Según investigación del IBD, nuevas disposiciones para combatir la defraudación fiscal podrían violar derechos humanos.

Boletín oficial del Senado expuso la problemática revelada por el IBD respecto de las reformas aprobadas por el Senado de la República al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, al Código Fiscal de la Federación y al Código Penal.

Señala una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) que, como consecuencia a las disposiciones de las legislaciones fiscal y penal, durante el procedimiento penal puede darse una probable violación a los derechos humanos.

Combatir de ese modo la defraudación fiscal tiene implica catalogar a los delitos de defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada y por la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados como conductas de la delincuencia organizada y como amenazas a la seguridad nacional.

Las investigadoras María Cristina Sánchez Ramírez y Lorena Vázquez Correa, por medio del documento titulado “Defraudación fiscal y facturas falsas. Apuntes de la discusión legislativa” explican que uno de los retos de las reformas, modificaciones y adiciones a los ordenamientos legales aprobados por el Senado de la República el 10 de septiembre de 2019 en materia de defraudación fiscal consiste en construir nuevas medidas legislativas que atiendan las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al uso de la prisión preventiva, así como establecer la temporalidad de la misma, a fin de generar certeza jurídica a las personas investigadas con pleno respeto a los derechos humanos.

Las investigadoras entienden que es importante estudiar la posibilidad de implementar medidas alternativas a la aplicación de la prisión preventiva, como pueden ser el arresto domiciliario o mecanismos electrónicos de seguimiento, además de establecer la obligación de realizar una audiencia previa a la imposición de ésta por parte de las autoridades judiciales ante la solicitud del Ministerio Público.

Lo que se quiere evitar es la imposición de una sanción anticipada sin pruebas fehacientes que demuestren la existencia de actos ilícitos que se configuren en los tipos descritos para los delitos de defraudación fiscal, de defraudación fiscal equiparada y el uso de comprobantes fiscales falsos en las legislaciones fiscal y penal que, además, tendrían como agravantes ser considerados como delito de delincuencia organizada y amenazas para la seguridad nacional.

Por lo demás, debe señalarse con claridad y certeza jurídica los elementos que conforman el delito de delincuencia organizada, ya que, de acuerdo con los criterios de los tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación, para que se actualice esa conducta, debe comprobarse la intención de participar y organizarse de forma voluntaria permanente o reiterada y tener conocimiento de que los fines de la asociación eran para delinquir, apunta el estudio.

La investigación del IBD puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4631

Fuente: Senado de la República de México