La Cámara de Diputados anunció la conclusión del foro “Por el debido financiamiento a la igualdad y no violencia contra las mujeres en México”

Durante el foro “Por el debido financiamiento a la igualdad y no violencia contra las mujeres en México”, especialistas aportaron datos y experiencias respecto de este tema que servirán de apoyo al trabajo parlamentario.

En el segundo día del foro, inaugurado por la coordinadora del Grupo de Trabajo Presupuesto con Perspectiva de Género de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputada Mirza Flores Gómez (MC), los ponentes externaron que la reducción de los presupuestos tiene impacto directo en el derecho a la vida, a la salud, la educación y a una vida libre de violencia para las mujeres y niñas.

En su participación, Arely Varela Baltier, representante de la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mencionó que los presupuestos con perspectiva de género son un factor clave para la efectiva implementación de toda política pública orientada a la prevención, sanción y erradicación del maltrato a las mujeres.

A través de un video, Reem Alsalem, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, afirmó que la mejor manera de protegerlas es emprender leyes y asignar presupuestos suficientes. 

Manifestó que también son importantes las iniciativas de parlamentos de los estados, aumentar el número de mujeres en gobiernos locales, y evaluar el diseño de políticas públicas para prevenir la violencia contra la mujer.

Añadió que si bien el Estado mexicano ha cumplido con las observaciones emitidas por este organismo incorporándolas en su marco normativo, es necesario que estas medidas estén respaldadas con recursos públicos suficientes, adecuados y disponibles de manera sostenida para garantizar sus fines.

Andrea Larios Campos, investigadora del área de Justicia Fiscal en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, subrayó que la ineficacia de las políticas públicas se explica por la falta de recursos, lo que obstaculiza la debida operación; sin dinero suficiente no existe garantía de derechos.

Planteó que la política fiscal, en su vertiente de ingreso como de gasto, se construya con perspectiva de derechos humanos y de género.

Nancy Carmona, de Equis Justicia para las Mujeres, mencionó que los Centros de Justicia son espacios que brindan servicios de atención a las mujeres violentadas, también a sus hijas e hijos menores de 18 años. Se les aporta respaldo médico, psicológico, legal y se les otorga albergue temporal.

Finalmente destacó que hay 60 Centros de Justicia en 30 entidades federativas. “Sigue siendo importante el presupuesto para las cuestiones de violencia contra las mujeres. Nuestra organización hace votos porque siga su procedimiento legislativo el proyecto que reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de Centros de Justicia”. 

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