.
Fuente: Prensa Senado de la República de México
